El Congreso y su aguja en el pajar

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Los Datos Abiertos son información pública del gobierno, que es puesta a disposición de toda la población de manera accesible, en formatos técnicos y legales que permiten su uso, reutilización y redistribución para cualquier fin legal que se desee”.

De esa manera resume la plataforma datos.gob.mx el objetivo principal del programa de Datos Abiertos del Gobierno de la República, con el ofrecimiento de la incorporación gradual de “todos los Datos Abiertos del Gobierno de la República”.

La iniciativa no puede desligarse del derecho de acceso a la información pública que todas las autoridades y aquellos que administran recursos públicos están obligados a respetar y, lo más importante, arroja verdadera claridad sobre los requisitos que los entes obligados deben atender a la hora de responder solicitudes de información o la difusión de información pública.

No es lo mismo mostrar una carpeta llena de documentos para decir que se actúa con transparencia, a permitir el escrutinio del contenido de la misma. No es lo mismo poner a disposición de la población extensos archivos PDF llenos de datos revueltos, a permitirle acceder a las hojas de cálculo que contienen la misma información, pero cuentan con filtros que permiten darle uso a los datos.

De acuerdo con el programa de datos abiertos, la información, para que sea verdaderamente transparente, debe cumplir con las características de ser fácil de acceder en línea y en un solo sitio; disponibles de manera gratuita, en formatos libres y legibles por máquinas; de primera mano y oportunos, y con licencias claras que permitan cualquier uso legal por parte de cualquier persona.

Infomex es una plataforma Web que permite el acceso a la información pública cuya principal característica es que atiende al interés de la población, pues ésta es la que pregunta y las entidades públicas están obligadas por ley a responder. Lo menos que podría esperarse en las respuestas es que, al captar la inquietud de la sociedad, los funcionarios se preocuparan por poner a su disposición datos abiertos.

La experiencia indica que la actitud de los servidores públicos camina en sentido contrario: buscan encontrar la manera de dificultar la consulta de la información a pesar de que resulta obvia la posesión del dato para entregarlo directamente.

Los ejemplos van desde la ridícula respuesta que se dio a un solicitante que preguntó el nombre del titular de una dependencia y le respondieron con un oficio en PDF en el que lo remitieron a que lo consultara en el sitio web de la secretaría, en lugar de responderle con las tres palabras del nombre del funcionario.

Esta semana, el Congreso del Estado dio una exhibición de su afán de exponer lo accesible que es para ellos la información pública y la intención de dificultarle a quien la solicita el poder consultarla. Al requerimiento de los fondos públicos entregados a los diputados para sus informes de actividades, el Legislativo otorgó la siguiente respuesta:

“Para informes legislativos, se encuentra el denominado “apoyo de difusión y vinculación ciudadana” utilizado para dar a conocer informes de labores o de gestión de los diputados, apoyo que puede ser consultado en el artículo 19, fracción IX en el rubro de “cheques” expedidos en los años 2013 y 2014 correspondientes a la presente Legislatura, de acuerdo al número de cheques que se enlistan a continuación”.

Y enseguida enlista los números de folio de 103 cheques del 2013 y 108 del 2014, para que el solicitante ingrese a la página del Congreso del Estado a consultar 24 archivos PDF en los que se enlistan 10 mil 928 cheques. Veinticuatro documentos que representan varios cientos de páginas que el solicitante tiene que revisar para localizar los folios que le indicaron.

Al acto equivale a que el solicitante le pidiera al Congreso prestada una aguja. La disposición del Congreso para atender a la petición sería tal como mostrar la aguja al peticionario, lanzarla a un pajar, revolverlo y decirle “en este pajar la encuentras, puedes usarla”.

Nada más alejado de la tendencia a favor de los datos abiertos, que son considerados como “una herramienta que nos puede ayudar a cambiar radicalmente la relación entre sociedad y gobierno”, según la presentación del programa de datos abiertos.

La realidad, no obstante, no deja de apuntar a que quienes se dicen servidores públicos siguen muy a gusto con sus posturas de opacidad, en tanto simulan la transparencia para poder proyectar una imagen que no están dispuestos a asumir. “Cuestión de madera”, dirían los del desaparecido grupo Bacilos.

CEGAIP, ¿garante de opacidad?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Debido a que no me apareció en la opción de a quien le quieres preguntar, como ente obligado al: Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas)…”

Con esa frase introductoria, el pasado martes una persona ingresó una solicitud de información a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), consciente de que no era el ente que podría darle la respuesta, pero reveladora de una de tantas omisiones en las que, desde hace cinco años, el organismo garante ha incurrido.

“Las entidades públicas obligadas deberán contar con sistemas electrónicos, para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información, y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de su entrada en vigor”, señala el artículo Décimo transitorio de la Ley de Transparencia.

Es decir, el Interapas debió incorporarse a Infomex –o generar su propio sistema– desde antes del 18 de abril de 2010. Pero no sólo el Interapas, también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, los partidos políticos y las asociaciones políticas.

“Tratándose de municipios con población inferior a setenta mil habitantes, el plazo para contar con los sistemas electrónicos respectivos, será de cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”, concluye el citado transitorio de la Ley. Un plazo que venció el 18 de abril de 2012 sin que tres años después uno sólo de los 52 municipios que debieron incorporarse lo haya hecho.

De los 148 entes obligados en San Luis Potosí que tendrían que estar en Infomex –o un sistema similar–, sólo a 65 (44 por ciento) es posible dirigirles una solicitud de información a través de Infomex. Es decir, más de la mitad (83, el 56 por ciento) han sido tolerados por la CEGAIP en el incumplimiento de esa obligación.

“Me permito informarle que se le hizo llegar a INTERAPAS un oficio donde se le conmina, así como a todos los entes obligados que no se encuentran adheridos al Sistema INFOMEX, para que realicen los trámites administrativos y legales que correspondan, y estar en posibilidades de firmar el convenio de colaboración para la utilización del Sistema”. Así de simple resulta la justificación de la CEGAIP en su respuesta del pasado miércoles, dos días antes del aniversario del incumplimiento.

Una acción de la que se informa oficialmente en una respuesta a Infomex, cual si hasta ahora se percataran del incumplimiento de la ley. Tan ha ignorado la CEGAIP desde hace cinco años esa violación a la Ley, que en los úlitmos cinco informes de actividades las referencias a Infomex sólo se refieren a un sistema que facilita el acceso y a las estadísticas de las solicitudes atendidas por esa vía por la propia Comisión.

En 2012, cuando por ley todos los entes obligados deberían estar incorporados, la CEGAIP enlista en su informe a 64 entes dentro del Sistema y no hace ningún señalamiento sobre los faltantes. Para entonces ya eran 84 los incumplidos, y la CEGAIP lo pasó por alto –o lo que es peor, ni siquiera se percató del incumplimiento.

Tal omisión de la CEGAIP le niega a la población el acceso a información pública a más de la mitad de los entes obligados. De ese tamaño resulta la negligencia del órgano garante para facilitar el acceso a la información pública, con la agravante de que, ante un caso en el que le hace notar vía una solicitu que no se pudo interponer ante la dependencia indicada, se limita a la fórmula de “le sugiero replantear su solicitud a través de la Unidad de Información Pública de Dicho Organsmo”.

En noviembre pasado la CEGAIP asumió la administración del Sistema Infomex. A partir de entonces, ha exhibido como nunca su desconocimiento del Sistema y sus alcances. Pero, sobre todo, ha desaprovechado sus ventajas para facilitar a la población el acceso a la información pública. ¿O acaso están para garantizar que se dificulte el acceso a la información pública?

Lo que mejor ha revelado la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Lo que mejor ha revelado la transparencia, de parte de quienes ocupan cargos públicos, es su afán por tener el control de toda la información que manejan. Así, la cuestión que se plantean ante la recepción de una solicitud de información no es dilucidar si se les requieren información pública o no, sino de encontrar la forma de negar al solicitante lo que pide.

Un criterio al que se recurre con tal afán, que pareciera por momentos que la regla no es que toda la información es pública y sólo por excepción se clasifica como reservada o confidencial, sino al revés: a toda la información se le tienen que encontrar motivos para que no sea entregada a quien la requiera. Y no se limitan a las dos causas excepcionales contempladas por la ley.

No obstante, las declaraciones de reserva o de confidencialidad suelen ser las que más revelan la actitud opaca de los funcionarios. En lo que va de este año, a través de Infomex se ha negado información en nueve ocasiones con el argumento de que se trata de información reservada, en tanto que en dos más la negativa tiene que ver con la clasificación de confidencialidad.

Es tal su afán por negar información, que llegan a emitir acuerdos de reserva sobre documentos que por ley son públicos y deben difundirse de oficio. Un acto al que no es ajena la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Después, tan celosos resultan de sus acuerdos de reserva, que aunque ellos mismos hayan hecho pública la información que previamente clasificaron, ante una nueva solicitud de información vuelven a hacer valer el acuerdo que, en todo caso, ellos mismos ya violaron.

Se trata de situaciones que se difunden públicamente, pero que resultan en apariencia inexistentes para el órgano de control en la materia, pues a la CEGAIP –hoy flamante administradora del Sistema Infomex, aunque eso no ha representado mejora alguna– parece más ocupada en los conflictos internos entre los comisionados.

El pasado miércoles, la Secretaría Particular del Gobernador hizo valer el acuerdo de reserva que emitió el 24 de mayo de 2013 para negar una petición sobre el “número de elementos de seguridad que custodian a funcionarios de Gobierno del Estado. Erogación para el pago de sueldos de estos elementos de seguridad que custodian a funcionarios. Número de funcionarios que tienen servicio de seguridad personal y cargos que ocupan”.

Cuando menos el número de elementos a cargo de la seguridad del gobernador y su familia, así como los nombres de 32 de esas personas, fueron revelados por la propia dependencia el 25 de junio de 2014 (un año y un mes después de haberla reservado) en el apartado de transparencia del gobierno estatal.

A más de nueve meses de su difusión, el hecho demuestra que el riesgo que sobre la revelación de esos datos se argumentó en el acuerdo de reserva fue infundado, lo que supone una injustificada clasificación como reservada de por lo menos esa parte de la información que hace dos años se clasificó para ocultarse por siete.

Ni en las verificaciones que realiza, ni la difusión que se ha dado al caso en algunos medios, ha provocado la más mínima reacción en la CEGAIP, de quien se podría esperar que aplicara el artículo 39 de la Ley de Transparencia, que le permite desclasificar información antes de que se cumpla el plazo establecido en la reserva.

Si la clasificación fue correcta, la CEGAIP tendría que sancionar que hayan revelado datos reservados. Si fue una clasificación injustificada, la CEGAIP también debe sancionar. Sí, la ley prevé sanciones para los dos casos.

Una posible explicación de la inacción de la Comisión se encuentra en el preocupante dato que arroja el Sistema Infomex: de las 249 respuestas que por esa vía, de 2009 a la fecha, han negado la información con la opción “G. Información Reservada”, 52 (el 20.88 por ciento) fueron emitidas por la CEGAIP. Es decir, una de cada cinco respuestas que consideran reservada la información que les piden, la da quien debe garantizar el acceso a la información.

Una situación por la que ya no debe sorprender la libertad que se dan en la gran mayoría de las dependencias para negar información, por irrelevante que resulte, por cualquier causa, como negarse a dar el RFC del gobierno estatal por considerarlo un dato personal.

Lo que mejor ha revelado la transparencia, pues, es que todavía está muy lejos de que pueda darse en condiciones mínimas aceptables para la sociedad.

Por una transparencia sin simulación

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Sabemos más, pero nuestro saber no es más confiable”

Ikram Antaki. 

Con el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública llegaron mecanismos propuestos por personajes bien intencionados que encontraron fórmulas –con el apoyo de las nuevas tecnologías– para que la mayor parte de la ciudadanía pudiera acceder a la información en posesión de las autoridades.

Las obligaciones de difusión de oficio se tradujeron en páginas de transparencia, en internet, en las que aparentemente se puede consultar la información esencial sobre las funciones de las entidades públicas.

Como complemento a esa opción, se creó el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), que después se convertiría en Infomex, para facilitar el trámite del ejercicio de derecho de acceso a la información pública, y obtener de manera remota, mediante solicitudes, datos y documentos distintos a los que integran el catálogo de información ya disponible en línea.

Idealmente, los causes para conocer qué hace, cómo gasta, y cómo decide qué hacer y en qué gastar el gobierno, están abiertos. Idealmente se trata de una fuente inigualable para el reporteo de información de interés público.

Proyecto Tábano inició este mes un renovado ejercicio de reportar hallazgos de información en las respuestas que dan las dependencias oficiales a través de Infomex. De martes a sábado se publicarán notas basadas en lo que ahí se detecte. Cada lunes, en este espacio se realizarán comentarios en torno a ese ejercicio.

El surgimiento de las leyes de transparencia en el país efectivamente abrió el paso a que la población pueda conocer mucha más información sobre lo que ocurre al interior del gobierno. Lamentablemente parece haber tal resistencia entre los funcionarios a que se conozca lo que realmente hacen, que parecen empeñados en mostrar en todas partes la falta de armonía entre el ideal y sus condiciones particulares.

En un principio, se pensó en sólo reportar la información que las dependencias ofrecen como respuesta a los solicitantes. Sin embargo, en el seguimiento que se ha dado a la información que los funcionarios reportan es fácil detectar contradicciones entre una dependencia y otra, o entre momentos diferentes de las respuestas de la misma dependencia.

Más aún, no suele concordar lo que informan oficialmente a través de la prensa o lo que aparece en los reportes de prensa, contra lo que se afirma en respuestas oficiales que se dan por medio del sistema Infomex.

La más evidente de esta semana corresponde a las fosas clandestinas que reporta la Procuraduría, contra las que se informaron en prensa: hasta el caso que dio origen a un reconocimiento de una de sus funcionarias en Tamuín no aparece en la respuesta.

En la medida de lo posible, en Proyecto Tábano se hará el esfuerzo por proporcionar información más allá de lo que, a todas luces, puede resultar poco confiable en las respuestas que las dependencias ofrecen.

Un problema que también afecta a las páginas de transparencia en internet, que idealmente son para que la población pueda conocer, en tiempo real si tuvieran voluntad, lo que hace el gobierno y cómo lo decide, pues lo más lamentable es que ni el propio organismo garante para que esa condición se alcance (la CEGAIP) haga pública información confiable.

La CEGAIP comenzó el año con un conflicto laboral que generó plantones frente al Palacio de Gobierno y la propia sede de la Comisión. La situación se resolvió con la reinstalación de dos trabajadores con la intervención del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), quien asumió la defensa y, en consecuencia, los afilió.

En el apartado correspondiente a la fracción XV del artículo 19 de la Ley de Transparencia en la página de la CEGAIP se afirma que “ésta Comisión no cuenta con personal sindicalizado”, a pesar de que fue pública la intervención de un sindicato para la reinstalación de dos de los suyos.

Las leyes de transparencia abrieron la posibilidad de acceder a la información en posesión del gobierno, es cierto, pero ante la actitud que desde éste se da, es clara la necesidad de que cada vez sean más personas desde la sociedad las que les den seguimiento, para cerrar el paso a una transparencia que sólo sea simulación.