Poder Legislativo: transparencia a modo

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Seguir el destino final de los recursos que se recaudan a través del cobro de impuestos es uno de los más atractivos ofrecimientos de las posturas políticamente correctas que adoptan quienes asumen cargos de elección popular, pero a la vez el que, a la hora de la verdad, con mayor facilidad se hace a un lado.

Para llegar, están convencidos de que necesariamente tienen que ofrecer trabajar en caja de cristal y que cada peso que reciban, todo el mundo sabrá en qué lo gastan. Al instalarse en el cargo, la silla –la curul o el sillón– tienen un efecto de tal conversión, que ni lo que ellos mismos producen para difundir lo consideran público.

Donde suelen ser más evidentes las reacciones en ese sentido es en el Congreso del Estado en el que, con 27 cabezas que exhiben más que una, los ejemplos sobre las diferencias entre el decir y el hacer se convierten en un choque entre hacer las leyes y no cumplirlas.

De toda la legislación vigente, es a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la que más se recurre para congraciarse con los electores. De toda la legislación, es esa misma ley la que más abiertamente violan para evitar que se conozcan el incumplimiento de sus promesas el de otras leyes.

En la LX Legislatura la inercia de los ofrecimientos de un Congreso austero y transparente no alcanzó para pasar más allá del primer requerimiento de información sobre gastos específicos, cuya exhibición bautizó la agrupación Ciudadanos Observando como los casos del Diputado Dalay y la Diputada Vaselina.

Está por cumplirse un año de que el Congreso atendió la solicitud que originó aquellas revelaciones de compras hasta de cepillos dentales con la imagen de la muñeca Barbie con recursos públicos, y que tanto incomodaron a los entonces presidentes de la Directiva, Jorge Álvarez, y de la Junta de Coordinación Política, Rosa Ma. Huerta.

Los efectos de aquella reacción provocaron que hasta el pasado viernes se lograra obtener información solicitada al Congreso desde el 16 de mayo de 2013, es decir, nueve meses después, cuando el plazo máximo, según la Ley favorita de los discursos oficiales, es de diez días hábiles.

Sí, la exhibición que tanto molestó a Álvarez y Huerta que se dio la instrucción que, ante el silencio de los otros 25 diputados, puede considerarse avalada por todos los legisladores: solicitudes que pidan comprobación de gastos no se contestan, así lleguen las quejas que los ciudadanos estén dispuestos a presentar.

Y las quejas llovieron: durante 2013, de las 212 quejas que recibió la CEGAIP vía Infomex, 46 (el 21.7 por ciento) se presentaron en contra del Congreso, es decir, una de cada cinco quejas fue en contra de las respuestas del Poder Legislativo.

El viernes, siete meses después de que se inició la queja 303/2013-3 el pasado 3 de julio, el Congreso del Estado entregó copia de un video, cuyo costo de producción de ocho mil pesos se cubrió con recursos públicos.

En su política de no responder comprobaciones de gastos, se negó la copia del video con tal insistencia, que se llegó a pedir al solicitante pagar tres mil pesos para hacer una versión con los rostros de quienes aparecían en la cinta difuminados, presuntamente para proteger datos personales.

Tan preocupados estaban en proteger los datos personales, que durante el informe de actividades de la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, se exhibió el video.

ASE-Soledad, un dilema para opacos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

El contexto en el que surjan revelaciones como las que han hecho un grupo de auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) resulta accesorio cuando la información documentada que proporcionan advierte sobre la existencia de aspectos esenciales de la administración pública, cuyas fallas tienen repercusiones que afectan el interés público.
Las revelaciones que se hicieron el viernes y el domingo sobre las observaciones que en las hojas de trabajo de los auditores de la ASE se han hecho sobre las cuentas de la administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez deben ser atendidas en lo esencial, sin distracción sobre lo accesorio.
Llamar la atención, con el afán de descalificar, en la presunción de que las revelaciones tienen como objeto evitar la reelección de Héctor Mayorga Delgado como titular de la ASE, no puede ser más que el intento de que pasen inadvertidos los asuntos verdaderamente importantes: las irregularidades en una administración municipal y el riesgo potencial de su encubrimiento.
Estos, independientemente de la forma en que hayan sido reveladas y los motivos de quienes optaron por filtrar los documentos, son los aspectos que deben ser aclarados a cabalidad, tanto por las autoridades de Soledad de Graciano Sánchez como por el actual titular de la ASE, a quien sus subordinados ponen en entredicho.
No se trata de que a base de calificativos, como afirmar que es información imprecisa, incompleta, incorrecta y de mala fe o que son filtraciones dolosas y perversas, se busque desacreditar información que contiene datos concretos y aparecen en documentos que, en todo caso, tendrían que ser aclarados en ese mismo terreno.
Si la información es imprecisa, se puede hacer la precisión; si es incompleta, se puede completar; si es incorrecta, se puede exhibir la que es correcta; pero hablar de mala fe o de dolo o de perversidad es caer en territorio de prejuicios que poco abonan a que los asuntos públicos involucrados sean resueltos de la manera más beneficiosa para la sociedad.
Además de la pretendida descalificación, se anuncia “una denuncia de carácter penal en contra de quienes resulten responsables de esas acusaciones sin fundamento”, lo que muestra que el ayuntamiento soledense ha optado por lo accesorio, en una reacción que exhibe poca voluntad para aprovechar la coyuntura y transparentar plenamente sus cuentas.
No es nueva, mucho menos coyuntural, la demanda de que se transparente el proceso de fiscalización de las cuentas públicas. Baste recordar que la ASE debió revelar los pliegos de observaciones a la Cuenta Pública Estatal 2009 por orden de un juez federal, tras un litigio de tres años.
San Luis Potosí es de los pocos estados en los que la ASE se niega a hacer públicos sus informes de auditoría. La Auditoría Superior de la Federación y muchas otras estatales, publican vía Internet esos informes el mismo día que los entregan a sus respectivos congresos.
Transparentar esos procedimientos vacunaría a la institución fiscalizadora sobre la sospecha de negociaciones oscuras para limpiar cuentas con auditorías a modo, que es el telón de fondo que –por opacidad de la autoridad, no por sospechosismo popular–, con maniobras hacia lo accesorio,  pretenden eliminar de la agenda pública.
Está plenamente documentada, desde hace más de cinco años, la forma en que Mayorga Delgado ha insistido en mantener oculto su trabajo al frente de la ASE y la existencia de indicios sobre sus maniobras para limpiar las cuentas, no sólo de Soledad de Graciano Sánchez, sino de muchos otros municipios y de las propias autoridades estatales.
Que hoy un grupo de auditores revele el caso Soledad es casi un accidente. Que el caso Soledad ejemplifique lo que se ha convertido en un modus operandi de un auditor a modo es un llamado para que, desde el Congreso del Estado, se tomen las medidas urgentes para que la renovación de la ASE convierta a ese organismo en lo que verdaderamente debe ser.
Una verdadera y transparente fiscalización sobre el uso del erario volvería innecesaria cualquier revelación… y más eficaz y eficiente la administración pública.

SLP, representado en pedazos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“No se trata de que nuestro Escudo sea objeto de un manual de imagen corporativa que permita adecuaciones o modificaciones a modo”.

“No podemos arriesgarnos a que por vanidad e interés de una persona lo mutilen impunemente”.

Las dos expresiones anteriores corresponden a la defensa que se hizo del Escudo Nacional, tras la mutilación de que fue objeto en el sexenio de Vicente Fox, y que fue bautizado como el “águila mocha” por el entonces diputado Félix Salgado Macedonio.

Las dos expresiones podrían hoy utilizarse tal cuales para hacer referencia al Escudo de Armas de San Luis Potosí, no sólo mutilado, sino despedazado en tres partes para marcar sus restos con las letras iniciales del nombre de la ciudad.

“Los símbolos … son historia e identidad y como tales es menester procurarles durabilidad y permanencia; permanencia por virtud del arraigo que promueven en la conciencia histórica de un pueblo y certeza por los contenidos históricos que representan”.

“Cuando se permiten cambios con la ligereza de una supuesta creatividad, que además de irreverente es atentatoria de la identidad … se desprecia nuestro patrimonio histórico y cultural”.

Dos argumentos más tomados del debate que se dio para reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para evitar que se atentara nuevamente contra su integridad.

Dos argumentos más que aplican plenamente a la imagen con que hoy ha escogido el Ayuntamiento, encabezado por el ex rector universitario Mario García Valdez, identificarse en su papelería oficial y en el sitio Web.

O el Escudo de Armas está destrozado y sólo quedaron tres pedazos, o está encarcelado tras tres ventanas con filtros verde, gris y rojo. En el primer trozo se le impone una “s”, sobre el segundo se esconde a San Luis Rey de Francia tras una “l” y sobre el tercero aparece una “p”, todas escritas con una letra como descuidada.

En honor a la integridad y significado histórico y cultural del Escudo de Armas, esa imagen no puede ser considerada más que una expresión ignorante, que identifica a plenitud a la administración municipal que la ha adoptado.

Sí, tiene muchos más elementos para representar lo que es hoy el Ayuntamiento de San Luis Potosí que lo que históricamente ha sido lo que muchos han venerado como el San Luis de la Patria.

Deslindado del Escudo de Armas al que ofende, la imagen representativa de la administración de Mario García Valdez adquiere, además de mostrar el desprecio por el patrimonio histórico y cultural, significados muy descriptivos de este ayuntamiento.

Es como si hubiesen querido retratar el destrozo y el descuido en que tienen una ciudad llena de baches, obras inconclusas que no atienden, noches de penumbra por distintos rumbos, además del desorden administrativo y la indolencia para defender el patrimonio de los potosinos ante las pillerías más anunciadas y menos sancionadas.

A golpe de imagen, aun en pedazos, aparentan que todo va bien, aunque la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal revele oficialmente que las deudas municipales alcanzan más detres mil 19 millones de pesos con corte al 20 de enero. Es decir, por cada peso de presupuesto que tendrá este año, el Ayuntamiento debe un peso con 48 centavos.

A menos de un mes de cumplirse la mitad del periodo de este Ayuntamiento, ya no cabe culpar a la pasada administración sobre esas penurias económicas, sino que tendrán que asumirse como cómplices por omisión encubridora.

No hay que olvidar que comenzaron acusando a su antecesora de dejarles deudas por más 700 millones de pesos. Hoy la deuda que reporta la Secretaría de Finanzas se ha multiplicado por cuatro, y nada tiene que ver el trienio de Victoria Labastida.

Los indicios dejan ver que el Ayuntamiento no sólo ha destrozado el Escudo de Armas, por lo que la restauración necesaria del emblema de la ciudad resulta tan representativa de que es mucho más lo que se tiene que recuperar en la administración pública potosina.

Autoridades potosinas, una visión desde fuera

Por Por José Victoriano Martínez Guzmán

San Luis Potosí no es un estado protagónico en el ámbito noticioso nacional, ni para bien ¿ni para mal?

Sí, incluso hay quienes se quejan de que, al momento en que la televisión da a conocer sus pronósticos del clima, San Luis Potosí no es mencionado y tienen que poner atención al mapa con que ilustran la información para verificar las temperaturas previstas como más altas y más bajas para el estado.

No obstante, en las últimas semanas, por lo menos en cuatro asuntos, San Luis Potosí ha ocupado un espacio en el espectro informativo de los medios de otros estados y la capital, con un contraste lamentable entre la actitud de las autoridades locales y las de otras partes del país.

El fin de año y el principio de este, fueron para las autoridades potosinas de una exhibición transparente de la opacidad con que operan. El gobierno potosino destacó al conseguir por segundo año consecutivo el último lugar en el Ranking Estatal 2013 de Portales .gob, al caer su cumplimiento de 24.6 a 11.92 por ciento.

Como para ratificar esa vocación opaca, el año empezó con la misma posición –la última– para la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública dentro del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información. Si mal en el vigilado, peor en el vigilante.

Estanislao Beltrán, líder y vocero de autodefensas en Michoacán, advirtió de la posibilidad de que líderes templarios huyeran a ranchos de su propiedad en tierras potosinas. Se conoció de reuniones de gobernadores de otras entidades con Gobernación para prevenirse del efecto cucaracha, pero nada sobre alguna gestión del gobierno local.

La Barra Mexicana de Abogados y la fundación Renace promueven el indulto para Esperanza Reyes Aguillón, quien se encuentra presa por haber intentado pagar un cuaderno para su hija con un billete de 100 pesos producto de una mala defensa que en su momento encabezó Miguel Martínez Castro, actual Subsecretario de Enlace Interinstitucional del gobierno estatal.

La búsqueda de justicia para Esperanza se ha topado con actitudes erráticas del Ejecutivo, desde donde se intentó desacreditar la petición a la presidencia de México, y del Legislativo, desde donde se pone en duda la injusta desproporción entre la sanción y la presunta falta.

Una vez más, salta el contraste entre la actitud de las autoridades locales y, en este caso, especialmente el Congreso de la Unión que, a través de un punto de acuerdo, no sólo se sumó a la petición de indulto para Esperanza, sino que se pronunció por que se atiendan los derechos humanos de los dos hijos menores de edad de la inculpada.

Desde hace ya varias semanas, a través de redes sociales, ha fluido basta información sobre el problema que representan innumerables casos de influenza, de los que finalmente se han confirmado, por la Secretaría de Salud 363 casos y 14 muertes.

Las autoridades locales se limitaron a recomendaciones preventivas mediante anuncios en televisión y radio, a retrasar una hora la entrada a las escuelas, y a ignorar llamados, incluso de médicos que identificaron la presencia de casos atípicos de neumonía, a realizar reuniones urgentes para definir estrategias para enfrentar el brote.

Ayer, desde la Federación, la Secretaría de Salud dio a conocer su estrategia para enfrentar la influenza, con un plan de comunicación que contempla información diaria sobre el seguimiento a la presencia del virus, un micrositio Web y el nombramiento de Pablo Kuri, sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud, como vocero para el tema.

Mayorga, el cinismo de querer repetir

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Si una característica debe distinguir a quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) es que debe tratarse de una persona confiable, que privilegie el interés público de saber cómo se aplicó el erario y, sobre todo, las medidas impuestas para evitar que se mal utilicen los fondos aportados por todos, vía impuestos.

Si algo ha caracterizado a Héctor Mayorga Delgado al frente de ese organismo es su vocación por ocultar información, al grado de hacerse necesaria la intervención del Poder Judicial Federal para obtener, por ejemplo, las observaciones hechas a la Cuenta Pública estatal de 2009.

Durante casi siete años, Mayorga Delgado ha acumulado un largo historial de manipulación de cuentas públicas que le han hecho ganar, entre los personajes fiscalizados, la fama de un encubridor al que pueden acudir para evadir responsabilidades derivadas de un mal ejercicio de la administración pública.

Confiable para los inconfiables que abusan en su provecho personal de los recursos públicos, el actual auditor tiene en sus servicios de encubrimiento la mejor carta para repetir en el cargo.

Por ello, resulta burdo y cínico que, en pleno inicio del proceso de selección del auditor que ocupará el cargo por los próximos siete años, Mayorga Delgado utilice la estructura de la ASE para promover su reelección con un comunicado plagado de datos que no coinciden con los que aparecen en su sitio Web, u otros proporcionados de manera oficial.

Cual si ahora le urgiera generar una opinión pública favorable. Mayorga Delgado afirma que ha aplicado multas por más de 70 millones de pesos y que gran parte de este recurso fue reintegrado a los municipios o a quienes resultaron afectados por una mala administración.

No obstante, los reportes de multas publicados por la ASE entre el mes de enero de 2010 y diciembre de 2013 suman apenas 5 millones 296 mil 190.19 pesos, de los cuales un millón 272 mil 313.45 pesos corresponden a multas aplicadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

En 2008, la ASE cobró por multas 141 mil 878 pesos que, sumadas a las de 2010-2013, sin contar el 2009 y las multas de la CEGAIP, arrojan que Mayorga cobró 4 millones 165 mil 754.74 pesos. Una cifra lejana de los 70 millones que afirma el comunicado, a menos que en 2009, cuyos datos ilocalizables dan cuenta de la opacidad del auditor, haya cobrado más de 65 millones.

Con la afirmación de que “gran parte de esos recursos fueron reintegrados”, Mayorga reitera su vocación de opacidad y de manipulación de la información a su favor, cual si las entidades públicas hubiesen recuperado millones por la acción de la ASE.

El 20 de junio de 2013, la ASE atendió un requerimiento de información sobre los montos de los resarcimientos logrados desde su creación hasta esa fecha. Oficialmente, en seis años y medio la ASE sólo reportó el reembolso de 38 mil 196 pesos a cinco municipios (Venado, Huehuetlán, San Nicolás Tolentino, Coxcatlán y Armadillo de los Infante).

Si el pez por su boca muere, el auditor por sus números exhibe su confiabilidad. Incluso si fuera cierta la cantidad recuperada en multas que afirma el comunicado, la ASE exhibiría una mediocridad en su labor, ya que entre 2008 y 2013 Mayorga gastó 623 millones 555 mil 38.15 pesos, según las leyes del presupuesto de egresos de ese periodo y recursos federales que recibió.

Conforme a las cifras infladas de la ASE en su comunicado, los potosinos pagan nueve pesos para recuperar uno. Con cifras oficiales recabadas en fuentes de la misma dependencia, el costo de la Auditoría para recuperar un pesos se eleva a… 149.68 pesos.

Si Mayorga Delgado cree poder falsear sus números para poder proyectar una imagen que le haga merecedor de repetir en el cargo, se equivoca. Su carta fuerte es lo necesario que les resulte a quienes fiscaliza e influyen en su nombramiento, porque la confianza pública, para la que debió trabajar desde un principio, hace mucho que la perdió.

La infalible CEGAIP: sin voluntad ni responsabilidad

Por   Por José Victoriano Martínez Guzmán

La ignorancia en el tema de transparencia ha caracterizado a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, como resultado de una integración del organismo desde el Congreso con la mira puesta en proteger los intereses de quien está en el poder, antes que hacer viable el derecho de acceso a la información Pública (DAIP).

Nueve personas han pasado por la CEGAIP, incluidas las tres que hoy la integran. Cuatro han ocupado la presidencia y, unos más que otros, mostraron ánimo de compensar la ignorancia en el tema con voluntad para encontrar mecanismos que mejoraran el ejercicio del DAIP. Venció el perfil menos voluntarioso y más ignorante.

Cuando Alfonso Serment Gómez asumió la presidencia de la CEGAIP, llegó en el momento en que su antecesora, María de la Luz Islas, estaba por implantar un sistema para que las sesiones del pleno de la Comisión fueran transmitidas en vivo, vía internet, o cuando menos quedara constancia en video de lo ocurrido en ellas.

Serment Gómez canceló ese proyecto, así como la difusión de las resoluciones de la CEGAIP, y cuestiones similares, en clara ruta a lo que hoy resulta obvio, aunque no los acepten: Ser el peor organismo garante, en una posición ganada a pulso: el penúltimo lugar está 19.1 puntos arriba de los 20.1 que alcanzó.

Cuando la voluntad es hacer de la transparencia apariencia, la ignorancia cobra su cuota. Con una indignación propia de la que deberían despertarle los inverosímiles pretextos de los entes obligados para negar información, la Comisión envió una réplica de 26 cuartillas a los organismos que desarrollaron el estudio.

En su indignación, pasaron por alto que Artículo 19 y México Infórmate expusieron, como una de las razones por las que obtuvo la más baja calificación en acceso a la información, “introducir de manera recurrente prácticas que se consideran negativas al dar trámite a una solicitud de información”.

Entre esas prácticas se encuentra pedir aclaración a la petición, pedir al solicitante acudir a las oficinas cuando la información se puede enviar vía electrónica, responder fuera de plazo y pedir acreditación de quien solicitó información a nombre de la organización.

Este último punto es uno de tantos en los que, en su réplica, la CEGAIP exhibe su poca sensibilidad para el tema de transparencia. “Nos interesa que conozcan las razones por las cuales se pidió acreditar la personalidad del representante de Artículo 19”, dicen.

Y enseguida ponen por encima del artículo 6º Constitucional, el 17 de la Constitución local y los artículo 7, 10 y 14 de la Ley de Transparencia potosina, el artículo 4º de esta misma ley, que da carácter supletorio al Código de Procedimientos Civiles “en lo no previsto”.

Es decir, la CEGAIP ratifica por escrito su poca voluntad para atender el principio de máxima publicidad en aras de su vocación por la opacidad, y somete el DAIP a un código procedimental.

Hasta mentecata se llega a ver la CEGAIP al reprochar que sí ha publicado su presupuesto anual como aclaración al hecho de que en él no se contemplan partidas para promoción del DAIP ni programas de investigación y difusión del derecho.

Eso sí, la postura en la réplica y en el comunicado de prensa es de que se trata de una comisión infalible que, si es mal calificada, es por la falta de presupuesto y por errores de otros. Por cierto, en cuanto a éstos, otra vez la CEGAIP ha tomado al IPICYT para lavarse las manos por las fallas en su sitio Web, igual que cuando falló Infomex en 2011.

En cuanto a la falta de presupuesto, nomás basta recordar que la publicidad de las sesiones, que fue uno de los puntos reprobados, ya estaba concretada, pero la falta de voluntad de Serment Gómez al asumir el cargo la eliminó.

O sea que “falta de presupuesto” es un eufemismo de “falta de voluntad”, en tanto que los “errores de otros” no pueden ser otra cosa que “falta de responsabilidad”. Resultado: el peor organismo garante de la transparencia.

Para transformar a San Luis, con la intención basta

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Guiados por el propósito claro de hacer de San Luis una ciudad altamente competitiva, como lo exige la globalización de la economía y lo demandan los inversionistas, firmamos Convenio de Colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Así repitió, durante su primer informe, el alcalde Mario García Valdez la afirmación que en un comunicado de prensa habían hecho pública una semana antes de la sesión solemne del Cabildo capitalino.

El alcalde añadió que con la firma de ese convenio “nuestro municipio se convierte en el segundo del País que el Organismo Internacional selecciona para asesorar y financiar la implementación de la Guía de Mejora Regulatoria”.

No obstante, no hubo firma de convenio y es muy probable que San Luis Potosí no haya sido el segundo municipio que acordara una asesoría de la OCDE, pues durante 2013 se firmaron convenios con prácticamente todos los estados, en algunos casos para asesorar a la totalidad de los municipios de las entidades firmantes.

En febrero de 2013, el ayuntamiento de Zapopan inició los trabajos con la OCDE, en tanto que mientras en el Teatro de la Paz García Valdez presumía que había firmado el convenio, en Hermosillo, Sonora, como parte de un acuerdo similar con la OCDE, instructores de la organización ofrecían un taller sobre mejora regulatoria a 34 funcionarios municipales.

Apenas unos días después del acto de presunción del alcalde local, en el Estado de México se ofreció un reporte de los avances del convenio entre la OCDE y las autoridades locales que incluyó la siguiente afirmación: “Hoy en día, el Estado de México es la única entidad federativa en el país y el Mundo que ha elevado a rango constitucional la Mejora Regulatoria”.

Aun si la firma del convenio hubiese sido un hecho cierto, San Luis Potosí apenas se encontraría en el arranque del proceso de mejora regulatoria de la mano de la OCDE, lo que de ningún modo lo colocaría como el segundo ayuntamiento en trabajar el tema, como puede constatarse en las acciones reportadas en otros estados.

Incluso, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) elaboró un Ranking Estatal en Mejora Regulatoria, en el que San Luis Potosí aparece en el lugar 16.

El caso es que lo que presumió García Valdez como firma de convenio con la OCDE era apenas una carta de intención, según consta en el oficio UIP 1331/13, en el que se aclara que el convenio aún no se ha firmado.

“Se firmó una carta de intención de Mejora Regulatoria como acto protocolario, razón por la cual el convenio para firma entre este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí-Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); se encuentra en revisión final en Paris, Francia”, señala el documento.

En consecuencia, el documento presumido como convenio es apenas un instrumento previo, aunque el ayuntamiento lo presente como hecho consumado en diversos comunicados, uno el 9 de diciembre y otro el 24, pero sin hacer público el documento definitivo conforme a la fracción XIV del artículo 19 de la Ley de Transparencia.

En el comunicado del 24 de diciembre, con el encabezado “Firme asesoría de la OCDE para la capital potosina”, cual si se diera a conocer la confirmación del convenio, se insiste en la presunción de ser el segundo municipio del país en trabajar de la mano con ese organismo internacional y aún más.

“Es el único ayuntamiento en el país con dos proyectos aprobados para la mejora regulatoria, que implica además de la consultoría con ese organismo internacional, la puesta en marcha de la Ventanilla Única en la administración capitalina”, se señala que declara Rodrigo Martí Ascencio, director General de Desarrollo Económico Municipal.

Si lo que presumen públicamente como hechos, en documentos es apenas una carta de intención, comienza a revelarse que lo bienintencionado de Mario García Valdez para transformar en grande a San Luis trae en letras chiquitas una advertencia: con la intención basta.