La ASE y el dilema de la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Aunque el plazo para que entregue los informes finales de auditoría de los 58 ayuntamientos, 23 organismos de agua potable y 21 sistemas DIF municipales, vence el 31 de mayo, José de Jesús Martínez Loredo, auditor superior del Estado, anuncia que esta semana remitirá los primeros a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Se trata de la primera entrega a su cargo y, por tanto, del primer acto de tal magnitud en el que mostrará los alcances de su compromiso con la transparencia, sobre todo en la interpretación que dé a la obligación que le marca el párrafo sexto del artículo 54 de la Constitución Política del Estado.

“La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición”, dice textual el párrafo referido.

Constitucionalmente, la reserva que hoy es válida sobre las revisiones a las cuentas públicas se levanta en el momento en que los informes son remitidos a la Comisión de Vigilancia. En tanto la reserva está vigente, cualquier indiscreción debe ser sancionada por la ley; una vez presentados los informes, la ley tendría que sancionar a quien niegue el acceso público a esa información.

Sin embargo, esa disposición no cuenta con su parte correspondiente en la Ley de Auditoría, lo que fue aprovechado por Héctor Mayorga Delgado, antecesor de Martínez Loredo, para negar ese tipo de información, al hacer valer la Ley como si tuviera mayor jerarquía que la Constitución.

La actitud de opacidad del ex auditor provocó litigios que, cuando menos en el caso de los pliegos de observaciones a la Cuenta Pública 2009 del gobierno estatal, llegaron al Poder Judicial de la Federación, con un revés para los afanes ocultistas de Mayorga Delgado, quien se vio obligado a entregar los documentos que por más de tres años negó.

La publicidad de los informes de auditoría no sólo pone a prueba a quien encabeza la Auditoría Superior del Estado (ASE), sino a los 27 diputados, muy dados a presentar iniciativas pero poco atentos a hacer cumplir la Carta Magna o a favorecer su cumplimiento con la armonización de la Ley del caso.

Durante la pasada Legislatura, la diputada Bernardina Lara promovió una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 65 de la Ley de Auditoría: “Los informes finales de las revisiones de las cuentas públicas tendrán carácter público, a partir de que éstos sean entregados por la Auditoría Superior a la Comisión, para cuyo fin se publicarán en forma inmediata en los portales de transparencia de sus sitios de internet”.

Aquel intento por armonizar la Ley con la Constitución fue desechado por los legisladores con un dictamen que prácticamente dictó Mayorga Delgado, con los mismos argumentos que después pretendió hacer valer para mantener su negativa a entregar los pliegos de observaciones de la Cuenta Pública 2009.

Si bien la Ley quedó como una de las pocas en el país que no establecen expresamente la difusión de oficio de los informes de auditoría, la Constitución local no deja de quitarles ese carácter en el momento en que la ASE los entrega a la Comisión de Vigilancia.

El caso más relevante con relación a la publicidad de estos informes lo representa la Auditoría Superior de la Federación, que el mismo día que entrega sus informes en el Congreso es posible conocer el extenso documento en su sitio de internet.

Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, ha adoptado incluso una actitud totalmente opuesta a la de Mayorga. En diversos foros ha lamentado que la ley le permita publicar la información hasta la presentación de los informes, porque hay etapas en las revisiones en las que no sólo se puede hacer pública, sino que ayudaría a los procesos de auditoría.

Al comenzar esta semana la entrega de informes, Martínez Loredo tiene la oportunidad de estrenarse con auténtica vocación de transparencia, o continuar la opacidad de su antecesor.  

La causa de la causa…

Por José Victoriano Martínez Guzmán

La causa de la causa es causa de lo causado. Es un principio del derecho que aporta una lógica que en este momento aplica con tal contundencia, que la iniciativa de Ley Boris resulta de una ridiculez, con un toque de cinismo, que exhibe lo peligrosa que es la clase gobernante, sin la más mínima conciencia de su representatividad.

La gran mayoría de las manifestaciones que pretenden regularse tienen su origen en un acto o en una omisión por parte de la autoridad, cuya actitud sirve más para generar motivos de protesta que para la solución de los problemas que aquejan a las mayorías.

Los ejemplos están a la orden del día. El pasado viernes un grupo de policías impidieron, sin motivo alguno, al grupo de estudiantes #YoSoy132 realizar las actividades que tenían previstas en la Plaza del Carmen.

Pusieron la causa y los estudiantes bloquearon el único carril disponible de la avenida Constitución frente a la Alameda, porque en el otro la autoridad toleraba una invasión de ambulantes.

Vino el caos vial, gente a ver de qué se trataba y algunos que protestaban contra la protesta. La mayoría de los automovilistas afectados buscaba una solución, al grado de que, en cosa de 15 minutos, ya se habían organizado y despejado el área al habilitar la circulación en sentido contrario del lado de Manuel José Othón.

El breve lapso que duró la manifestación, no obstante, fue de una creciente tensión alentada por la propia autoridad que la había provocado. Un policía que dijo llamarse Valente se acercó a un franelero que reclamaba su derecho de tránsito y le dijo: “Aviéntateles, síguele”.

“No los incite”, se le comentó. La respuesta fue “soy la autoridad y sé lo que hago”. De poco sirvió explicarle que como autoridad no debe provocar la confrontación entre particulares, porque su reacción fue un retador “denúnciame”. “Lo haré”, se le dijo y de inmediato sacó su celular para fotografiar a su interlocutor.

Se le advirtió que su acto intimidatorio era motivo de una queja adicional por atentar contra el derecho de protección de datos personales. “Quiero tener la fotografía del que me va a denunciar”, respondió en tono amenazante y momentos después dio instrucciones a dos policías: “remítanlo si me sigue tomando video”.

Pudiera parecer un incidente menor, pero retrata fielmente la actitud de una autoridad sin conciencia de que están al servicio de la población y de la protección de sus derechos; una autoridad ignorante de los principios que la rigen, y que difícilmente puede asumirse como la causa de lo causado.

El mismo viernes, en Casa de Gobierno, los vecinos de la Avenida Muñoz conocieron otra faceta de la misma actitud. Fueron recibidos por un gobernador que dejó entre sus visitantes la impresión de que está empecinado en seguir una obra que rechazan los presuntos beneficiarios porque han expuesto hasta el cansancio los perjuicios que les provocará.

La causa de la causa está puesta. La causa de lo que la Ley Boris pretende regular en un control de los síntomas para dejar oculta la verdadera enfermedad. No hace falta una Ley Boris, hace falta que la autoridad sea responsable, para eliminar la causa de lo causado.

Promovida desde la autoridad, una ley como la que propuso el diputado Alejandro Lozano, junto con las que han surgido en otras partes, no puede representar más que una confesión cínica de la poca voluntad que tienen de atender a sus obligaciones como funcionarios públicos al servicio de la población.

La propia iniciativa de Ley Boris es un ejemplo de lo innecesaria que resulta. ¿Cuántas manifestaciones ha provocado su intención de atentar con esa ley contra un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

No hace falta regular las manifestaciones, hace falta obligar a quienes las hacen necesarias a asumir su responsabilidad. Como contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿cuántas manifestaciones podría evitar el Legislativo si obligara al gobernador a cumplir con sus deberes constitucionales?

CEGAIP, pobreza volitiva

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Desde que se inventaron los pretextos pocos de sus usuarios habían exhibido tal incapacidad para refugiarse en ellos, como lo ha hecho la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que ha llegado al extremo de afirmar que se les tacha de “malos” por ser “pobres”.

Ubicada en el último lugar en el índice nacional de los órganos garantes (INOGDAI), con un indicador de apenas 20 puntos sobre 100, la CEGAIP ahora anuncia que buscará mesas de diálogo con diputados para enfrentar otra calificación reprobatoria: 5.9 en el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) que se anunció la semana pasada.

Alfonso Serment, presidente de la CEGAIP, todavía seguía en su pretensión de justificar por qué el organismo que encabeza es el peor del país con lamentos de una presunta pobreza, cuando será poco el tiempo que le quede para volver a manipular datos para encubrir su ineptitud, respaldada por sus dos grises compañeros comisionados.

En 2010, cuando Serment asumió la presidencia de la CEGAIP, el IDAIM ubicó a San Luis Potosí en el lugar número 5 con un indicador de 0.73 sobre uno. Su incumplimiento de la obligación legal que tiene de promover la actualización de la legislación en la materia contribuyó a esa caída en diez lugares, lo que no le exigía ser rico, sino tener voluntad.

La CEGAIP no es pobre entre sus similares de todo el país, y Serment pretendió señalar fallos en la evaluación que como comisión se le hizo en el INOGDAI con una comparación falsa con la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) de Querétaro: afirmó que está integrada por un solo comisionado y no realiza sesiones plenarias.

La CEIG cuenta con uncomisionado presidente y tres honorarios, pero además su presupuesto para este 2014 es superado por el de la CEGAIP por 5 millones 538 mil 633 pesos, es decir, por cada dos pesos con que cuentan los comisionados de Querétaro, los potosinos se gastan tres.

En la lógica de Serment, la CEIG debería estar muy por debajo de los 20.01 puntos que obtuvo la CEGAIP en la evaluación a las comisiones, por lo que, aunque también es una calificación reprobatoria, le debe sorprender que con dos terceras partes de lo que aquí se gasta hayan obtenido 52.7 puntos en la evaluación, que representan 2.6 veces la calificación potosina.

Las muestras de que la transparencia es cuestión de voluntad no paran ahí: con dos terceras partes del presupuesto potosino, la CEIG destina el doble de recursos que la CEGAIP para sus actividades. Sí, mientras la CEGAIP deja para sus operaciones un millón 43 mil 629 pesos, la CEIG destina a esos fines 2 millones 102 mil 167 pesos.

Para dejar más recursos a sus operaciones, el capítulo de Servicios Personales acapara en la CEIG el 75 por ciento de su presupuesto que, aunque elevado, se ve decente contra el 92.96 por ciento que se embolsan en la CEGAIP. De hacer lo mismo aquí, la CEGAIP contaría con 4 millones 207 mil pesos para operar.

La CEGAIP no es pobre, está integrada por inescrupulosos comisionados cuya avaricia relega su función esencial, al grado de que se omite asignar presupuesto a sus obligaciones legales.

Un vistazo a los reactivos en los que se falla en cuestiones de transparencia en las evaluaciones como el INOGDAI y el IDAIM sirve para confirmar la falta de voluntad.

¿Cuánto se requiere para que dejen de poner candados a los archivos que publican en los sitios Web y lo hagan en los formatos originales que permitan el acceso a los usuarios a datos verdaderamente abiertos?

¿Cuánto cuesta que levanten un acta o minuta de todo proceso deliberativo y de toma de decisión para hacerlo público en formatos electrónicos?

¿Cuánto cuesta publicar proactivamente la información de interés público y responder sustancialmente a las solicitudes de información que le sean formuladas?

De ese tipo son los 76 puntos faltantes que hoy tienen en el grupo de reprobados en transparencia al estado de San Luis Potosí. Cuestiones de voluntad cuyo costo no puede tazarse en monetario, sino en el temor de perder las ventajas poco lícitas que les da su acostumbrada opacidad.

Fingir demencia, ¿estrategia de opacidad?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Copia en formato electrónico de los resultados de todas las encuestas contratadas por el gobierno del estado, de septiembre de 2003 a la fecha”. En esos términos se presentó la primera solicitud de información a través de Infomex-SLP a las 15:10 horas del 20 de marzo de 2009, tres horas después de que presuntamente se puso en operación.

El clic inicial que dio el gobernador Marcelo de los Santos tuvo un efecto retardado, pero cuando menos el sistema entró en operación el mismo día y permitió que fuera a su propia Secretaría Particular a la que se presentara la primera petición.

“Se le indica que la información deberá solicitarla a Comunicación Social de Gobierno del Estado”, con esa repuesta la Secretaría Particular inauguró la evasión con la que, desde entonces, justo al vencimiento del plazo remiten al solicitante a cualquier otra dependencia.

La historia de aquella petición siguió una ruta larga que aún no termina. Tras pasar por la pachorra de una Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), terminó en multa para la ex vocera de gobierno con algunos episodios recientes y –eso sí– sin que el solicitante recibiera la información pedida.

Si bien existió una etapa en la que se lograban respuestas aceptables vía Infomex, en los últimos tiempos aquel sello original de evasión ha vuelto con tal fuerza, que hay casos en los que la forma evasiva de atender el derecho de acceso a la información pública raya en la burla en contra de quien pidió la información.

De entrada, en el caso de la Secretaría Particular del gobernador, que entregue la información que le requieren es la excepción porque la regla es remitir al peticionario a cualquier otra dependencia.

En su afán por negarse a responder, son capaces de exhibirse como analfabetas funcionales que leen sin entender, o con un cierto retraso mental que, por inverosímil, se convierten en una verdadera burla contra el solicitante.

El pasado viernes, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental respondió nueve solicitudes de información con otra fórmula evasiva: la solicitud no es clara. Así, a las preguntas sobre los operativos de Semana Santa pidió “que señale en qué fecha fue el operativo de semana santa”.

A quien preguntó por los resguardos vehiculares de un funcionario le rechazó la petición porque “es ambigua al no señalar si los vehículos son públicos y privados”, como si la dependencia emitiera resguardos sobre autos particulares. Al peticionario que preguntó sobre la asistencia a reuniones del Consejo Forestal le requirió “que señale las fechas de las reuniones”.

Negó informar sobre los programas federales para áreas naturales protegidas de competencia estatal porque “es ambigua ya que no señala a quien se refiere que ha implementado los programas referidos”, y sobre las obras de mejoramiento de las áreas protegidas por “no señalar que autoridad ha realizado dichas mejoras”.

En esa fingida incapacidad para aplicar el obligado principio de máxima publicidad que ordena la Ley, funcionarios como los de la SEGAM también simulan ignorar que para tales aclaraciones Infomex cuenta con la opción “Prevención a la Solicitud”, que da oportunidad al peticionario de hacer la aclaración.

Hasta el pasado viernes, 48 dependencias habían proporcionado 936 respuestas vía Infomex. Una revisión muestra que, como esas dos formas evasivas para responder (mandar a otra dependencia o pedir aclaración sin opción para que el solicitante la presente), se pueden caracterizar otras tantas.

La propia CEGAIP usó una forma diferente al negarse a responder a la organización Artículo 19 porque la razón social de esa agrupación no acreditaba personalidad alguna, lo que contribuyó para que figurara en el ranking como la peor Comisión del país.

Sí, el mismísimo organismo garante incurre en las mismas prácticas. El pasado viernes, igual que la SEGAM, respondió una solicitud que requería aclaración con una sola frase: “no especifica lo solicitado”.

Ahora que, si en su defensa para negar que son opacos aseguran que no están fingiendo… ¿cómo es que están ahí?

Seguir el dinero público

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando a principios de 2004 en la entonces Comisión de Transparencia del Congreso del Estado se discutía sobre la inclusión en la ley, como obligación de difusión de oficio, la publicación del listado de los cheques emitidos a diario por cada dependencia se argumentaba un blindaje a la correcta aplicación de los recursos por una vieja vía conocida: exponer la huella del dinero.

Que cualquier persona pudiera consultar en los sitios de transparencia de los entes gubernamentales, desde el Ejecutivo estatal hasta las alcaldías, la aplicación diaria del erario, se pensó, inhibiría su desvío, pero también permitiría a cualquier ciudadano un seguimiento que pudiera detectarlo.

Entonces los funcionarios de la Secretaría de Finanzas argumentaron que sería imposible por el volumen de movimientos bancarios de la dependencia. Los técnicos de la misma secretaría se acercaron a los legisladores para, sin que se enteraran sus jefes, explicar que los sistemas de cómputo hacían posible tal publicación, pues generan reportes diarios de esos movimientos.

A diez años, la publicación de la relación de cheques –aunque ya forma parte de la Ley– está muy lejos de llegar al punto que se propuso. Aunque son administradores de los recursos que vía impuestos aporta la población, los funcionarios regatean la información y no sólo la publican con retraso, sino que la presentan incompleta.

Adicionalmente, optan por utilizar formatos que dificultan y desincentivan la consulta. Quien quiera hacerlo deberá armarse de paciencia para examinar cientos de páginas para encontrar un listado confuso en el que, de pronto, encontrará saltos en la secuencia de los números folio, en clara señal de que se oculta el destino de un documento.

Si quiere dar seguimiento a algún aspecto del gasto que le interese, deberá buscarlo, por ejemplo, en listados de a 3.2 cheques por página en el caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, o 9.6 por página de los del Congreso del Estado, o de a 23.12 por página en el caso del Ayuntamiento.

A menor cantidad de cheques por página mayor dificultad para la consulta, pero también para procesar los archivos de manera que se puedan convertir a formatos que faciliten la consulta, como Excel que, irónicamente, es el programa con el que las dependencias generan los documentos la dificultan.

Realizar ese proceso inverso permite, por ejemplo, detectar que el Congreso del Estado reportó durante 2013 la emisión de 4 mil 651 cheques y 79 transferencias que sumaron 245 millones 317 mil 70.84 pesos, en tanto que el Ayuntamiento reportó 2 mil 913 movimientos que acumularon 578 millones 292 mil 675.24 pesos.

Por sentido común, si la ley los obliga a reportar todos sus movimientos, las dos cifras anteriores deberían coincidir con el presupuesto que ejercieron durante ese periodo.

El Congreso del Estado tuvo un presupuesto para 2013 de 243 millones 614 mil 841.52 pesos que, contrastado con los gastos reportados, muestra que gastó un millón 702 mil 229.32 pesos de más. La forma en que los gastó (o malgastó) es motivo de una revisión detallada de la relación completa, sobre todo por conceptos que ocultan el verdadero destino de los recursos.

En el caso del Ayuntamiento, su presupuesto para 2013 fue de 2 mil 317 millones 813 mil 470.80 pesos, lo que significa que en su reporte de movimientos bancarios ocultó la aplicación de mil 739 millones 520 mil 805.56 pesos, independientemente de lo ocultado por conceptos imprecisos.

Una verdadera vocación de transparencia se mostraría si la primera preocupación de los funcionarios fuera exponer claramente la aplicación exacta de la totalidad de los recursos que administran, mediante el aprovechamiento de los recursos que la tecnología hoy permite, para simplificarlo y hacerlo accesible a todos.

Que dificulten la consulta es una traición a quienes aportan con sus impuestos los recursos que administran. Que oculten información es ya una agresión que los convierte sospechosos de un mal uso del dinero de todos… por muy que entre ellos se repartan calificaciones de excelencia en transparencia.

Operación política,

¿opacidad para aparentar?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Una plaza de armas limpia y transparente, como la que amaneció el pasado sábado, esconde una historia más de la opacidad con la que el actual gobierno estatal se ha caracterizado. Cual si fuera un milagro para anunciar el domingo de ramos, a diversos grupos de manifestantes algo los inspiró para levantar sus protestas.

Ni quienes se retiraron ni quienes negociaron el retiro consideraron necesario hacer públicas las razones que permitieron que, lo que no se pudo destrabar en más de siete meses, fuera posible la víspera del inicio de la Semana Santa.

Lo más que se dio fue un escueto comunicado por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE). “Nos retiramos, con minutas firmadas y acuerdos establecidos que benefician a nuestros trabajadores”, señala el comunicado del SITTGE.

De que había negociaciones desde el inicio de los plantones con los manifestantes nadie lo puede dudar. De que algo cambio en la negociación, el comunicado del SITTGE suelta una críptica explicación: “no se había dado la sensibilidad necesaria, la disposición llegó, y por eso nos retiramos”.

“Sensibilidad necesaria” y  “disposición” son términos tan elásticos cuando se trata de describir la actitud de los funcionarios públicos que, en el caso del SITTGE, hasta donde informan, fueron elementos que llevaron la negociación a la firma de minutas y acuerdos. Si los hace públicos, el SITTGE se revestiría de credibilidad por encima de sus interlocutores y vecinos de plantón.

Pero ese algo, descrito como sensibilidad necesaria y disposición en el único informe público de una de las partes, puede contar con tan variadas posibilidades, que en la visión colectiva no falta quien ve –e incluso no pone en duda– la existencia de arreglos lejanos a las demandas manifiestas y más cercanos a los beneficios particulares de quienes las encabezan.

A la Secretaría General de Gobierno, como responsable de la política interna del estado, le corresponde encabezar la negociación con quienes protestan. Es la dependencia que debería exhibir públicamente esas negociaciones y arreglos, con lo que dejaría en claro qué protestas son genuinas y cuáles buscan beneficios ilegítimos.

No lo hace, ni lo hará, en la medida en que esa opacidad le permite usar tales maniobras como instrumento de control para los fines del grupo dominante, que también se alejan del interés público, que es lo último que les interesa salvaguardar.

Pocas veces se ha conocido públicamente la forma en que fluyen ayudas a líderes de grupos sociales, como en el caso del pliego de observaciones a la Secretaría de Gobierno por parte de la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública de 2009 hecho público tras un litigio de tres años.

Ese antecedente muestra que queda un registro de tales actos y que la sensibilidad y disposición de los funcionarios es ocultarlo. Lo más que se llega a hacer público, y por obligación legal (artículo 19, fracción XI de la Ley de Transparencia), es una incompleta lista de cheques con conceptos de pago prácticamente en clave.

La Secretaría de Gobierno hace pública la lista de cheques de una sola cuenta bancaria de la que, entre el 31 de enero y el 9 de abril, se emitieron 307 documentos, 45 cancelados. El concepto “contingencias sociales y/o naturales” se repite en 4 de cada 10 cheques, y entre los beneficiarios aparecen nombres de integrantes de grupos sociales.

De un millón 361 mil pesos en cheques de esa cuenta, 595 mil pesos (el 43.74 por ciento) fueron para contingencias sociales. Entre que hay algo que permite milagrosamente limpiar la Plaza de Armas y el sospechosismo que es deporte nacional, más le valdría a la autoridad no limitarse a dejar madejas que hacen imaginar inmensos carretes de corrupción.

O no se dan cuenta de la urgencia de transparentar esas cosas buenas que hacen, aunque parezcan malas; o de plano son tan malas que prefieren vivir en el espacio de duda que, al ocultarlo, los coloca en el territorio de la sospecha, desde el que aún pueden alegar inocencia.

Nava: precursor de la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando, en hojas pegadas a la entrada del Palacio Municipal, la administración encabezada por el Doctor Salvador Nava Martínez ponía a disposición de la población la información sobre los ingresos y los gastos del ayuntamiento, difícilmente podía ser una actitud propagandística en busca de la simpatía de los ciudadanos. No lo necesitaba.

Aquel gesto de transparencia, que no podía echar mano de los entonces inexistentes recursos cibernéticos de hoy con capacidad de hacer públicos prácticamente en tiempo real todos los movimientos de ingresos y egresos de la administración gubernamental, anticipaba por varias décadas el derecho de acceso a la información pública.

Hoy se atribuye a ese derecho, como una de sus bondades, tener la capacidad de contribuir a que las autoridades puedan recuperar la confianza de la población, perdida a lo largo de esas décadas en las que se dio la espalda a un ejemplo como el que dieron las dos administraciones navistas en la capital potosina.

Así de diametralmente opuesto resulta el ejercicio actual de la administración pública –con todo y obligaciones legales de transparencia– de lo que, en su auto calificación como democrática, debiera ser.

Los gobiernos verdaderamente aceptados por la mayoría de la población como los que encabezó Nava Martínez tuvieron en la transparencia, practicada con los recursos que tenían a su alcance, una forma de corresponder a la confianza casi ciega que ya tenían de parte de la ciudadanía.

Los gobiernos actuales, propagandísticamente democráticos, ven en la transparencia una amenaza que, de cumplirse a cabalidad, exhibiría con mucha claridad las razones por las que han perdido la confianza de la ciudadanía y, en los hechos, son más usurpadores que representantes populares.

Tal circunstancia los lleva a empeorar la situación: echar mano de los recursos a su alcance –millones y millones de pesos tomados del erario– para armar campañas propagandísticas para engañar a la población con una transparencia simulada. Pagar impuestos se convierte, incluso, en cooperar para ser engañado.

El ejemplo de Nava, de exhibir las cuentas aun sin obligación de hacerlo, pone de manifiesto cuál es la verdadera actitud que debe tener quien ocupa un cargo de representación popular y exhibe la forma en que hoy se desaprovechan los recursos tecnológicos que permitirían el ejercicio de gobiernos más cercanos a la población.

Cumplir mínimos de transparencia es una señal de falta de verdadera voluntad democrática, de la que no se puede esperar esfuerzo alguno para que la poca o mucha información que se haga pública sea presentada de manera accesible y entendible para la mayoría de la población. Es más fácil que recurran a la opacidad por exceso.

Como lo expresó Francisco Martínez Nieto, estudiante de una maestría en Comunicación de la Ciencia, quien prepara una tesis sobre los blogs como medios de comunicación directa entre científicos y público: “si la divulgación se reduce a una rendición de cuentas, entonces constituye un proceso unidireccional, jerárquico y en muchos casos hasta propagandístico”.

Hoy la propaganda oficial pretende ganar la confianza ciudadana con una transparencia a medias, sin una voluntad democrática como la que llevó a los gobiernos de Salvador Nava Martínez a publicar, en una especia de periódico mural, sus cuentas y a ponerlas a disposición en la tesorería para que deseara una mayor explicación.

Así, Nava era una verdadera representación de la expresión ciudadana en contraste con la hoy desconectada expresión desde el poder, que obra sin tomar en cuenta a la ciudadanía, a la que alude sólo como demagógica justificación de actos impopulares y a la que somete con propaganda que la anestesia.

Si Nava, hoy que se cumplen cien años de su nacimiento, valorara la situación, lamentaría en lo que se han convertido los políticos y sus partidos, pero seguramente lamentaría más la inacción y sometimiento ciudadano.