Fingir demencia, ¿estrategia de opacidad?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Copia en formato electrónico de los resultados de todas las encuestas contratadas por el gobierno del estado, de septiembre de 2003 a la fecha”. En esos términos se presentó la primera solicitud de información a través de Infomex-SLP a las 15:10 horas del 20 de marzo de 2009, tres horas después de que presuntamente se puso en operación.

El clic inicial que dio el gobernador Marcelo de los Santos tuvo un efecto retardado, pero cuando menos el sistema entró en operación el mismo día y permitió que fuera a su propia Secretaría Particular a la que se presentara la primera petición.

“Se le indica que la información deberá solicitarla a Comunicación Social de Gobierno del Estado”, con esa repuesta la Secretaría Particular inauguró la evasión con la que, desde entonces, justo al vencimiento del plazo remiten al solicitante a cualquier otra dependencia.

La historia de aquella petición siguió una ruta larga que aún no termina. Tras pasar por la pachorra de una Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), terminó en multa para la ex vocera de gobierno con algunos episodios recientes y –eso sí– sin que el solicitante recibiera la información pedida.

Si bien existió una etapa en la que se lograban respuestas aceptables vía Infomex, en los últimos tiempos aquel sello original de evasión ha vuelto con tal fuerza, que hay casos en los que la forma evasiva de atender el derecho de acceso a la información pública raya en la burla en contra de quien pidió la información.

De entrada, en el caso de la Secretaría Particular del gobernador, que entregue la información que le requieren es la excepción porque la regla es remitir al peticionario a cualquier otra dependencia.

En su afán por negarse a responder, son capaces de exhibirse como analfabetas funcionales que leen sin entender, o con un cierto retraso mental que, por inverosímil, se convierten en una verdadera burla contra el solicitante.

El pasado viernes, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental respondió nueve solicitudes de información con otra fórmula evasiva: la solicitud no es clara. Así, a las preguntas sobre los operativos de Semana Santa pidió “que señale en qué fecha fue el operativo de semana santa”.

A quien preguntó por los resguardos vehiculares de un funcionario le rechazó la petición porque “es ambigua al no señalar si los vehículos son públicos y privados”, como si la dependencia emitiera resguardos sobre autos particulares. Al peticionario que preguntó sobre la asistencia a reuniones del Consejo Forestal le requirió “que señale las fechas de las reuniones”.

Negó informar sobre los programas federales para áreas naturales protegidas de competencia estatal porque “es ambigua ya que no señala a quien se refiere que ha implementado los programas referidos”, y sobre las obras de mejoramiento de las áreas protegidas por “no señalar que autoridad ha realizado dichas mejoras”.

En esa fingida incapacidad para aplicar el obligado principio de máxima publicidad que ordena la Ley, funcionarios como los de la SEGAM también simulan ignorar que para tales aclaraciones Infomex cuenta con la opción “Prevención a la Solicitud”, que da oportunidad al peticionario de hacer la aclaración.

Hasta el pasado viernes, 48 dependencias habían proporcionado 936 respuestas vía Infomex. Una revisión muestra que, como esas dos formas evasivas para responder (mandar a otra dependencia o pedir aclaración sin opción para que el solicitante la presente), se pueden caracterizar otras tantas.

La propia CEGAIP usó una forma diferente al negarse a responder a la organización Artículo 19 porque la razón social de esa agrupación no acreditaba personalidad alguna, lo que contribuyó para que figurara en el ranking como la peor Comisión del país.

Sí, el mismísimo organismo garante incurre en las mismas prácticas. El pasado viernes, igual que la SEGAM, respondió una solicitud que requería aclaración con una sola frase: “no especifica lo solicitado”.

Ahora que, si en su defensa para negar que son opacos aseguran que no están fingiendo… ¿cómo es que están ahí?

Seguir el dinero público

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando a principios de 2004 en la entonces Comisión de Transparencia del Congreso del Estado se discutía sobre la inclusión en la ley, como obligación de difusión de oficio, la publicación del listado de los cheques emitidos a diario por cada dependencia se argumentaba un blindaje a la correcta aplicación de los recursos por una vieja vía conocida: exponer la huella del dinero.

Que cualquier persona pudiera consultar en los sitios de transparencia de los entes gubernamentales, desde el Ejecutivo estatal hasta las alcaldías, la aplicación diaria del erario, se pensó, inhibiría su desvío, pero también permitiría a cualquier ciudadano un seguimiento que pudiera detectarlo.

Entonces los funcionarios de la Secretaría de Finanzas argumentaron que sería imposible por el volumen de movimientos bancarios de la dependencia. Los técnicos de la misma secretaría se acercaron a los legisladores para, sin que se enteraran sus jefes, explicar que los sistemas de cómputo hacían posible tal publicación, pues generan reportes diarios de esos movimientos.

A diez años, la publicación de la relación de cheques –aunque ya forma parte de la Ley– está muy lejos de llegar al punto que se propuso. Aunque son administradores de los recursos que vía impuestos aporta la población, los funcionarios regatean la información y no sólo la publican con retraso, sino que la presentan incompleta.

Adicionalmente, optan por utilizar formatos que dificultan y desincentivan la consulta. Quien quiera hacerlo deberá armarse de paciencia para examinar cientos de páginas para encontrar un listado confuso en el que, de pronto, encontrará saltos en la secuencia de los números folio, en clara señal de que se oculta el destino de un documento.

Si quiere dar seguimiento a algún aspecto del gasto que le interese, deberá buscarlo, por ejemplo, en listados de a 3.2 cheques por página en el caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, o 9.6 por página de los del Congreso del Estado, o de a 23.12 por página en el caso del Ayuntamiento.

A menor cantidad de cheques por página mayor dificultad para la consulta, pero también para procesar los archivos de manera que se puedan convertir a formatos que faciliten la consulta, como Excel que, irónicamente, es el programa con el que las dependencias generan los documentos la dificultan.

Realizar ese proceso inverso permite, por ejemplo, detectar que el Congreso del Estado reportó durante 2013 la emisión de 4 mil 651 cheques y 79 transferencias que sumaron 245 millones 317 mil 70.84 pesos, en tanto que el Ayuntamiento reportó 2 mil 913 movimientos que acumularon 578 millones 292 mil 675.24 pesos.

Por sentido común, si la ley los obliga a reportar todos sus movimientos, las dos cifras anteriores deberían coincidir con el presupuesto que ejercieron durante ese periodo.

El Congreso del Estado tuvo un presupuesto para 2013 de 243 millones 614 mil 841.52 pesos que, contrastado con los gastos reportados, muestra que gastó un millón 702 mil 229.32 pesos de más. La forma en que los gastó (o malgastó) es motivo de una revisión detallada de la relación completa, sobre todo por conceptos que ocultan el verdadero destino de los recursos.

En el caso del Ayuntamiento, su presupuesto para 2013 fue de 2 mil 317 millones 813 mil 470.80 pesos, lo que significa que en su reporte de movimientos bancarios ocultó la aplicación de mil 739 millones 520 mil 805.56 pesos, independientemente de lo ocultado por conceptos imprecisos.

Una verdadera vocación de transparencia se mostraría si la primera preocupación de los funcionarios fuera exponer claramente la aplicación exacta de la totalidad de los recursos que administran, mediante el aprovechamiento de los recursos que la tecnología hoy permite, para simplificarlo y hacerlo accesible a todos.

Que dificulten la consulta es una traición a quienes aportan con sus impuestos los recursos que administran. Que oculten información es ya una agresión que los convierte sospechosos de un mal uso del dinero de todos… por muy que entre ellos se repartan calificaciones de excelencia en transparencia.

Operación política,

¿opacidad para aparentar?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Una plaza de armas limpia y transparente, como la que amaneció el pasado sábado, esconde una historia más de la opacidad con la que el actual gobierno estatal se ha caracterizado. Cual si fuera un milagro para anunciar el domingo de ramos, a diversos grupos de manifestantes algo los inspiró para levantar sus protestas.

Ni quienes se retiraron ni quienes negociaron el retiro consideraron necesario hacer públicas las razones que permitieron que, lo que no se pudo destrabar en más de siete meses, fuera posible la víspera del inicio de la Semana Santa.

Lo más que se dio fue un escueto comunicado por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE). “Nos retiramos, con minutas firmadas y acuerdos establecidos que benefician a nuestros trabajadores”, señala el comunicado del SITTGE.

De que había negociaciones desde el inicio de los plantones con los manifestantes nadie lo puede dudar. De que algo cambio en la negociación, el comunicado del SITTGE suelta una críptica explicación: “no se había dado la sensibilidad necesaria, la disposición llegó, y por eso nos retiramos”.

“Sensibilidad necesaria” y  “disposición” son términos tan elásticos cuando se trata de describir la actitud de los funcionarios públicos que, en el caso del SITTGE, hasta donde informan, fueron elementos que llevaron la negociación a la firma de minutas y acuerdos. Si los hace públicos, el SITTGE se revestiría de credibilidad por encima de sus interlocutores y vecinos de plantón.

Pero ese algo, descrito como sensibilidad necesaria y disposición en el único informe público de una de las partes, puede contar con tan variadas posibilidades, que en la visión colectiva no falta quien ve –e incluso no pone en duda– la existencia de arreglos lejanos a las demandas manifiestas y más cercanos a los beneficios particulares de quienes las encabezan.

A la Secretaría General de Gobierno, como responsable de la política interna del estado, le corresponde encabezar la negociación con quienes protestan. Es la dependencia que debería exhibir públicamente esas negociaciones y arreglos, con lo que dejaría en claro qué protestas son genuinas y cuáles buscan beneficios ilegítimos.

No lo hace, ni lo hará, en la medida en que esa opacidad le permite usar tales maniobras como instrumento de control para los fines del grupo dominante, que también se alejan del interés público, que es lo último que les interesa salvaguardar.

Pocas veces se ha conocido públicamente la forma en que fluyen ayudas a líderes de grupos sociales, como en el caso del pliego de observaciones a la Secretaría de Gobierno por parte de la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública de 2009 hecho público tras un litigio de tres años.

Ese antecedente muestra que queda un registro de tales actos y que la sensibilidad y disposición de los funcionarios es ocultarlo. Lo más que se llega a hacer público, y por obligación legal (artículo 19, fracción XI de la Ley de Transparencia), es una incompleta lista de cheques con conceptos de pago prácticamente en clave.

La Secretaría de Gobierno hace pública la lista de cheques de una sola cuenta bancaria de la que, entre el 31 de enero y el 9 de abril, se emitieron 307 documentos, 45 cancelados. El concepto “contingencias sociales y/o naturales” se repite en 4 de cada 10 cheques, y entre los beneficiarios aparecen nombres de integrantes de grupos sociales.

De un millón 361 mil pesos en cheques de esa cuenta, 595 mil pesos (el 43.74 por ciento) fueron para contingencias sociales. Entre que hay algo que permite milagrosamente limpiar la Plaza de Armas y el sospechosismo que es deporte nacional, más le valdría a la autoridad no limitarse a dejar madejas que hacen imaginar inmensos carretes de corrupción.

O no se dan cuenta de la urgencia de transparentar esas cosas buenas que hacen, aunque parezcan malas; o de plano son tan malas que prefieren vivir en el espacio de duda que, al ocultarlo, los coloca en el territorio de la sospecha, desde el que aún pueden alegar inocencia.

Nava: precursor de la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando, en hojas pegadas a la entrada del Palacio Municipal, la administración encabezada por el Doctor Salvador Nava Martínez ponía a disposición de la población la información sobre los ingresos y los gastos del ayuntamiento, difícilmente podía ser una actitud propagandística en busca de la simpatía de los ciudadanos. No lo necesitaba.

Aquel gesto de transparencia, que no podía echar mano de los entonces inexistentes recursos cibernéticos de hoy con capacidad de hacer públicos prácticamente en tiempo real todos los movimientos de ingresos y egresos de la administración gubernamental, anticipaba por varias décadas el derecho de acceso a la información pública.

Hoy se atribuye a ese derecho, como una de sus bondades, tener la capacidad de contribuir a que las autoridades puedan recuperar la confianza de la población, perdida a lo largo de esas décadas en las que se dio la espalda a un ejemplo como el que dieron las dos administraciones navistas en la capital potosina.

Así de diametralmente opuesto resulta el ejercicio actual de la administración pública –con todo y obligaciones legales de transparencia– de lo que, en su auto calificación como democrática, debiera ser.

Los gobiernos verdaderamente aceptados por la mayoría de la población como los que encabezó Nava Martínez tuvieron en la transparencia, practicada con los recursos que tenían a su alcance, una forma de corresponder a la confianza casi ciega que ya tenían de parte de la ciudadanía.

Los gobiernos actuales, propagandísticamente democráticos, ven en la transparencia una amenaza que, de cumplirse a cabalidad, exhibiría con mucha claridad las razones por las que han perdido la confianza de la ciudadanía y, en los hechos, son más usurpadores que representantes populares.

Tal circunstancia los lleva a empeorar la situación: echar mano de los recursos a su alcance –millones y millones de pesos tomados del erario– para armar campañas propagandísticas para engañar a la población con una transparencia simulada. Pagar impuestos se convierte, incluso, en cooperar para ser engañado.

El ejemplo de Nava, de exhibir las cuentas aun sin obligación de hacerlo, pone de manifiesto cuál es la verdadera actitud que debe tener quien ocupa un cargo de representación popular y exhibe la forma en que hoy se desaprovechan los recursos tecnológicos que permitirían el ejercicio de gobiernos más cercanos a la población.

Cumplir mínimos de transparencia es una señal de falta de verdadera voluntad democrática, de la que no se puede esperar esfuerzo alguno para que la poca o mucha información que se haga pública sea presentada de manera accesible y entendible para la mayoría de la población. Es más fácil que recurran a la opacidad por exceso.

Como lo expresó Francisco Martínez Nieto, estudiante de una maestría en Comunicación de la Ciencia, quien prepara una tesis sobre los blogs como medios de comunicación directa entre científicos y público: “si la divulgación se reduce a una rendición de cuentas, entonces constituye un proceso unidireccional, jerárquico y en muchos casos hasta propagandístico”.

Hoy la propaganda oficial pretende ganar la confianza ciudadana con una transparencia a medias, sin una voluntad democrática como la que llevó a los gobiernos de Salvador Nava Martínez a publicar, en una especia de periódico mural, sus cuentas y a ponerlas a disposición en la tesorería para que deseara una mayor explicación.

Así, Nava era una verdadera representación de la expresión ciudadana en contraste con la hoy desconectada expresión desde el poder, que obra sin tomar en cuenta a la ciudadanía, a la que alude sólo como demagógica justificación de actos impopulares y a la que somete con propaganda que la anestesia.

Si Nava, hoy que se cumplen cien años de su nacimiento, valorara la situación, lamentaría en lo que se han convertido los políticos y sus partidos, pero seguramente lamentaría más la inacción y sometimiento ciudadano.

Transparencia:

Hipocresía legislativa y complicidad

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por el principio de máxima publicidad”. La expresión no es nueva y ha estado presente en la legislación de la materia desde que se publicó la primera Ley de Transparencia el 20 de marzo de 2003.

Tampoco es novedad que los actuales diputados se envuelvan con la bandera de la transparencia e incorporen ese principio a un artículo más de la actual ley, con lo que ya suman cinco los que hacen referencia a él.

Sí, a partir del pasado 17 de enero, el principio de máxima publicidad, además de aparecer en los artículos 7, 10, 14 y 84, también aparece en el artículo 5.

Donde no aparece ese principio es en la tendencia a la opacidad por parte de los entes gubernamentales, incluyendo a los diputados, para quienes la transparencia es de dientes para afuera o, mejor dicho, de adecuaciones lucidoras a la ley… y hasta ahí.

Están por cumplirse dos meses de que no se actualiza la relación de cheques emitidos por el Congreso, cuando antes se actualizaba a diario. No es el único rubro en el que incumplen la ley, pero sí el más significativo por ser en el que destacaba contra todos los entes públicos.

Pero no sólo incumplen sus obligaciones de difusión de oficio, sino que en la atención a solicitudes de información aplican exactamente lo contrario a lo que escriben en la ley, con la complicidad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Un solicitante de información tuvo que llegar hasta la queja ante la CEGAIP para tratar de conocer en qué se gastan los diputados los recursos asignados como gastos médicos menores. Los diputados ordenaron a su Unidad de Información testar los conceptos y productos de sus compras en las facturas, y la CEGAIP lo avaló.

Con tal ocultamiento los diputados buscan evitar escándalos como el de la compra de productos relajantes, como Dalay, de estimulantes de la potencia sexual o hasta cepillos de dientes con figuritas de Barbie, pero también exhiben su hipocresía legislativa.

“Al beneficiarse con recursos públicos las personas físicas o morales aceptan que toda la información relacionada con esa prestación es pública”, agregaron a la ley en el decreto publicado el 16 de enero en el Periódico Oficial. O los diputados no se sienten personas, o son incapaces de asumir lo que ellos mismos plasmaron en la ley.

Así es como los diputados atentan contra el fortalecido principio de máxima publicidad en la Ley, para lo cual la propia CEGAIP se ha convertido en su aliada, según reveló el diputado Juan Pablo Escobar a integrantes de Ciudadanos Observando, a quienes dijo que la Comisión los asesora en la elaboración de las respuestas.

Con esta forma de ocultamiento de cada vez más información por parte de quienes ordenan en la Ley mayor apertura, no se puede estar ante peor panorama de complicidad a favor de la opacidad, cuyos efectos en otros entes encuentran sus propias vías para negar información pública, incluso aquella que la ley ordena difundir de oficio.

Tal es el caso de los cheques emitidos desde las cuentas que dejó el gobierno de Marcelo de los Santos a la Administración actual, negados a un solicitante por la Secretaría de Finanzas y que la CEGAIP ya había ordenado que se hicieran públicos.

La dependencia estatal recurrió a la maniobra de afirmar no contar con los documentos por aportarlos en el juicio contra ex funcionarios que se lleva ante el Juzgado Tercero Penal, cual si no pudiera solicitar copia de sus movimientos bancarios a la institución crediticia o no debieran formar parte de las relaciones publicadas en internet.

La CEGAIP no sólo ignoró el carácter público de la información y su propia resolución, sino que la dio porcumplida, en un acto que deja en estado de indefensión a cualquier solicitante de información, a menos que tenga ánimos de recurrir a la justicia federal para hacer valer un derecho que la Constitución General de la República ordena que debe ser expedito.

Sí, “toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por el principio de máxima publicidad”… hasta donde la complicidad de los opacos lo permita.

Sin transparencia, sospecha de sobregiro por 61.4 mdp

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública (DAIP) no está en la voluntad real de una autoridad, la transparencia de la gestión pública no es más que un discurso que busca provocar entre la población una buena impresión.

El DAIP tiene una vertiente que da la oportunidad a los funcionarios de lucir de manera indudable su convicción a favor de la transparencia en la obligación que tienen de difundir de oficio información básica sobre sus acciones y el uso que dan a los recursos públicos.

Ese campo abierto, que sólo tiene como límites, en el funcionario su voluntad e imaginación, y en la ley la protección de datos personales y las causales de reserva, ha sido desaprovechado con un disfraz a modo, confeccionado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

En sus evaluaciones de transparencia, la CEGAIP convirtió en meta máxima de transparencia el cumplimiento mínimo de las obligaciones de difusión de los artículos 18 y 25 de la Ley de Transparencia, sin reconocer ejercicios que pudieran abrir la información pública más allá.

Con esa mediocridad convertida en excelencia, y calificaciones de transparencia casi perfecta, la difusión de oficio quedó muy lejos de poner al alcance de la población información tan elemental como, por ejemplo, conocer las próximas actividades de una autoridad porque lo que se difunde es la agenda del mes anterior.

La transparencia la redujeron a un juego de colocar en la vitrina pública lo que en la evaluación de la CEGAIP aporta puntos, sin importar si se atiende al DAIP y a dar a la sociedad información útil, por su pertinencia y oportunidad. Y la mediocridad se presume como excelencia.

Este fin de semana fue el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez el que presumió una calificación de 98 en la evaluación CEGAIP, lo que implicaría que el organismo garante le tolera violar la ley en el 2 por ciento restante. A los que no les dio para presumir es porque la violación a la norma es mayor.

Mario García Valdez, alcalde de San Luis Potosí, llegó al extremo de solicitar a la CEGAIP los resultados de una evaluación apenas dos días antes de su primer informe (pág. 26) para poder presumir un cumplimiento del 100 por ciento de las mediocres exigencias de la Comisión.

Lo único que dejan expuesto de manera transparente es su afán de usar el tema para ganar buena imagen, cuando la falta de voluntad para aplicarlo de manera real la exponen, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento capitalino, en la no publicación del presupuesto detallado que aplicarán este año ni de los cheques emitidos en los últimos dos meses.

Si un potosino quiere saber cómo gastará el ayuntamiento los más de 2 mil 41 millones de pesos que tiene como presupuesto, tiene que rastrearlo en las actas de las sesiones de Cabildo hasta encontrarlo en la del 18 de diciembre de 2013. 

Si hubiera verdadera voluntad de transparencia, esa sería de las primeras informaciones que se pudieran consultar en su sitio Web. Más aún, su publicación iría acompañada de actualizaciones permanentes con la forma en que se ha ejercido cada rubros, de manera que sea verificable su cumplimiento.

De hacerlo, filtraciones como un documento salido de las oficinas de los regidores saldrían sobrando. El documento menciona 26 rubros en los que García Valdez ha incurrido en sobregiros, cuatro plenamente identificados en las claves presupuestales, con gastos excedidos en porcentajes que van del 86 al 844 por ciento.

Sí, el documento de los regidores señala un sobregiro en esas cuentas que acumula 61.4 millones de pesos. Se menciona la partida “Ayudas sociales a personas” con un presupuesto anual de 5 millones 110 mil pesos y en la que, en enero y febrero, ya se gastaron 48 millones 255 mil 332 pesos.

Al margen de la certeza en la información en posesión de los regidores, la machacona presunción de transparencia obliga a citar a la filósofa española Victoria Camps: “Si la decencia y la honradez impregnan las conductas, la propaganda y el marketing para demostrar el buen hacer están de más. La buena imagen no es otra cosa que un subproducto del buen actuar”.

Transparencia: un principio-ley para desobedecer

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Esta ley instituye en un principio que toda la información en poder de la autoridad es pública, sin necesidad de acreditar interés jurídico o legitimidad, y que esa información se proporcionará de manera pronta y expedita a los ciudadanos”, señala el decreto 486, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2003.

Con su publicación, el principio se convirtió en una orden para los funcionarios públicos y, a once años de que aquello ocurrió, lejos de llamar a obediencia, hoy parece ser mera vestimenta de discursos políticamente correctos para aparentar lo que poca voluntad tienen para aceptar: que se documente y publique cómo toman las decisiones y cómo gastan los recursos públicos.

Todo empleado que recibe una orden siente apremio por cumplirla. Que los funcionarios públicos sientan apremio por ocultar sus actos a pesar de que la ley ordena su publicidad es una de tantas señales de que no se sienten empleados de quienes pagamos su sueldo vía impuestos.

Lo que hoy difunden de oficio los entes públicos no es producto de su voluntad y está muy lejos de ser lo que una política real de transparencia pondría a disposición de la población en general, por lo incompleto de la información, su falta de pertinencia y, sobre todo, de oportunidad.

Ni el propio organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la CEGAIP, es capaz de documentar sus actos y difundirlos abiertamente.

La documentación relativa al proceso de renovación de la dirección del Sistema Estatal de Documentación y Archivo, por ejemplo, sólo tuvo una aparición intermitente en su sitio Web y de pronto Claudia Josefina Contreras Páez apareció como titular del área. Hoy la única huella pública de ese proceso es la referencia que hay en el acta del 17 de diciembre.

El Congreso del Estado, institución de la que emanó la orden, dio un gran salto hacia atrás (a antes de 2006) al eliminar la publicación de los cheques emitidos el mismo día para hacerlo con más de un mes de retraso, además de haber girado la instrucción a su Unidad de Información de negar la respuesta a cualquier solicitud relacionada con comprobación de gastos de los diputados.

El Poder Judicial ha adoptado como estrategia remitir a todo solicitante a direcciones electrónicas donde presuntamente se encuentra la información, así se la hayan solicitado copias de documentos específicos, como ocurrió con el acta de la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 30 de enero pasado.

La solicitante debió aclarar al Poder Judicial que su solicitud versaba sobre la totalidad del acta y no sobre algún tema en particular como se le requirió por parte de Alvaro Eguía, presidente del Tribunal, en una acción que, por innecesaria, tiene los tintes de una maniobra para inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En el Poder Ejecutivo ese tipo de maniobras están a la orden del día, al grado de que ni con las tardías resoluciones de la CEGAIP se pone a disposición de los solicitantes la información, como el caso de los documentos relacionados con el adeudo por 70 millones de pesos de Grupo Santos.

La agrupación Ciudadanos Observando padece directamente esa actitud opaca, al obtener a cuentagotas documentos solicitados para tratar de demostrar el destino de los recursos obtenidos por el impuesto de tenencia vehicular. No sólo enfrentan el regateo de la documentación, sino hasta comunicados que pretenden desacreditar las conclusiones a las que ellos llegan.

Si la manifiesta inquietud ciudadana es sobre el destino preciso de lo obtenido por el impuesto de tenencia vehicular, ¿qué le impide al gobierno hacer públicos todos los documentos que establezcan la ruta exacta de esos recursos, desde que son recaudados hasta el momento en que son aplicados en el gasto público?

El gran impedimento, ni duda cabe, es que sienten el apremio por ocultar sus actos que, unido a la poca credibilidad de que goza actualmente la función pública, abre un amplio espacio a la sospechas de corrupción. De no ser así, tienen todo para demostrar lo contrario: basta con que obedezcan el principio que este jueves cumple once años de ser ley.