Autonomía a la potosina

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Haiga sido como haiga sido”, diría Felipe Calderón, Yolanda Camacho Zapata es hoy la presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

De los tres actuales integrantes de la CEGAIP, ella es quien ha asumido un mayor protagonismo en el tema de transparencia, tanto desde su función como directora de capacitación, como por la forma en que se auto promocionó para llegar a donde hoy se encuentra.

Aunque las formas no hayan sido las más deseables en quien aspira a garantizar un derecho fundamental, como el de acceso a la información pública, por los datos que conscientemente prefirió ocultar a sabiendas de que la descalificaban, hoy su nombramiento está consumado.

En enero de 2013, seis meses antes de su nombramiento como comisionada, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM) publicó el libro La transparencia en México: avances, retos y prospectivas.

Como parte de esa publicación, se incorporó el artículo Autonomía a la mexicana: el caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, firmado por Alfonso Serment Gómez, Oscar Villalpando Devo y Yolanda Camacho, a quienes se identifica como comisionados de la CEGAIP.

El INFOEM descarta que la referencia del cargo haya sido un error de ellos, pues el artículo lo recibieron con esas firmas e identificaciones. 

A través de solicitudes de información a la CEGAIP, que en todo momento evitó entregar la copia del documento original enviado, se estableció que el envío del texto se hizo desde el correo electrónico de Camacho. En la respuesta evitaron proporcionar el archivo adjunto que ya fue motivo de otra solicitud de información.

Si bien no se puede afirmar de manera categórica que se ostentó como comisionada seis meses antes de serlo, tampoco se conoce acción de su parte para hacer alguna aclaración, sobre todo porque los editores señalan que no fue error de ellos. En lugar de eso, se conoce el esfuerzo por ocultar la información que despejaría las dudas.

El texto de la CEGAIP en el libro del INFOEM es el único firmado por tres personas. De los 16 restantes, 11 los firman los presidentes de los organismos garantes, tres son firmados por comisionados o consejeros y dos por secretarios ejecutivos.

Entre el personal de la CEGAIP es conocida la urgencia de Camacho porque su firma apareciera en el artículo, pues le es útil para acreditar publicaciones con registro ISBN en el doctorado en Historia que cursa en la UNAM, que comenzó con beca de Conacyt, incompatible con su puesto en la CEGAIP, y sobre la que no hay datos disponibles de que haya renunciado a ese beneficio.

Aunque es más lo que no se sabe sobre actos de interés público de quien hoy encabezará al organismo garante de la transparencia en el estado, por lo menos en su participación en el libro La transparencia en México: avances, retos y prospectivas, deja algunas posturas que la comprometen.

Por ejemplo, lo primero que estará a prueba será su verdadero compromiso con el derecho de acceso a la información pública y no con los intereses de los desconocidos compromisos que haya tenido que hacer para alcanzar el cargo.

Para ello, tendrá que hacer valer el concepto que expuso, junto con Serment y Villalpando Devo, sobre la autonomía de la CEGAIP como organismo garante, que a la fecha ha dejado mucho que desear al favorecer en sus resoluciones ampliamente a los entes obligados en perjuicio de los solicitantes de información.

“Resulta natural que los integrantes de estos organismos no se encuentren vinculados con las autoridades, de tal manera que se garantice la imparcialidad de sus decisiones”, afirman en el texto señalado.

Un buen gesto de su parte sería innovar con la presentación de una declaración de intereses, en la que públicamente se conozcan sus vínculos reales con las autoridades para así tener claro el grado de imparcialidad con que habrá de conducirse, ya que en su primer año como comisionada quedaron abiertos espacios de duda, incluso en peticiones de información desatendidas por ella.

No basta con que se excuse de atender asuntos de determinadas dependencia, como lo ha hecho con quejas en contra de la Auditoría Superior del Estado, sino que siendo la cabeza del organismo garante de la transparencia, su actuar debe regirse por los principios del derecho de acceso a la información pública, comenzando por el principio de máxima publicidad.

Irregularidades dignas de reconocimiento

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Hoy que la tecnología permite cada vez más un mayor flujo de información de las autoridades hacia la población, y que las leyes de transparencia obligan a que determinados datos se hagan públicos, resulta inverosímil que existan funcionarios de alto nivel que aún crean que es posible el manejo de campañas propagandísticas para mejorar su imagen.

A tal grado ha llegado ese afán por tratar de manipular la información, que se pretende presentar a las irregularidades que se les señalan como faltas menores, para convertirlas prácticamente en una señal de la honestidad, honradez y transparencia con la que trabajan.

“Lo que tenemos en Soledad (de Graciano Sánchez) es que fue el municipio que menos observaciones tuvo de los 58 ayuntamientos, registró un dos por ciento de observaciones, es un claro ejemplo a seguir”, fueron las declaraciones del diputado Alfonso Díaz de León, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

En la información que hace pública quien encabeza la dictaminación de los informes de auditoría a las cuentas públicas afirma que a Soledad sólo se le señalaron irregularidades por 17 millones de pesos, y enseguida afirma que “pueden ser desahogadas en el transcurso de las próximas semanas”.

Puesta la bola a modo, Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad, minimiza las observaciones a un problema de falta de firmas en algunos documentos, lo que solventaron, según Jesús Emmanuel Ramos Hernández, tesorero soledense, el 15 de mayo, dentro del plazo establecido por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Tanto Díaz de León como los funcionarios soledenses presentan una versión que se acomoda a los intereses de proyectar una imagen de una gestión pública impecable, de no ser porque sus propias declaraciones presentan un panorama muy alejado de la realidad.

El informe final de auditoría a la Cuenta Pública de Soledad de Graciano Sánchez, entregado 15 días después de cuando afirman que solventaron las observaciones, no señala un dos por ciento observado, sino un cinco por ciento. Tampoco se señalan 17 millones de pesos observados, sino 40 millones 615 mil 897 pesos.

Cualquiera de las dos cifras resulta grave, cuando enfrente se pueden conocer casos de personas que se encuentran presas por robar para comer.

El informe, remitido al Congreso del Estado el 26 de mayo, es claro al indicar que se trata de “Observaciones Financieras No Desahogadas”, lo que descarta la afirmación de Gallardo Cardona en el sentido de que se solventaron, según su tesorero, desde el 15 de mayo.

Hoy es posible consultar, no porque la autoridad haga público el documento, el informe completo de la auditoría al ayuntamientode Soledad y algunos otros, que ciudadanos interesados en promover la publicidad sobre el manejo del erario han obtenido y montado en sitios Web particulares.

La comunicación social de las autoridades queda así expuesta en objetivos que distan mucho de pretender ofrecer verdadera información a la ciudadanía, pues mientras en comunicados enviados a los medios se ofrece una versión maquillada de las cuentas, en los documentos (a pesar de la benevolencia del auditor) se vislumbran problemas mayores.

En la medida en que la población aproveche las redes sociales, y todas las posibilidades que da Internet, para conocer de manera directa la información sobre la que declaran los funcionarios, se les dificultará montar escenarios a su conveniencia, y se podrán tener avances en la necesaria búsqueda de desmontar la simulación en que se ha convertido el ejercicio del gobierno.

Los informes finales de las auditorías a las Cuentas Públicas son documentos extensos, cientos de páginas que dificultan su revisión. Pero enfrente tienen que despertar miles de ciudadanos a quienes se abre la posibilidad de que verifiquen por sí mismos los datos relacionados con la obra de su colonia o municipio que se reporta, pero que en realidad no existe o está inconclusa.

Los propios informes de auditoría suelen convalidar situaciones irregulares que aunque en ellos queden expuestas, el benevolente auditor no las señala. ¿Será posible un despertar ciudadano dispuesto a localizarlas y señalarlas para reclamar?

El socavón de la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Si con la salida de Alfonso Serment de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) termina la dirigencia más opaca que ha tenido el organismo de transparencia, con el proceso de elección de su sucesor difícilmente se puede ver la luz al final del túnel.

El cambio de uno de los tres comisionados que la integran deja en la CEGAIP a dos terceras partes de los cómplices del oscurantismo más contradictorio de la institución.

En su recta final, el proceso de renovación parcial de la CEGAIP lejos de mostrarse abierto, ha incorporado actos bajo la sombra no sólo de gran parte de los 17 aspirantes, sino también de los dos comisionados vigentes: Yolanda Camacho y Oscar Alejandro Mendoza.

Así, quienes integrarán la CEGAIP a partir del próximo mes tendrán algo en común: habrán rendido culto a la opacidad como vía comprometedora para obtener los apoyos necesarios para llegar al cargo.

Para nadie es un secreto el cabildeo en el que incurren, aunque todas esas acciones –como el desfile de candidatos por los despachos de los diputados y hasta en la oficina del secretario de gobierno– se realicen con sigilo de parte de quienes se pretenden oficiantes de la transparencia.

El futuro velador de la transparencia será quien esté más dispuesto a pagar la penitencia de su pecado original, la cuota de opacidad. Pero en esta ocasión, que también se elegirá presidente del organismo entre Camacho, Mendoza y quien resulte electo, los dos primeros ya renuevan sus votos con actos de culto como buenos opacos.

Basta revisar su agenda, que por ley deben publicar y por decisión propia lo hacen con un mes de retraso, para notar que no informan sobre ninguno de los encuentros que para promoverse a la presidencia del organismo han tenido con diversos funcionarios y personalidades de la vida pública.

Se trata de entrevistas secretas, y otras no tanto, de las que sólo se sabe a través de testigos circunstanciales cuando, tratándose del tema que debería ser más público, sus presuntos garantes son los primeros en despreciarlo porque les estorba para sus fines. A la transparencia sólo la ven como un disfraz.

Su culto de opacidad lo renuevan permanentemente no sólo con su tendencia a negar el acceso en sus resoluciones de quejas, sino siendo ellos mismos quienes regatean o falsean su información a quien la pide. Ejemplos hay muchos, pero espacio para enumerarlos no.

La solicitud vía Infomex con el folio 00115514 pide “los documentos en donde consten, se adviertan y se describan las acciones, el nombre de los trabajos y los hechos que han realizado” Camacho y Mendoza, así como “copia digital del documento en donde se aprecien los motivos que expresó Yolanda Camacho para ser Comisionada”.

Por respuesta el solicitante sólo recibió un oficio firmado por Mendoza en el que, en 12 cuartillas, expone una especie de informe elaborado a modo de lucimiento, sin remitir ningún documento de los solicitados. La Ley prohíbe procesar información al interés del solicitante, pero el comisionado la procesa a su favor.

Ese caso no es la única solicitud ignorada por Camacho. Una persona ha interpuesto tres solicitudes sin haber logrado aún obtener el documento original que la comisionada envió al organismo garante del Estado de México con un artículo para ser publicado como parte del libro “LaTransparencia en México: avances, retos y prospectiva” (pág. 143).

Con cada solicitud se ha avanzado en conocer qué pasó con el artículo en el que, seis meses antes de ser nombrada comisionada, Camacho ya se ostentaba como tal: el envío lo hizo ella y en Toluca los receptores señalan que desde el original aparece como comisionada. El que algo teme, poco responde.

¿Cuántas cosas son capaces de ocultar los comisionados para protegerse ellos mismos? ¿Cuántas cosas ayudan a ocultar a otros funcionarios para “avanzar” en sus cargos? No, la ruta de la CEGAIP no es un túnel. Es un socavón que la hunde cada vez en mayor opacidad, mientras la transparencia son chispazos que la ciudadanía gana, a golpe de solicitudes de información.

La decadente transparencia potosina

Por José Victoriano Martínez Guzmán

No hay aspirante a incorporarse a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que no se pronuncie por dar agilidad al derecho que deben garantizar y por favorecer que la población conozca mejor las acciones gubernamentales. No obstante, entre los cinco que han resultado electos hasta ahora, ninguno ha hecho honor a sus propuestas.

Es de esperarse que, como en los procesos anteriores, a partir de esta semana se puedan conocer los documentos que los 20 aspirantes presentaron al Congreso del Estado para exponer los motivos por los que buscan ser comisionados y el proyecto de trabajo que proponen para el caso de ser electos.

Si el proceso no se diferencia de los anteriores, se tratará de escritos en los que podrán leerse meras expresiones con la intención de parecer el candidato idóneo, pero que no serán otra cosa que el discurso políticamente correcto de la transparencia que no están dispuestos a convertir en práctica, una vez asumido el cargo.

En los últimos cuatro años la CEGAIP estuvo integrada por primera vez por tres comisionados electos en procesos como el que está marcha, lo que debió ser garantía de que sus integrantes estuvieran auténticamente comprometidos con el derecho de acceso a la información pública (DAIP).

Fue en esos cuatro años, en que la encabezó Alfonso Serment Gómez, cuando el organismo dio las peores cuentas para la ciudadanía que pretendió ejercer su DAIP, y prácticamente se convirtió en una agencia de contención de las intenciones ciudadanas por acceder a la información pública gubernamental.

Las cifras de las resoluciones emitidas durante 2013 así lo muestran. Un solicitante que no haya quedado satisfecho por no haber obtenido la información requerida sólo tuvo en ese año tres posibilidades de cada diez de que la CEGAIP le diera la razón.

Por si negarle la razón fuera insuficiente, en los casos en los que ordenó la entrega de la información, la CEGAIP sigue siendo omisa en la aplicación de medidas de apremio para que los funcionarios cumplan sus resoluciones.

Durante 2013, las dependencias tuvieron casi el doble de posibilidad de mantener oculta la información, que los solicitantes de conocerla, con el aval de la CEGAIP. Los dos comisionados que tras este proceso continuarán en sus cargos son partícipes de esa tendencia.

Oscar Alejandro Mendoza, electo en 2012, durante 2013 por cada tres resoluciones a favor de los solicitantes emitió cuatro a favor de las dependencias. Yolanda Camacho, electa el año pasado, en sus primeros seis meses como comisionada, por cada tres resoluciones a favor del peticionario, emitió cinco en contra.

Tanto Mendoza como Camacho se pronunciaron, en la documentación que presentaron como candidatos, por acercarse más a la ciudadanía y ganar su confianza. Los dos se manifestaron por agilizar los plazos de las resoluciones, que por ley deben darse en 30 días hábiles.

Mendoza, quien ha resuelto casos heredados desde 2010, mantiene un promedio de 197 días naturales para resolver. Camacho, quien en sus primeros seis meses se enfocó sobre quejas sólo de 2013, tiene un promedio de 74. Ignorar el rezago que le dejó Gerardina Ortiz es negar la opción de acceso a un importante grupo de solicitantes, cuyas quejas se turnaron a la ponencia 2.

A pesar de que la ley los obliga a emitir un acuerdo por cada expediente que requiera duplicar el plazo de 30 días para resolver, en las actas del Pleno de la CEGAIP no se registra ningún caso, lo que indica que se viola reincidentemente la ley de transparencia sin ninguna consecuencia.

De entre dos comisionados en funciones, quienes ya mostraron que sus propuestas de trabajo sólo fueron un requisito para participar en la elección y no verdaderas intenciones, y quien resulte electo comisionado en el proceso en curso, surgirá el nuevo presidente de la CEGAIP… tal es el desolador panorama para el derecho de acceso a la información pública en San Luis Potosí.

CEGAIP: elección entre opacos

Por José Victoriano Martínez Guzmán

El pasado 15 de abril se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para la elección del comisionado que habrá de ocupar el lugar de Alfonso Serment Gómez en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), en tanto que la semana pasada transcurrió el periodo para el registro de los aspirantes.

Durante ese mes y medio, 20 personas trabajaron para reunir los requisitos necesarios para poder registrarse como candidatos a ocupar el cargo en una elección indirecta a la que, tanto los electores representantes de la población como los aspirantes, poca importancia dan a ese ese carácter que tiene el proceso.

El comisionado o la comisionada que resulte electa deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes de los representantes populares en el Congreso del Estado. El proceso incluye una elección adicional: seleccionar entre los tres comisionados (los dos actuales y el recién nombrado) a quien ocupe la presidencia de la CEGAIP hoy encabezada por Serment Gómez.

La opacidad con la que les resulta cómodo operar la elección a los diputados responsables del proceso no sólo hace ignorar a sus representados, sino a los términos que ellos mismos establecen en la convocatoria.

“El Honorable Congreso del Estado, con fines exclusivamente de transparencia publicará en su página de Internet www.congresoslp.gob.mx una lista con el nombre de todos los aspirantes a participar en el proceso de elección para integrar la CEGAIP”, dice la convocatoria.

“El Congreso dará a conocer los nombres de los aspirantes una vez que las Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Gobernación se reúnan para sesionar y determinen quiénes sí cumplieron con los requisitos que marcaba la convocatoria”, dice ahora el comunicado tras el cierre del registro.

Publicar los nombres de todos los aspirantes no requiere revisión alguna sobre el cumplimiento de los requisitos, y la forma más apropiada de cumplir los fines de transparencia es la difusión inmediata de la información. Tal vez sea un detalle mínimo, pero no por ello deja de ser una actitud. En los cinco procesos anteriores la publicación del listado de aspirantes fue inmediata.

Más preocupante resulta la actitud de los 20 aspirantes, dados los antecedentes de los cinco casos en los que se ha utilizado este proceso de elección indirecta para seleccionar a los integrantes de la CEGAIP.

No se conoce esfuerzo alguno por parte de los 20 para dar a conocer a los potosinos, a quien pretenden garantizar su derecho de acceso a la información pública, su postulación y las razones por las que se registraron.

Los cinco anteriores casos de elección de comisionado han estado precedidos por un cabildeo de aspirantes ante los diputados y algunas instancias del Poder Ejecutivo, así como padrinazgos que dieron como resultado una CEGAIP a modo de los entes obligados, en detrimento del derecho de acceso a la información pública.

El panorama pinta para convertirse en una reedición de los procesos anteriores en la que, quien mejor garantice la protección de los intereses opacos de los entes obligados tendrá mejores posibilidades de obtener el cargo.

La elección indirecta de presidente de la CEGAIP es un segundo proceso con dos aspirantes ya conocidos (los comisionados Oscar Alejandro Mendoza García y Yolanda E. Camacho Zapata), más quien resulte del proceso en marcha.

Se sabe ya de las autopromociones de Mendoza y Camacho por su aspiración a presidir la CEGAIP, pero sólo como versiones entre los entes públicos que dan cuenta de la forma en que atentan contra el derecho de todos los potosinos por los compromisos de apoyos para cumplir sus aspiraciones personales.

Una perversión de los procesos de elección indirecta que ha llevado a la CEGAIP a ser la peor garante de la transparencia del país, a convertir el derecho de acceso a la información pública en una mera simulación y a mantener la opacidad como manto protector de funcionarios centrados en sí mismos, aun en contra del interés público.

Así se perfila la renovación parcial de la CEGAIP… sin indicios de un cambio en la ruta.

Pederastia, con la camiseta al revés

Por José Victoriano Martínez Guzmán

¿Cuántos asuntos públicos se convierten en conflicto por que se malinterpreta una presunta protección al prestigio de la institución y se opta por ocultar la falta de uno de sus miembros como si fuera una falla del todo? ¿Cuántos casos de estos exhiben la incapacidad de quienes encabezan las instituciones para representarlas en lo que realmente son?

La reacción del arzobispado potosino en el caso del sacerdote Eduardo Córdova Bautista exhibe la forma en que una institución es capaz de moverse en posicionamientos tan contradictorias que pasan de reconocer la existencia de quejas a pedir pruebas y descalificar a quienes revelaron las denuncias, para finalmente llegar a presentar denuncias en contra del cura.

Movimientos que dejan ver las posturas que debaten al interior de la institución para adoptar una versión pública que, lejos de enfocarse en que se haga justicia para las víctimas, tienen la mirada puesta en salvaguardar lo mejor posible el tan vapuleado prestigio de la Iglesia Católica, por la frecuencia de los casos de pederastia revelados.

La poca confianza que inspira tan errática forma de actuar no hace más que trasladar a la institución gran parte de la culpa que debiera recaer en uno de sus miembros, en un efecto contrario al que buscaban, por tratarse de un mal que ellos mismos propiciaron al no tomar las medidas necesarias desde el primer indicio de la existencia de abusos por parte de Córdova.

Pudieron evitar decenas o cientos de víctimas, mantener el caso en la dimensión de un mal elemento de su congregación y, de haber actuado abiertamente y con transparencia desde la primera queja, ahorrarse el que ahora se hayan convertido en cómplices, porque bien se ha dicho que tolerar una injusticia es provocar otra.

Anteponer la imagen de la institución confunde, al grado de llegar a considerar a sus integrantes como su personificación. Lo que haga o deje de hacer la persona es lo que vale o deja de valer la institución.

Una situación que hace recordar al funcionario que reprochaba al compañero que, en atención a la Ley de Transparencia recién entrada en vigor, pedía que se hicieran públicas actas, movimientos bancarios y demás información que mostrara a la ciudadanía el desempeño de la institución.

“Póngase la camiseta del Congreso”, era el reclamo con el que le pedía evitar “exhibir a los diputados”. “Revise como la trae puesta Usted”, recibió por respuesta, “somos servidores públicos y yo la traigo puesta con la vista a quienes debemos atender. Revise la suya, porque seguro la trae al revés”.

Portar la camiseta de una institución es adoptar una serie de creencias, ideas, valores, principios y representaciones colectivas que deben condicionar las conductas para traducir tales conceptos en actos concretos.

Desproteger a una víctima de pederastia clerical, así sea en calidad de presunta, al no tomar medidas preventivas en tanto se dilucida el caso, es más que volverla víctima de una nueva injusticia. Es perder de vista los fines propios de la institución y, en consecuencia, atentar contra ella misma.

Si la reacción de la arquidiócesis potosina tiene tintes de complicidad, la respuesta de las autoridades estatales muestra que cojea del mismo lado, cuando su comunicación social poco se enfoca en mantener informada a la sociedad y se apresura a boletinar versiones que deslinden al gobernador (http://goo.gl/OVQ6n0) de omisiones que afecten su imagen.

El caso Córdova Bautista, con las reacciones de una jerarquía católica que envía un extraño mensaje al poner a la cabeza de sus demandas a Armando Martínez, señalado como defensor de pederastas, y una autoridad civil que reacciona cuando la presión social no le deja alternativa, son un indicador del tipo de representación que tienen las instituciones.

Del mismo modo, muestra que el rescate de las instituciones para lo que son y por lo que son, sólo puede tener como punto de partida una presión social que reivindique derechos, sobre todo en este caso, los de las víctimas.

La ASE y el dilema de la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Aunque el plazo para que entregue los informes finales de auditoría de los 58 ayuntamientos, 23 organismos de agua potable y 21 sistemas DIF municipales, vence el 31 de mayo, José de Jesús Martínez Loredo, auditor superior del Estado, anuncia que esta semana remitirá los primeros a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Se trata de la primera entrega a su cargo y, por tanto, del primer acto de tal magnitud en el que mostrará los alcances de su compromiso con la transparencia, sobre todo en la interpretación que dé a la obligación que le marca el párrafo sexto del artículo 54 de la Constitución Política del Estado.

“La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición”, dice textual el párrafo referido.

Constitucionalmente, la reserva que hoy es válida sobre las revisiones a las cuentas públicas se levanta en el momento en que los informes son remitidos a la Comisión de Vigilancia. En tanto la reserva está vigente, cualquier indiscreción debe ser sancionada por la ley; una vez presentados los informes, la ley tendría que sancionar a quien niegue el acceso público a esa información.

Sin embargo, esa disposición no cuenta con su parte correspondiente en la Ley de Auditoría, lo que fue aprovechado por Héctor Mayorga Delgado, antecesor de Martínez Loredo, para negar ese tipo de información, al hacer valer la Ley como si tuviera mayor jerarquía que la Constitución.

La actitud de opacidad del ex auditor provocó litigios que, cuando menos en el caso de los pliegos de observaciones a la Cuenta Pública 2009 del gobierno estatal, llegaron al Poder Judicial de la Federación, con un revés para los afanes ocultistas de Mayorga Delgado, quien se vio obligado a entregar los documentos que por más de tres años negó.

La publicidad de los informes de auditoría no sólo pone a prueba a quien encabeza la Auditoría Superior del Estado (ASE), sino a los 27 diputados, muy dados a presentar iniciativas pero poco atentos a hacer cumplir la Carta Magna o a favorecer su cumplimiento con la armonización de la Ley del caso.

Durante la pasada Legislatura, la diputada Bernardina Lara promovió una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 65 de la Ley de Auditoría: “Los informes finales de las revisiones de las cuentas públicas tendrán carácter público, a partir de que éstos sean entregados por la Auditoría Superior a la Comisión, para cuyo fin se publicarán en forma inmediata en los portales de transparencia de sus sitios de internet”.

Aquel intento por armonizar la Ley con la Constitución fue desechado por los legisladores con un dictamen que prácticamente dictó Mayorga Delgado, con los mismos argumentos que después pretendió hacer valer para mantener su negativa a entregar los pliegos de observaciones de la Cuenta Pública 2009.

Si bien la Ley quedó como una de las pocas en el país que no establecen expresamente la difusión de oficio de los informes de auditoría, la Constitución local no deja de quitarles ese carácter en el momento en que la ASE los entrega a la Comisión de Vigilancia.

El caso más relevante con relación a la publicidad de estos informes lo representa la Auditoría Superior de la Federación, que el mismo día que entrega sus informes en el Congreso es posible conocer el extenso documento en su sitio de internet.

Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, ha adoptado incluso una actitud totalmente opuesta a la de Mayorga. En diversos foros ha lamentado que la ley le permita publicar la información hasta la presentación de los informes, porque hay etapas en las revisiones en las que no sólo se puede hacer pública, sino que ayudaría a los procesos de auditoría.

Al comenzar esta semana la entrega de informes, Martínez Loredo tiene la oportunidad de estrenarse con auténtica vocación de transparencia, o continuar la opacidad de su antecesor.