Pederastia, con la camiseta al revés

Por José Victoriano Martínez Guzmán

¿Cuántos asuntos públicos se convierten en conflicto por que se malinterpreta una presunta protección al prestigio de la institución y se opta por ocultar la falta de uno de sus miembros como si fuera una falla del todo? ¿Cuántos casos de estos exhiben la incapacidad de quienes encabezan las instituciones para representarlas en lo que realmente son?

La reacción del arzobispado potosino en el caso del sacerdote Eduardo Córdova Bautista exhibe la forma en que una institución es capaz de moverse en posicionamientos tan contradictorias que pasan de reconocer la existencia de quejas a pedir pruebas y descalificar a quienes revelaron las denuncias, para finalmente llegar a presentar denuncias en contra del cura.

Movimientos que dejan ver las posturas que debaten al interior de la institución para adoptar una versión pública que, lejos de enfocarse en que se haga justicia para las víctimas, tienen la mirada puesta en salvaguardar lo mejor posible el tan vapuleado prestigio de la Iglesia Católica, por la frecuencia de los casos de pederastia revelados.

La poca confianza que inspira tan errática forma de actuar no hace más que trasladar a la institución gran parte de la culpa que debiera recaer en uno de sus miembros, en un efecto contrario al que buscaban, por tratarse de un mal que ellos mismos propiciaron al no tomar las medidas necesarias desde el primer indicio de la existencia de abusos por parte de Córdova.

Pudieron evitar decenas o cientos de víctimas, mantener el caso en la dimensión de un mal elemento de su congregación y, de haber actuado abiertamente y con transparencia desde la primera queja, ahorrarse el que ahora se hayan convertido en cómplices, porque bien se ha dicho que tolerar una injusticia es provocar otra.

Anteponer la imagen de la institución confunde, al grado de llegar a considerar a sus integrantes como su personificación. Lo que haga o deje de hacer la persona es lo que vale o deja de valer la institución.

Una situación que hace recordar al funcionario que reprochaba al compañero que, en atención a la Ley de Transparencia recién entrada en vigor, pedía que se hicieran públicas actas, movimientos bancarios y demás información que mostrara a la ciudadanía el desempeño de la institución.

“Póngase la camiseta del Congreso”, era el reclamo con el que le pedía evitar “exhibir a los diputados”. “Revise como la trae puesta Usted”, recibió por respuesta, “somos servidores públicos y yo la traigo puesta con la vista a quienes debemos atender. Revise la suya, porque seguro la trae al revés”.

Portar la camiseta de una institución es adoptar una serie de creencias, ideas, valores, principios y representaciones colectivas que deben condicionar las conductas para traducir tales conceptos en actos concretos.

Desproteger a una víctima de pederastia clerical, así sea en calidad de presunta, al no tomar medidas preventivas en tanto se dilucida el caso, es más que volverla víctima de una nueva injusticia. Es perder de vista los fines propios de la institución y, en consecuencia, atentar contra ella misma.

Si la reacción de la arquidiócesis potosina tiene tintes de complicidad, la respuesta de las autoridades estatales muestra que cojea del mismo lado, cuando su comunicación social poco se enfoca en mantener informada a la sociedad y se apresura a boletinar versiones que deslinden al gobernador (http://goo.gl/OVQ6n0) de omisiones que afecten su imagen.

El caso Córdova Bautista, con las reacciones de una jerarquía católica que envía un extraño mensaje al poner a la cabeza de sus demandas a Armando Martínez, señalado como defensor de pederastas, y una autoridad civil que reacciona cuando la presión social no le deja alternativa, son un indicador del tipo de representación que tienen las instituciones.

Del mismo modo, muestra que el rescate de las instituciones para lo que son y por lo que son, sólo puede tener como punto de partida una presión social que reivindique derechos, sobre todo en este caso, los de las víctimas.

La ASE y el dilema de la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Aunque el plazo para que entregue los informes finales de auditoría de los 58 ayuntamientos, 23 organismos de agua potable y 21 sistemas DIF municipales, vence el 31 de mayo, José de Jesús Martínez Loredo, auditor superior del Estado, anuncia que esta semana remitirá los primeros a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Se trata de la primera entrega a su cargo y, por tanto, del primer acto de tal magnitud en el que mostrará los alcances de su compromiso con la transparencia, sobre todo en la interpretación que dé a la obligación que le marca el párrafo sexto del artículo 54 de la Constitución Política del Estado.

“La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición”, dice textual el párrafo referido.

Constitucionalmente, la reserva que hoy es válida sobre las revisiones a las cuentas públicas se levanta en el momento en que los informes son remitidos a la Comisión de Vigilancia. En tanto la reserva está vigente, cualquier indiscreción debe ser sancionada por la ley; una vez presentados los informes, la ley tendría que sancionar a quien niegue el acceso público a esa información.

Sin embargo, esa disposición no cuenta con su parte correspondiente en la Ley de Auditoría, lo que fue aprovechado por Héctor Mayorga Delgado, antecesor de Martínez Loredo, para negar ese tipo de información, al hacer valer la Ley como si tuviera mayor jerarquía que la Constitución.

La actitud de opacidad del ex auditor provocó litigios que, cuando menos en el caso de los pliegos de observaciones a la Cuenta Pública 2009 del gobierno estatal, llegaron al Poder Judicial de la Federación, con un revés para los afanes ocultistas de Mayorga Delgado, quien se vio obligado a entregar los documentos que por más de tres años negó.

La publicidad de los informes de auditoría no sólo pone a prueba a quien encabeza la Auditoría Superior del Estado (ASE), sino a los 27 diputados, muy dados a presentar iniciativas pero poco atentos a hacer cumplir la Carta Magna o a favorecer su cumplimiento con la armonización de la Ley del caso.

Durante la pasada Legislatura, la diputada Bernardina Lara promovió una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 65 de la Ley de Auditoría: “Los informes finales de las revisiones de las cuentas públicas tendrán carácter público, a partir de que éstos sean entregados por la Auditoría Superior a la Comisión, para cuyo fin se publicarán en forma inmediata en los portales de transparencia de sus sitios de internet”.

Aquel intento por armonizar la Ley con la Constitución fue desechado por los legisladores con un dictamen que prácticamente dictó Mayorga Delgado, con los mismos argumentos que después pretendió hacer valer para mantener su negativa a entregar los pliegos de observaciones de la Cuenta Pública 2009.

Si bien la Ley quedó como una de las pocas en el país que no establecen expresamente la difusión de oficio de los informes de auditoría, la Constitución local no deja de quitarles ese carácter en el momento en que la ASE los entrega a la Comisión de Vigilancia.

El caso más relevante con relación a la publicidad de estos informes lo representa la Auditoría Superior de la Federación, que el mismo día que entrega sus informes en el Congreso es posible conocer el extenso documento en su sitio de internet.

Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, ha adoptado incluso una actitud totalmente opuesta a la de Mayorga. En diversos foros ha lamentado que la ley le permita publicar la información hasta la presentación de los informes, porque hay etapas en las revisiones en las que no sólo se puede hacer pública, sino que ayudaría a los procesos de auditoría.

Al comenzar esta semana la entrega de informes, Martínez Loredo tiene la oportunidad de estrenarse con auténtica vocación de transparencia, o continuar la opacidad de su antecesor.  

La causa de la causa…

Por José Victoriano Martínez Guzmán

La causa de la causa es causa de lo causado. Es un principio del derecho que aporta una lógica que en este momento aplica con tal contundencia, que la iniciativa de Ley Boris resulta de una ridiculez, con un toque de cinismo, que exhibe lo peligrosa que es la clase gobernante, sin la más mínima conciencia de su representatividad.

La gran mayoría de las manifestaciones que pretenden regularse tienen su origen en un acto o en una omisión por parte de la autoridad, cuya actitud sirve más para generar motivos de protesta que para la solución de los problemas que aquejan a las mayorías.

Los ejemplos están a la orden del día. El pasado viernes un grupo de policías impidieron, sin motivo alguno, al grupo de estudiantes #YoSoy132 realizar las actividades que tenían previstas en la Plaza del Carmen.

Pusieron la causa y los estudiantes bloquearon el único carril disponible de la avenida Constitución frente a la Alameda, porque en el otro la autoridad toleraba una invasión de ambulantes.

Vino el caos vial, gente a ver de qué se trataba y algunos que protestaban contra la protesta. La mayoría de los automovilistas afectados buscaba una solución, al grado de que, en cosa de 15 minutos, ya se habían organizado y despejado el área al habilitar la circulación en sentido contrario del lado de Manuel José Othón.

El breve lapso que duró la manifestación, no obstante, fue de una creciente tensión alentada por la propia autoridad que la había provocado. Un policía que dijo llamarse Valente se acercó a un franelero que reclamaba su derecho de tránsito y le dijo: “Aviéntateles, síguele”.

“No los incite”, se le comentó. La respuesta fue “soy la autoridad y sé lo que hago”. De poco sirvió explicarle que como autoridad no debe provocar la confrontación entre particulares, porque su reacción fue un retador “denúnciame”. “Lo haré”, se le dijo y de inmediato sacó su celular para fotografiar a su interlocutor.

Se le advirtió que su acto intimidatorio era motivo de una queja adicional por atentar contra el derecho de protección de datos personales. “Quiero tener la fotografía del que me va a denunciar”, respondió en tono amenazante y momentos después dio instrucciones a dos policías: “remítanlo si me sigue tomando video”.

Pudiera parecer un incidente menor, pero retrata fielmente la actitud de una autoridad sin conciencia de que están al servicio de la población y de la protección de sus derechos; una autoridad ignorante de los principios que la rigen, y que difícilmente puede asumirse como la causa de lo causado.

El mismo viernes, en Casa de Gobierno, los vecinos de la Avenida Muñoz conocieron otra faceta de la misma actitud. Fueron recibidos por un gobernador que dejó entre sus visitantes la impresión de que está empecinado en seguir una obra que rechazan los presuntos beneficiarios porque han expuesto hasta el cansancio los perjuicios que les provocará.

La causa de la causa está puesta. La causa de lo que la Ley Boris pretende regular en un control de los síntomas para dejar oculta la verdadera enfermedad. No hace falta una Ley Boris, hace falta que la autoridad sea responsable, para eliminar la causa de lo causado.

Promovida desde la autoridad, una ley como la que propuso el diputado Alejandro Lozano, junto con las que han surgido en otras partes, no puede representar más que una confesión cínica de la poca voluntad que tienen de atender a sus obligaciones como funcionarios públicos al servicio de la población.

La propia iniciativa de Ley Boris es un ejemplo de lo innecesaria que resulta. ¿Cuántas manifestaciones ha provocado su intención de atentar con esa ley contra un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

No hace falta regular las manifestaciones, hace falta obligar a quienes las hacen necesarias a asumir su responsabilidad. Como contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿cuántas manifestaciones podría evitar el Legislativo si obligara al gobernador a cumplir con sus deberes constitucionales?

CEGAIP, pobreza volitiva

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Desde que se inventaron los pretextos pocos de sus usuarios habían exhibido tal incapacidad para refugiarse en ellos, como lo ha hecho la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que ha llegado al extremo de afirmar que se les tacha de “malos” por ser “pobres”.

Ubicada en el último lugar en el índice nacional de los órganos garantes (INOGDAI), con un indicador de apenas 20 puntos sobre 100, la CEGAIP ahora anuncia que buscará mesas de diálogo con diputados para enfrentar otra calificación reprobatoria: 5.9 en el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que se anunció la semana pasada.

Alfonso Serment, presidente de la CEGAIP, todavía seguía en su pretensión de justificar por qué el organismo que encabeza es el peor del país con lamentos de una presunta pobreza, cuando será poco el tiempo que le quede para volver a manipular datos para encubrir su ineptitud, respaldada por sus dos grises compañeros comisionados.

En 2010, cuando Serment asumió la presidencia de la CEGAIP, el IDAIM ubicó a San Luis Potosí en el lugar número 5 con un indicador de 0.73 sobre uno. Su incumplimiento de la obligación legal que tiene de promover la actualización de la legislación en la materia contribuyó a esa caída en diez lugares, lo que no le exigía ser rico, sino tener voluntad.

La CEGAIP no es pobre entre sus similares de todo el país, y Serment pretendió señalar fallos en la evaluación que como comisión se le hizo en el INOGDAI con una comparación falsa con la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) de Querétaro: afirmó que está integrada por un solo comisionado y no realiza sesiones plenarias.

La CEIG cuenta con uncomisionado presidente y tres honorarios, pero además su presupuesto para este 2014 es superado por el de la CEGAIP por 5 millones 538 mil 633 pesos, es decir, por cada dos pesos con que cuentan los comisionados de Querétaro, los potosinos se gastan tres.

En la lógica de Serment, la CEIG debería estar muy por debajo de los 20.01 puntos que obtuvo la CEGAIP en la evaluación a las comisiones, por lo que, aunque también es una calificación reprobatoria, le debe sorprender que con dos terceras partes de lo que aquí se gasta hayan obtenido 52.7 puntos en la evaluación, que representan 2.6 veces la calificación potosina.

Las muestras de que la transparencia es cuestión de voluntad no paran ahí: con dos terceras partes del presupuesto potosino, la CEIG destina el doble de recursos que la CEGAIP para sus actividades. Sí, mientras la CEGAIP deja para sus operaciones un millón 43 mil 629 pesos, la CEIG destina a esos fines 2 millones 102 mil 167 pesos.

Para dejar más recursos a sus operaciones, el capítulo de Servicios Personales acapara en la CEIG el 75 por ciento de su presupuesto que, aunque elevado, se ve decente contra el 92.96 por ciento que se embolsan en la CEGAIP. De hacer lo mismo aquí, la CEGAIP contaría con 4 millones 207 mil pesos para operar.

La CEGAIP no es pobre, está integrada por inescrupulosos comisionados cuya avaricia relega su función esencial, al grado de que se omite asignar presupuesto a sus obligaciones legales.

Un vistazo a los reactivos en los que se falla en cuestiones de transparencia en las evaluaciones como el INOGDAI y el IDAIM sirve para confirmar la falta de voluntad.

¿Cuánto se requiere para que dejen de poner candados a los archivos que publican en los sitios Web y lo hagan en los formatos originales que permitan el acceso a los usuarios a datos verdaderamente abiertos?

¿Cuánto cuesta que levanten un acta o minuta de todo proceso deliberativo y de toma de decisión para hacerlo público en formatos electrónicos?

¿Cuánto cuesta publicar proactivamente la información de interés público y responder sustancialmente a las solicitudes de información que le sean formuladas?

De ese tipo son los 76 puntos faltantes que hoy tienen en el grupo de reprobados en transparencia al estado de San Luis Potosí. Cuestiones de voluntad cuyo costo no puede tazarse en monetario, sino en el temor de perder las ventajas poco lícitas que les da su acostumbrada opacidad.