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domingo, 26 de enero de 2014

Autoridades potosinas, una visión desde fuera

Por Por José Victoriano Martínez Guzmán

San Luis Potosí no es un estado protagónico en el ámbito noticioso nacional, ni para bien ¿ni para mal?
Sí, incluso hay quienes se quejan de que, al momento en que la televisión da a conocer sus pronósticos del clima, San Luis Potosí no es mencionado y tienen que poner atención al mapa con que ilustran la información para verificar las temperaturas previstas como más altas y más bajas para el estado.
No obstante, en las últimas semanas, por lo menos en cuatro asuntos, San Luis Potosí ha ocupado un espacio en el espectro informativo de los medios de otros estados y la capital, con un contraste lamentable entre la actitud de las autoridades locales y las de otras partes del país.
El fin de año y el principio de este, fueron para las autoridades potosinas de una exhibición transparente de la opacidad con que operan. El gobierno potosino destacó al conseguir por segundo año consecutivo el último lugar en el Ranking Estatal 2013 de Portales .gob, al caer su cumplimiento de 24.6 a 11.92 por ciento.
Como para ratificar esa vocación opaca, el año empezó con la misma posición –la última– para la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública dentro del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información. Si mal en el vigilado, peor en el vigilante.
Estanislao Beltrán, líder y vocero de autodefensas en Michoacán, advirtió de la posibilidad de que líderes templarios huyeran a ranchos de su propiedad en tierras potosinas. Se conoció de reuniones de gobernadores de otras entidades con Gobernación para prevenirse del efecto cucaracha, pero nada sobre alguna gestión del gobierno local.
La Barra Mexicana de Abogados y la fundación Renace promueven el indulto para Esperanza Reyes Aguillón, quien se encuentra presa por haber intentado pagar un cuaderno para su hija con un billete de 100 pesos producto de una mala defensa que en su momento encabezó Miguel Martínez Castro, actual Subsecretario de Enlace Interinstitucional del gobierno estatal.
La búsqueda de justicia para Esperanza se ha topado con actitudes erráticas del Ejecutivo, desde donde se intentó desacreditar la petición a la presidencia de México, y del Legislativo, desde donde se pone en duda la injusta desproporción entre la sanción y la presunta falta.
Una vez más, salta el contraste entre la actitud de las autoridades locales y, en este caso, especialmente el Congreso de la Unión que, a través de un punto de acuerdo, no sólo se sumó a la petición de indulto para Esperanza, sino que se pronunció por que se atiendan los derechos humanos de los dos hijos menores de edad de la inculpada.
Desde hace ya varias semanas, a través de redes sociales, ha fluido basta información sobre el problema que representan innumerables casos de influenza, de los que finalmente se han confirmado, por la Secretaría de Salud 363 casos y 14 muertes.
Las autoridades locales se limitaron a recomendaciones preventivas mediante anuncios en televisión y radio, a retrasar una hora la entrada a las escuelas, y a ignorar llamados, incluso de médicos que identificaron la presencia de casos atípicos de neumonía, a realizar reuniones urgentes para definir estrategias para enfrentar el brote.

Ayer, desde la Federación, la Secretaría de Salud dio a conocer su estrategia para enfrentar la influenza, con un plan de comunicación que contempla información diaria sobre el seguimiento a la presencia del virus, un micrositio Web y el nombramiento de Pablo Kuri, sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud, como vocero para el tema.

domingo, 19 de enero de 2014

Mayorga, el cinismo de querer repetir

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Si una característica debe distinguir a quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) es que debe tratarse de una persona confiable, que privilegie el interés público de saber cómo se aplicó el erario y, sobre todo, las medidas impuestas para evitar que se mal utilicen los fondos aportados por todos, vía impuestos.
Si algo ha caracterizado a Héctor Mayorga Delgado al frente de ese organismo es su vocación por ocultar información, al grado de hacerse necesaria la intervención del Poder Judicial Federal para obtener, por ejemplo, las observaciones hechas a la Cuenta Pública estatal de 2009.
Durante casi siete años, Mayorga Delgado ha acumulado un largo historial de manipulación de cuentas públicas que le han hecho ganar, entre los personajes fiscalizados, la fama de un encubridor al que pueden acudir para evadir responsabilidades derivadas de un mal ejercicio de la administración pública.
Confiable para los inconfiables que abusan en su provecho personal de los recursos públicos, el actual auditor tiene en sus servicios de encubrimiento la mejor carta para repetir en el cargo.
Por ello, resulta burdo y cínico que, en pleno inicio del proceso de selección del auditor que ocupará el cargo por los próximos siete años, Mayorga Delgado utilice la estructura de la ASE para promover su reelección con un comunicado plagado de datos que no coinciden con los que aparecen en su sitio Web, u otros proporcionados de manera oficial.
Cual si ahora le urgiera generar una opinión pública favorable. Mayorga Delgado afirma que ha aplicado multas por más de 70 millones de pesos y que gran parte de este recurso fue reintegrado a los municipios o a quienes resultaron afectados por una mala administración.
No obstante, los reportes de multas publicados por la ASE entre el mes de enero de 2010 y diciembre de 2013 suman apenas 5 millones 296 mil 190.19 pesos, de los cuales un millón 272 mil 313.45 pesos corresponden a multas aplicadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
En 2008, la ASE cobró por multas 141 mil 878 pesos que, sumadas a las de 2010-2013, sin contar el 2009 y las multas de la CEGAIP, arrojan que Mayorga cobró 4 millones 165 mil 754.74 pesos. Una cifra lejana de los 70 millones que afirma el comunicado, a menos que en 2009, cuyos datos ilocalizables dan cuenta de la opacidad del auditor, haya cobrado más de 65 millones.
Con la afirmación de que “gran parte de esos recursos fueron reintegrados”, Mayorga reitera su vocación de opacidad y de manipulación de la información a su favor, cual si las entidades públicas hubiesen recuperado millones por la acción de la ASE.
El 20 de junio de 2013, la ASE atendió un requerimiento de información sobre los montos de los resarcimientos logrados desde su creación hasta esa fecha. Oficialmente, en seis años y medio la ASE sólo reportó el reembolso de 38 mil 196 pesos a cinco municipios (Venado, Huehuetlán, San Nicolás Tolentino, Coxcatlán y Armadillo de los Infante).
Si el pez por su boca muere, el auditor por sus números exhibe su confiabilidad. Incluso si fuera cierta la cantidad recuperada en multas que afirma el comunicado, la ASE exhibiría una mediocridad en su labor, ya que entre 2008 y 2013 Mayorga gastó 623 millones 555 mil 38.15 pesos, según las leyes del presupuesto de egresos de ese periodo y recursos federales que recibió.
Conforme a las cifras infladas de la ASE en su comunicado, los potosinos pagan nueve pesos para recuperar uno. Con cifras oficiales recabadas en fuentes de la misma dependencia, el costo de la Auditoría para recuperar un pesos se eleva a… 149.68 pesos.

Si Mayorga Delgado cree poder falsear sus números para poder proyectar una imagen que le haga merecedor de repetir en el cargo, se equivoca. Su carta fuerte es lo necesario que les resulte a quienes fiscaliza e influyen en su nombramiento, porque la confianza pública, para la que debió trabajar desde un principio, hace mucho que la perdió.

martes, 14 de enero de 2014

La infalible CEGAIP: sin voluntad ni responsabilidad

Por   Por José Victoriano Martínez Guzmán

La ignorancia en el tema de transparencia ha caracterizado a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, como resultado de una integración del organismo desde el Congreso con la mira puesta en proteger los intereses de quien está en el poder, antes que hacer viable el derecho de acceso a la información Pública (DAIP).
Nueve personas han pasado por la CEGAIP, incluidas las tres que hoy la integran. Cuatro han ocupado la presidencia y, unos más que otros, mostraron ánimo de compensar la ignorancia en el tema con voluntad para encontrar mecanismos que mejoraran el ejercicio del DAIP. Venció el perfil menos voluntarioso y más ignorante.
Cuando Alfonso Serment Gómez asumió la presidencia de la CEGAIP, llegó en el momento en que su antecesora, María de la Luz Islas, estaba por implantar un sistema para que las sesiones del pleno de la Comisión fueran transmitidas en vivo, vía internet, o cuando menos quedara constancia en video de lo ocurrido en ellas.
Serment Gómez canceló ese proyecto, así como la difusión de las resoluciones de la CEGAIP, y cuestiones similares, en clara ruta a lo que hoy resulta obvio, aunque no los acepten: Ser el peor organismo garante, en una posición ganada a pulso: el penúltimo lugar está 19.1 puntos arriba de los 20.1 que alcanzó.
Cuando la voluntad es hacer de la transparencia apariencia, la ignorancia cobra su cuota. Con una indignación propia de la que deberían despertarle los inverosímiles pretextos de los entes obligados para negar información, la Comisión envió una réplica de 26 cuartillas a los organismos que desarrollaron el estudio.
En su indignación, pasaron por alto que Artículo 19 y México Infórmate expusieron, como una de las razones por las que obtuvo la más baja calificación en acceso a la información, “introducir de manera recurrente prácticas que se consideran negativas al dar trámite a una solicitud de información”.
Entre esas prácticas se encuentra pedir aclaración a la petición, pedir al solicitante acudir a las oficinas cuando la información se puede enviar vía electrónica, responder fuera de plazo y pedir acreditación de quien solicitó información a nombre de la organización.
Este último punto es uno de tantos en los que, en su réplica, la CEGAIP exhibe su poca sensibilidad para el tema de transparencia. “Nos interesa que conozcan las razones por las cuales se pidió acreditar la personalidad del representante de Artículo 19”, dicen.
Y enseguida ponen por encima del artículo 6º Constitucional, el 17 de la Constitución local y los artículo 7, 10 y 14 de la Ley de Transparencia potosina, el artículo 4º de esta misma ley, que da carácter supletorio al Código de Procedimientos Civiles “en lo no previsto”.
Es decir, la CEGAIP ratifica por escrito su poca voluntad para atender el principio de máxima publicidad en aras de su vocación por la opacidad, y somete el DAIP a un código procedimental.
Hasta mentecata se llega a ver la CEGAIP al reprochar que sí ha publicado su presupuesto anual como aclaración al hecho de que en él no se contemplan partidas para promoción del DAIP ni programas de investigación y difusión del derecho.
Eso sí, la postura en la réplica y en el comunicado de prensa es de que se trata de una comisión infalible que, si es mal calificada, es por la falta de presupuesto y por errores de otros. Por cierto, en cuanto a éstos, otra vez la CEGAIP ha tomado al IPICYT para lavarse las manos por las fallas en su sitio Web, igual que cuando falló Infomex en 2011.
En cuanto a la falta de presupuesto, nomás basta recordar que la publicidad de las sesiones, que fue uno de los puntos reprobados, ya estaba concretada, pero la falta de voluntad de Serment Gómez al asumir el cargo la eliminó.

O sea que “falta de presupuesto” es un eufemismo de “falta de voluntad”, en tanto que los “errores de otros” no pueden ser otra cosa que “falta de responsabilidad”. Resultado: el peor organismo garante de la transparencia.

domingo, 5 de enero de 2014

Para transformar a San Luis, con la intención basta

Por José Victoriano Martínez Guzmán



“Guiados por el propósito claro de hacer de San Luis una ciudad altamente competitiva, como lo exige la globalización de la economía y lo demandan los inversionistas, firmamos Convenio de Colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
Así repitió, durante su primer informe, el alcalde Mario García Valdez la afirmación que en un comunicado de prensa habían hecho pública una semana antes de la sesión solemne del Cabildo capitalino.
El alcalde añadió que con la firma de ese convenio “nuestro municipio se convierte en el segundo del País que el Organismo Internacional selecciona para asesorar y financiar la implementación de la Guía de Mejora Regulatoria”.
No obstante, no hubo firma de convenio y es muy probable que San Luis Potosí no haya sido el segundo municipio que acordara una asesoría de la OCDE, pues durante 2013 se firmaron convenios con prácticamente todos los estados, en algunos casos para asesorar a la totalidad de los municipios de las entidades firmantes.
En febrero de 2013, el ayuntamiento de Zapopan inició los trabajos con la OCDE, en tanto que mientras en el Teatro de la Paz García Valdez presumía que había firmado el convenio, en Hermosillo, Sonora, como parte de un acuerdo similar con la OCDE, instructores de la organización ofrecían un taller sobre mejora regulatoria a 34 funcionarios municipales.
Apenas unos días después del acto de presunción del alcalde local, en el Estado de México se ofreció un reporte de los avances del convenio entre la OCDE y las autoridades locales que incluyó la siguiente afirmación: “Hoy en día, el Estado de México es la única entidad federativa en el país y el Mundo que ha elevado a rango constitucional la Mejora Regulatoria”.
Aun si la firma del convenio hubiese sido un hecho cierto, San Luis Potosí apenas se encontraría en el arranque del proceso de mejora regulatoria de la mano de la OCDE, lo que de ningún modo lo colocaría como el segundo ayuntamiento en trabajar el tema, como puede constatarse en las acciones reportadas en otros estados.
Incluso, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) elaboró un Ranking Estatal en Mejora Regulatoria, en el que San Luis Potosí aparece en el lugar 16.
El caso es que lo que presumió García Valdez como firma de convenio con la OCDE era apenas una carta de intención, según consta en el oficio UIP 1331/13, en el que se aclara que el convenio aún no se ha firmado.
“Se firmó una carta de intención de Mejora Regulatoria como acto protocolario, razón por la cual el convenio para firma entre este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí-Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); se encuentra en revisión final en Paris, Francia”, señala el documento.
En consecuencia, el documento presumido como convenio es apenas un instrumento previo, aunque el ayuntamiento lo presente como hecho consumado en diversos comunicados, uno el 9 de diciembre y otro el 24, pero sin hacer público el documento definitivo conforme a la fracción XIV del artículo 19 de la Ley de Transparencia.
En el comunicado del 24 de diciembre, con el encabezado “Firme asesoría de la OCDE para la capital potosina”, cual si se diera a conocer la confirmación del convenio, se insiste en la presunción de ser el segundo municipio del país en trabajar de la mano con ese organismo internacional y aún más.
“Es el único ayuntamiento en el país con dos proyectos aprobados para la mejora regulatoria, que implica además de la consultoría con ese organismo internacional, la puesta en marcha de la Ventanilla Única en la administración capitalina”, se señala que declara Rodrigo Martí Ascencio, director General de Desarrollo Económico Municipal.
Si lo que presumen públicamente como hechos, en documentos es apenas una carta de intención, comienza a revelarse que lo bienintencionado de Mario García Valdez para transformar en grande a San Luis trae en letras chiquitas una advertencia: con la intención basta.