Transparencia: un principio-ley para desobedecer

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Esta ley instituye en un principio que toda la información en poder de la autoridad es pública, sin necesidad de acreditar interés jurídico o legitimidad, y que esa información se proporcionará de manera pronta y expedita a los ciudadanos”, señala el decreto 486, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2003.

Con su publicación, el principio se convirtió en una orden para los funcionarios públicos y, a once años de que aquello ocurrió, lejos de llamar a obediencia, hoy parece ser mera vestimenta de discursos políticamente correctos para aparentar lo que poca voluntad tienen para aceptar: que se documente y publique cómo toman las decisiones y cómo gastan los recursos públicos.

Todo empleado que recibe una orden siente apremio por cumplirla. Que los funcionarios públicos sientan apremio por ocultar sus actos a pesar de que la ley ordena su publicidad es una de tantas señales de que no se sienten empleados de quienes pagamos su sueldo vía impuestos.

Lo que hoy difunden de oficio los entes públicos no es producto de su voluntad y está muy lejos de ser lo que una política real de transparencia pondría a disposición de la población en general, por lo incompleto de la información, su falta de pertinencia y, sobre todo, de oportunidad.

Ni el propio organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la CEGAIP, es capaz de documentar sus actos y difundirlos abiertamente.

La documentación relativa al proceso de renovación de la dirección del Sistema Estatal de Documentación y Archivo, por ejemplo, sólo tuvo una aparición intermitente en su sitio Web y de pronto Claudia Josefina Contreras Páez apareció como titular del área. Hoy la única huella pública de ese proceso es la referencia que hay en el acta del 17 de diciembre.

El Congreso del Estado, institución de la que emanó la orden, dio un gran salto hacia atrás (a antes de 2006) al eliminar la publicación de los cheques emitidos el mismo día para hacerlo con más de un mes de retraso, además de haber girado la instrucción a su Unidad de Información de negar la respuesta a cualquier solicitud relacionada con comprobación de gastos de los diputados.

El Poder Judicial ha adoptado como estrategia remitir a todo solicitante a direcciones electrónicas donde presuntamente se encuentra la información, así se la hayan solicitado copias de documentos específicos, como ocurrió con el acta de la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 30 de enero pasado.

La solicitante debió aclarar al Poder Judicial que su solicitud versaba sobre la totalidad del acta y no sobre algún tema en particular como se le requirió por parte de Alvaro Eguía, presidente del Tribunal, en una acción que, por innecesaria, tiene los tintes de una maniobra para inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En el Poder Ejecutivo ese tipo de maniobras están a la orden del día, al grado de que ni con las tardías resoluciones de la CEGAIP se pone a disposición de los solicitantes la información, como el caso de los documentos relacionados con el adeudo por 70 millones de pesos de Grupo Santos.

La agrupación Ciudadanos Observando padece directamente esa actitud opaca, al obtener a cuentagotas documentos solicitados para tratar de demostrar el destino de los recursos obtenidos por el impuesto de tenencia vehicular. No sólo enfrentan el regateo de la documentación, sino hasta comunicados que pretenden desacreditar las conclusiones a las que ellos llegan.

Si la manifiesta inquietud ciudadana es sobre el destino preciso de lo obtenido por el impuesto de tenencia vehicular, ¿qué le impide al gobierno hacer públicos todos los documentos que establezcan la ruta exacta de esos recursos, desde que son recaudados hasta el momento en que son aplicados en el gasto público?

El gran impedimento, ni duda cabe, es que sienten el apremio por ocultar sus actos que, unido a la poca credibilidad de que goza actualmente la función pública, abre un amplio espacio a la sospechas de corrupción. De no ser así, tienen todo para demostrar lo contrario: basta con que obedezcan el principio que este jueves cumple once años de ser ley.

¿Quién define el gasto estatal?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

¿Qué asuntos tan delicados pudo haber resuelto la Comisión de Gasto Financiamiento en sus sesiones del último trimestre para hacer públicas sólo la primera página de cada una de las tres actas levantadas en las mismas y, a pesar de ello, afirmar en la Cuenta Pública 2013 que avanzó cuatro lugares en el Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF)?

Las actas de la citada Comisión son publicadas por dos vías en el portal de Gobierno del Estado: en el apartado denominado ITDIF donde, de las doce actas del año, sólo aparece la primera página, en tanto que en el apartado de las “actas de los órganos colegiados” sólo publican las actas de los tres primeros trimestres.

Estas últimas permiten conocer algunos de los asuntos tratados, que muestran el trato preferencial que se da a los de casa (sobre todo de la Secretaría de Finanzas) en sus solicitudes de ampliaciones presupuestales y cómo se discrimina a otros, sobre todo si son de un poder distinto, como el Judicial, por ejemplo.

Si en teoría los poderes del estado gozan de independencia, en el presupuesto independencias y autonomías dependen del humor y los intereses representados por cuatro personas: el secretario de Finanzas, la Oficial Mayor, el contralor General del Estado y la directora General de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas. Todos subordinados del Ejecutivo.

Sus decisiones pueden alentar o frenar proyectos de último momento en las distintas instancias gubernamentales, pero también obstaculizar requerimientos imprevistos.

Por ejemplo, para el mes demarzo del año pasado, el Poder Judicial requirió la contratación de seis plazas de intérprete-traductores para los juzgados en Ciudad Valles, Tamazunchale, Tancanhuitz y Cárdenas y así garantizar el derecho al efectivo acceso a la justicia de las mujeres indígenas.

La Comisión le negó los 2 millones 130 mil 160 pesos solicitados y le recomendó sujetarse al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. El mejoramiento de la justicia para las mujeres indígenas puede esperar.

En esa misma sesión, el Poder Judicial pidió una ampliación presupuestal por 54 millones 96 mil 574 pesos porque el presupuesto de más de 731 millones de pesos que les aprobó el Congreso resultó insuficiente.

La urgencia del Poder Judicial era completar el pago de incremento salarial (19.6 millones), otros gastos de remuneraciones (2.27 millones), 38 nuevos empleados (9.2 millones), el impuesto sobre nómina (12.3 millones) y mantenimiento (2.4 millones). La Comisión también se los negó.

Para el 17 de junio, el Poder Judicial replanteó a la Comisión su solicitud que, para entonces bajó de los 54 millones pedidos a sólo 17 millones 198 mil 780 pesos con el mismo argumento de los fondos insuficientes aprobados por el Congreso. Con el acuerdo 06/13-5 se la autorizó la partida. Imposible descuidar el ingreso de los burócratas.

En contraste con desechado presupuesto para el mejoramiento a la justicia para mujeres indígenas, para la caprichosa comisión de Gasto Financiamiento existieron condiciones de prioridad para un evento deportivo organizado por dos clubes privados, para el que el Instituto Potosino del Deporte pidió una ampliación presupuestal de 500 mil pesos.

El 15 de septiembre de 2013, la Comisión emitió el acuerdo 09/13-8 “para apoyar el evento de Tenis Internacional”. Sin mencionarlo, se referían al Campeonato Mundial de Tenis Juvenil 2013, organizado por los clubes La Loma Centro Deportivo y Libanés. Como en tiempos de Marcelo de los Santos, quien anualmente aportaba una cantidad similar al torneo del Club Deportivo Potosino.

Si en lo que se conoce quedan en entredicho la validez de la Ley del Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso y hasta la autonomía del Poder Judicial, es posible que no haya nada de mayor gravedad en las tres actas que se ocultan, sino un acto más que confirma la vocación opacidad del actual gobierno.

Los privilegiados del predial

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Arrancó el tercer mes de oportunidad para pagar el impuesto predial con descuento, éste con el cinco por ciento, y con ello la tendencia a la baja en el flujo de contribuyentes cumplidos que, según el tesorero municipal, José Bolaños Guangorena, han permitido una recaudación de 179 millones de pesos al cierre del mes de febrero. 

La tendencia a la baja debe tener alarmadas a las autoridades municipales, pues el 15 de febrero, cuando rifaron el primero de dos automóviles que incentivan la recaudación, anunciaron que en las primeras tres quincenas del año se recaudaron por ese impuesto 177 millones de pesos.

La caída en la recaudación a sólo dos millones de pesos en una quincena se da a pesar de que, desde el 17 de febrero, se conoció el verdadero potencial que para captar recursos por ese impuesto tiene el ayuntamiento con más de 80 mil deudores que acumulan pagos pendientes por mil 663 millones 32 mil 577 pesos, al 31 de enero.

El desplome resulta revelador del poco empeño que ha puesto la administración de Mario García Valdez en la cobranza a los grandes deudores, entre los que, según la lista, hay 132 cuyos adeudos superan el millón de pesos, y juntos acumulan una bolsa de 493 millones 358 mil pesos. 

Es decir, con haber hecho efectivo el cobro a dos de esos 132 deudores habrían recaudado más que todo lo que captaron sus cajas y en los cientos de sitios donde se puede pagar el impuesto gracias a la bancarización tan cacareada a principios de año.

Por lo menos en esta quincena pudieron informar si los propios siete altos funcionarios municipales deudores del predial cumplieron con su obligación, cuyas deudas acumulan 471 mil 373 pesos, casi la cuarta parte de lo recaudado en los últimos 15 días.

Tras haberse conocido el largo listado de deudores, los responsables de su cobro no han hecho señalamiento alguno sobre algún plan de cobranza, salvo un vago anuncio por parte del tesorero Bolaños Guangorena en el sentido de que se iniciará el envío de requerimientos a los morosos con la pretensión de recuperar 90 millones de una cartera de 430 millones.

Ni la expectativa de recaudación ni la cartera corresponden a la totalidad de los adeudos hoy conocidos. Es apenas de la cuarta parte del monto total, y bastaría con que se hiciera efectivo el cobro de las cuatro primeras grandes deudas para recibir 90 millones, o de los primeros 81 deudores para rebasar los 430 millones de pesos.

La falta de claridad en la información y las escasas expectativas que se plantean, son indicio indudable de que se continuará con una política para mantener a los grandes deudores intocables, porque la carga de los gastos de la administración municipal la tienen que soportar los contribuyentes cautivos.

Entre los grandes deudores intocables para la autoridad, y los pequeños contribuyentes presionables por la autoridad, hay un grupo que seguramente tampoco tendrán de que preocuparse.

Por ejemplo, al secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas con sus 17 adeudos que suman 65 mil 37 pesos, o a los dos integrantes de la familia Conde Mejía que adeudan 55 mil 618 pesos, o a los ocho integrantes de la familia Pérez Espinosa que deben 88 mil 119 pesos (28 mil 977 pesos del diputado Fernando Pérez Espinosa), no les habrá de llegar requerimiento.

Valdría la pena que las autoridades informaran sobre las gestiones que contempla para requerir los pagos pendientes que tiene la Arquidiócesis potosina por un millón 872 mil 753 pesos, y los de otras asociaciones religiosas como la Iglesia de Cristo con 12 mil 778 pesos de deuda o la Iglesia Evangélica Independiente de México con 7 mil 807 pesos.

Que la autoridad municipal haya permitido conocer la lista de deudores del predial muestra que se trató de un loable acto de transparencia que favorece el interés público. Permite conocer el monto del patrimonio recaudable, pero también exhibe la forma tendenciosa de los funcionarios para hacerlo efectivo.

Más aún, queda expuesto que tanto en la recaudación como en la administración del presupuesto, las autoridades anteponen al interés público, los intereses de los grupos siempre privilegiados.

Sobre la ASE, la ASF y la estrellita en la frente de Toranzo

Por José Victoriano Martínez Guzmán

El riesgo en toda evaluación es que los resultados muestren más sobre el papel que juega el evaluador que lo que realmente ocurre con el evaluado. Se trata de un problema de falta de objetividad que, cuando se trata de revisar la aplicación de los recursos públicos, los intereses del fiscalizado con relativa facilidad influyen en el fiscalizador.

Así, que sobre la cuenta estatal 2012 la Auditoría Superior del Estado (ASE) sólo haya realizado observaciones sobre 21 millones 370 mil 837 pesos de los 32 mil 585 millones 279 mil 988 pesos que administró el gobernador Fernando Toranzo, no es más que un indicador de la forma en que se instrumentalizó a esa institución para convertirla en limpiadora de cuentas.

Por fortuna, en cuestión de la aplicación de recursos públicos es posible contar con una segunda opinión que, aunque llega unos meses después, proviene de un ente fiscalizador con menos cercanía, y mucho menos influenciable por parte de los fiscalizados.

Se trata de los informes que presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, a diferencia de la ASE (que declara reservados sus informes), los publica inmediatamente después de presentarlos en la Cámara de Diputados.
En el descomunal trabajo de la ASF, que incluyó 11 auditorías a fondos administrados por el gobierno potosino durante el ejercicio 2012, se seleccionan algunos fondos federales administrados por autoridades estatales para aplicar auditorías muestrales.

De los más de 32 mil millones de pesos administrados por el ejecutivo potosino, la ASF seleccionó programas por 13 mil 748 millones 790 mil 800 pesos, de los que revisó una muestra de 11 mil 887 millones 949 mil 200 pesos. Es decir, sólo revisó el 36.48 por ciento de la totalidad del presupuesto ejercido por el ejecutivo estatal.

En sus resultados, la ASF reporta la recuperación de 165 millones 264 mil 600 pesos que habrían sido desviados de su destino programado, y como pendientes de aclaración otros 758 millones 239 mil 700 pesos, lo que da un total de irregularidades por 923 millones 504 mil 300 pesos.

Con simple aritmética, es posible observar que en una revisión de la tercera parte de lo que auditó la ASE, la ASF encontró 42.6 veces más irregularidades que el organismo fiscalizador local. ¿Qué habría pasado si con los mismos criterios del ente fiscalizador federal se hubiese revisado la aplicación de la totalidad del presupuesto estatal?

El 27 de junio de 2013, los diputados de PRI, PVEM, PANAL, PT y PCP aprobaron, con las abstenciones del PRD y el Movimiento Ciudadano y los votos en contra del PAN, el informe de auditoría presentado por la ASE, mediante el que se declaró aprobada la cuenta estatal de Toranzo 2012 con apenas el 0.06 por ciento de recursos observados.

Aquella dorada estrellita colocada por el Congreso en la frente de Toranzo hoy luce la mancha de las irregularidades reportadas en el 7.7 por ciento de los recursos que revisó la ASF. Proporcionalmente equivale a que la fiscalizadora federal encontró más de 120 irregularidades por cada irregularidad que encontró la ASE.

Hoy que se ha cambiado al titular de la Auditoría Superior del Estado, en lo que menos puede pensarse es en un borrón y cuenta nueva, pues el daño al erario potosino parece incuantificable no por la negligencia del ente fiscalizador, sino por la complicidad con los entes fiscalizables.

Se puede dar el beneficio de la duda a la persona que llega a encabezar a la ASE, pero la institución debe recuperar su credibilidad y confiabilidad mediante la corrección de sus yerros y el resarcimiento efectivo de los daños sufridos en el patrimonio de todos los potosinos.

Si no demuestra que está para eso, los 153 millones 744mil 102 pesos que ejercerá de presupuesto este año sólo se sumarán a los 603 millones 483 mil 456 pesos que en los últimos siete años prácticamente fueron tirados a la basura.

Poder Legislativo: transparencia a modo

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Seguir el destino final de los recursos que se recaudan a través del cobro de impuestos es uno de los más atractivos ofrecimientos de las posturas políticamente correctas que adoptan quienes asumen cargos de elección popular, pero a la vez el que, a la hora de la verdad, con mayor facilidad se hace a un lado.

Para llegar, están convencidos de que necesariamente tienen que ofrecer trabajar en caja de cristal y que cada peso que reciban, todo el mundo sabrá en qué lo gastan. Al instalarse en el cargo, la silla –la curul o el sillón– tienen un efecto de tal conversión, que ni lo que ellos mismos producen para difundir lo consideran público.

Donde suelen ser más evidentes las reacciones en ese sentido es en el Congreso del Estado en el que, con 27 cabezas que exhiben más que una, los ejemplos sobre las diferencias entre el decir y el hacer se convierten en un choque entre hacer las leyes y no cumplirlas.

De toda la legislación vigente, es a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la que más se recurre para congraciarse con los electores. De toda la legislación, es esa misma ley la que más abiertamente violan para evitar que se conozcan el incumplimiento de sus promesas el de otras leyes.

En la LX Legislatura la inercia de los ofrecimientos de un Congreso austero y transparente no alcanzó para pasar más allá del primer requerimiento de información sobre gastos específicos, cuya exhibición bautizó la agrupación Ciudadanos Observando como los casos del Diputado Dalay y la Diputada Vaselina.

Está por cumplirse un año de que el Congreso atendió la solicitud que originó aquellas revelaciones de compras hasta de cepillos dentales con la imagen de la muñeca Barbie con recursos públicos, y que tanto incomodaron a los entonces presidentes de la Directiva, Jorge Álvarez, y de la Junta de Coordinación Política, Rosa Ma. Huerta.

Los efectos de aquella reacción provocaron que hasta el pasado viernes se lograra obtener información solicitada al Congreso desde el 16 de mayo de 2013, es decir, nueve meses después, cuando el plazo máximo, según la Ley favorita de los discursos oficiales, es de diez días hábiles.

Sí, la exhibición que tanto molestó a Álvarez y Huerta que se dio la instrucción que, ante el silencio de los otros 25 diputados, puede considerarse avalada por todos los legisladores: solicitudes que pidan comprobación de gastos no se contestan, así lleguen las quejas que los ciudadanos estén dispuestos a presentar.

Y las quejas llovieron: durante 2013, de las 212 quejas que recibió la CEGAIP vía Infomex, 46 (el 21.7 por ciento) se presentaron en contra del Congreso, es decir, una de cada cinco quejas fue en contra de las respuestas del Poder Legislativo.

El viernes, siete meses después de que se inició la queja 303/2013-3 el pasado 3 de julio, el Congreso del Estado entregó copia de un video, cuyo costo de producción de ocho mil pesos se cubrió con recursos públicos.

En su política de no responder comprobaciones de gastos, se negó la copia del video con tal insistencia, que se llegó a pedir al solicitante pagar tres mil pesos para hacer una versión con los rostros de quienes aparecían en la cinta difuminados, presuntamente para proteger datos personales.

Tan preocupados estaban en proteger los datos personales, que durante el informe de actividades de la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, se exhibió el video.

ASE-Soledad, un dilema para opacos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

El contexto en el que surjan revelaciones como las que han hecho un grupo de auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) resulta accesorio cuando la información documentada que proporcionan advierte sobre la existencia de aspectos esenciales de la administración pública, cuyas fallas tienen repercusiones que afectan el interés público.
Las revelaciones que se hicieron el viernes y el domingo sobre las observaciones que en las hojas de trabajo de los auditores de la ASE se han hecho sobre las cuentas de la administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez deben ser atendidas en lo esencial, sin distracción sobre lo accesorio.
Llamar la atención, con el afán de descalificar, en la presunción de que las revelaciones tienen como objeto evitar la reelección de Héctor Mayorga Delgado como titular de la ASE, no puede ser más que el intento de que pasen inadvertidos los asuntos verdaderamente importantes: las irregularidades en una administración municipal y el riesgo potencial de su encubrimiento.
Estos, independientemente de la forma en que hayan sido reveladas y los motivos de quienes optaron por filtrar los documentos, son los aspectos que deben ser aclarados a cabalidad, tanto por las autoridades de Soledad de Graciano Sánchez como por el actual titular de la ASE, a quien sus subordinados ponen en entredicho.
No se trata de que a base de calificativos, como afirmar que es información imprecisa, incompleta, incorrecta y de mala fe o que son filtraciones dolosas y perversas, se busque desacreditar información que contiene datos concretos y aparecen en documentos que, en todo caso, tendrían que ser aclarados en ese mismo terreno.
Si la información es imprecisa, se puede hacer la precisión; si es incompleta, se puede completar; si es incorrecta, se puede exhibir la que es correcta; pero hablar de mala fe o de dolo o de perversidad es caer en territorio de prejuicios que poco abonan a que los asuntos públicos involucrados sean resueltos de la manera más beneficiosa para la sociedad.
Además de la pretendida descalificación, se anuncia “una denuncia de carácter penal en contra de quienes resulten responsables de esas acusaciones sin fundamento”, lo que muestra que el ayuntamiento soledense ha optado por lo accesorio, en una reacción que exhibe poca voluntad para aprovechar la coyuntura y transparentar plenamente sus cuentas.
No es nueva, mucho menos coyuntural, la demanda de que se transparente el proceso de fiscalización de las cuentas públicas. Baste recordar que la ASE debió revelar los pliegos de observaciones a la Cuenta Pública Estatal 2009 por orden de un juez federal, tras un litigio de tres años.
San Luis Potosí es de los pocos estados en los que la ASE se niega a hacer públicos sus informes de auditoría. La Auditoría Superior de la Federación y muchas otras estatales, publican vía Internet esos informes el mismo día que los entregan a sus respectivos congresos.
Transparentar esos procedimientos vacunaría a la institución fiscalizadora sobre la sospecha de negociaciones oscuras para limpiar cuentas con auditorías a modo, que es el telón de fondo que –por opacidad de la autoridad, no por sospechosismo popular–, con maniobras hacia lo accesorio,  pretenden eliminar de la agenda pública.
Está plenamente documentada, desde hace más de cinco años, la forma en que Mayorga Delgado ha insistido en mantener oculto su trabajo al frente de la ASE y la existencia de indicios sobre sus maniobras para limpiar las cuentas, no sólo de Soledad de Graciano Sánchez, sino de muchos otros municipios y de las propias autoridades estatales.
Que hoy un grupo de auditores revele el caso Soledad es casi un accidente. Que el caso Soledad ejemplifique lo que se ha convertido en un modus operandi de un auditor a modo es un llamado para que, desde el Congreso del Estado, se tomen las medidas urgentes para que la renovación de la ASE convierta a ese organismo en lo que verdaderamente debe ser.
Una verdadera y transparente fiscalización sobre el uso del erario volvería innecesaria cualquier revelación… y más eficaz y eficiente la administración pública.

SLP, representado en pedazos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“No se trata de que nuestro Escudo sea objeto de un manual de imagen corporativa que permita adecuaciones o modificaciones a modo”.

“No podemos arriesgarnos a que por vanidad e interés de una persona lo mutilen impunemente”.

Las dos expresiones anteriores corresponden a la defensa que se hizo del Escudo Nacional, tras la mutilación de que fue objeto en el sexenio de Vicente Fox, y que fue bautizado como el “águila mocha” por el entonces diputado Félix Salgado Macedonio.

Las dos expresiones podrían hoy utilizarse tal cuales para hacer referencia al Escudo de Armas de San Luis Potosí, no sólo mutilado, sino despedazado en tres partes para marcar sus restos con las letras iniciales del nombre de la ciudad.

“Los símbolos … son historia e identidad y como tales es menester procurarles durabilidad y permanencia; permanencia por virtud del arraigo que promueven en la conciencia histórica de un pueblo y certeza por los contenidos históricos que representan”.

“Cuando se permiten cambios con la ligereza de una supuesta creatividad, que además de irreverente es atentatoria de la identidad … se desprecia nuestro patrimonio histórico y cultural”.

Dos argumentos más tomados del debate que se dio para reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para evitar que se atentara nuevamente contra su integridad.

Dos argumentos más que aplican plenamente a la imagen con que hoy ha escogido el Ayuntamiento, encabezado por el ex rector universitario Mario García Valdez, identificarse en su papelería oficial y en el sitio Web.

O el Escudo de Armas está destrozado y sólo quedaron tres pedazos, o está encarcelado tras tres ventanas con filtros verde, gris y rojo. En el primer trozo se le impone una “s”, sobre el segundo se esconde a San Luis Rey de Francia tras una “l” y sobre el tercero aparece una “p”, todas escritas con una letra como descuidada.

En honor a la integridad y significado histórico y cultural del Escudo de Armas, esa imagen no puede ser considerada más que una expresión ignorante, que identifica a plenitud a la administración municipal que la ha adoptado.

Sí, tiene muchos más elementos para representar lo que es hoy el Ayuntamiento de San Luis Potosí que lo que históricamente ha sido lo que muchos han venerado como el San Luis de la Patria.

Deslindado del Escudo de Armas al que ofende, la imagen representativa de la administración de Mario García Valdez adquiere, además de mostrar el desprecio por el patrimonio histórico y cultural, significados muy descriptivos de este ayuntamiento.

Es como si hubiesen querido retratar el destrozo y el descuido en que tienen una ciudad llena de baches, obras inconclusas que no atienden, noches de penumbra por distintos rumbos, además del desorden administrativo y la indolencia para defender el patrimonio de los potosinos ante las pillerías más anunciadas y menos sancionadas.

A golpe de imagen, aun en pedazos, aparentan que todo va bien, aunque la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal revele oficialmente que las deudas municipales alcanzan más detres mil 19 millones de pesos con corte al 20 de enero. Es decir, por cada peso de presupuesto que tendrá este año, el Ayuntamiento debe un peso con 48 centavos.

A menos de un mes de cumplirse la mitad del periodo de este Ayuntamiento, ya no cabe culpar a la pasada administración sobre esas penurias económicas, sino que tendrán que asumirse como cómplices por omisión encubridora.

No hay que olvidar que comenzaron acusando a su antecesora de dejarles deudas por más 700 millones de pesos. Hoy la deuda que reporta la Secretaría de Finanzas se ha multiplicado por cuatro, y nada tiene que ver el trienio de Victoria Labastida.

Los indicios dejan ver que el Ayuntamiento no sólo ha destrozado el Escudo de Armas, por lo que la restauración necesaria del emblema de la ciudad resulta tan representativa de que es mucho más lo que se tiene que recuperar en la administración pública potosina.