El Congreso y su aguja en el pajar

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Los Datos Abiertos son información pública del gobierno, que es puesta a disposición de toda la población de manera accesible, en formatos técnicos y legales que permiten su uso, reutilización y redistribución para cualquier fin legal que se desee”.

De esa manera resume la plataforma datos.gob.mx el objetivo principal del programa de Datos Abiertos del Gobierno de la República, con el ofrecimiento de la incorporación gradual de “todos los Datos Abiertos del Gobierno de la República”.

La iniciativa no puede desligarse del derecho de acceso a la información pública que todas las autoridades y aquellos que administran recursos públicos están obligados a respetar y, lo más importante, arroja verdadera claridad sobre los requisitos que los entes obligados deben atender a la hora de responder solicitudes de información o la difusión de información pública.

No es lo mismo mostrar una carpeta llena de documentos para decir que se actúa con transparencia, a permitir el escrutinio del contenido de la misma. No es lo mismo poner a disposición de la población extensos archivos PDF llenos de datos revueltos, a permitirle acceder a las hojas de cálculo que contienen la misma información, pero cuentan con filtros que permiten darle uso a los datos.

De acuerdo con el programa de datos abiertos, la información, para que sea verdaderamente transparente, debe cumplir con las características de ser fácil de acceder en línea y en un solo sitio; disponibles de manera gratuita, en formatos libres y legibles por máquinas; de primera mano y oportunos, y con licencias claras que permitan cualquier uso legal por parte de cualquier persona.

Infomex es una plataforma Web que permite el acceso a la información pública cuya principal característica es que atiende al interés de la población, pues ésta es la que pregunta y las entidades públicas están obligadas por ley a responder. Lo menos que podría esperarse en las respuestas es que, al captar la inquietud de la sociedad, los funcionarios se preocuparan por poner a su disposición datos abiertos.

La experiencia indica que la actitud de los servidores públicos camina en sentido contrario: buscan encontrar la manera de dificultar la consulta de la información a pesar de que resulta obvia la posesión del dato para entregarlo directamente.

Los ejemplos van desde la ridícula respuesta que se dio a un solicitante que preguntó el nombre del titular de una dependencia y le respondieron con un oficio en PDF en el que lo remitieron a que lo consultara en el sitio web de la secretaría, en lugar de responderle con las tres palabras del nombre del funcionario.

Esta semana, el Congreso del Estado dio una exhibición de su afán de exponer lo accesible que es para ellos la información pública y la intención de dificultarle a quien la solicita el poder consultarla. Al requerimiento de los fondos públicos entregados a los diputados para sus informes de actividades, el Legislativo otorgó la siguiente respuesta:

“Para informes legislativos, se encuentra el denominado “apoyo de difusión y vinculación ciudadana” utilizado para dar a conocer informes de labores o de gestión de los diputados, apoyo que puede ser consultado en el artículo 19, fracción IX en el rubro de “cheques” expedidos en los años 2013 y 2014 correspondientes a la presente Legislatura, de acuerdo al número de cheques que se enlistan a continuación”.

Y enseguida enlista los números de folio de 103 cheques del 2013 y 108 del 2014, para que el solicitante ingrese a la página del Congreso del Estado a consultar 24 archivos PDF en los que se enlistan 10 mil 928 cheques. Veinticuatro documentos que representan varios cientos de páginas que el solicitante tiene que revisar para localizar los folios que le indicaron.

Al acto equivale a que el solicitante le pidiera al Congreso prestada una aguja. La disposición del Congreso para atender a la petición sería tal como mostrar la aguja al peticionario, lanzarla a un pajar, revolverlo y decirle “en este pajar la encuentras, puedes usarla”.

Nada más alejado de la tendencia a favor de los datos abiertos, que son considerados como “una herramienta que nos puede ayudar a cambiar radicalmente la relación entre sociedad y gobierno”, según la presentación del programa de datos abiertos.

La realidad, no obstante, no deja de apuntar a que quienes se dicen servidores públicos siguen muy a gusto con sus posturas de opacidad, en tanto simulan la transparencia para poder proyectar una imagen que no están dispuestos a asumir. “Cuestión de madera”, dirían los del desaparecido grupo Bacilos.

CEGAIP, ¿garante de opacidad?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Debido a que no me apareció en la opción de a quien le quieres preguntar, como ente obligado al: Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas)…”

Con esa frase introductoria, el pasado martes una persona ingresó una solicitud de información a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), consciente de que no era el ente que podría darle la respuesta, pero reveladora de una de tantas omisiones en las que, desde hace cinco años, el organismo garante ha incurrido.

“Las entidades públicas obligadas deberán contar con sistemas electrónicos, para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información, y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de su entrada en vigor”, señala el artículo Décimo transitorio de la Ley de Transparencia.

Es decir, el Interapas debió incorporarse a Infomex –o generar su propio sistema– desde antes del 18 de abril de 2010. Pero no sólo el Interapas, también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, los partidos políticos y las asociaciones políticas.

“Tratándose de municipios con población inferior a setenta mil habitantes, el plazo para contar con los sistemas electrónicos respectivos, será de cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”, concluye el citado transitorio de la Ley. Un plazo que venció el 18 de abril de 2012 sin que tres años después uno sólo de los 52 municipios que debieron incorporarse lo haya hecho.

De los 148 entes obligados en San Luis Potosí que tendrían que estar en Infomex –o un sistema similar–, sólo a 65 (44 por ciento) es posible dirigirles una solicitud de información a través de Infomex. Es decir, más de la mitad (83, el 56 por ciento) han sido tolerados por la CEGAIP en el incumplimiento de esa obligación.

“Me permito informarle que se le hizo llegar a INTERAPAS un oficio donde se le conmina, así como a todos los entes obligados que no se encuentran adheridos al Sistema INFOMEX, para que realicen los trámites administrativos y legales que correspondan, y estar en posibilidades de firmar el convenio de colaboración para la utilización del Sistema”. Así de simple resulta la justificación de la CEGAIP en su respuesta del pasado miércoles, dos días antes del aniversario del incumplimiento.

Una acción de la que se informa oficialmente en una respuesta a Infomex, cual si hasta ahora se percataran del incumplimiento de la ley. Tan ha ignorado la CEGAIP desde hace cinco años esa violación a la Ley, que en los úlitmos cinco informes de actividades las referencias a Infomex sólo se refieren a un sistema que facilita el acceso y a las estadísticas de las solicitudes atendidas por esa vía por la propia Comisión.

En 2012, cuando por ley todos los entes obligados deberían estar incorporados, la CEGAIP enlista en su informe a 64 entes dentro del Sistema y no hace ningún señalamiento sobre los faltantes. Para entonces ya eran 84 los incumplidos, y la CEGAIP lo pasó por alto –o lo que es peor, ni siquiera se percató del incumplimiento.

Tal omisión de la CEGAIP le niega a la población el acceso a información pública a más de la mitad de los entes obligados. De ese tamaño resulta la negligencia del órgano garante para facilitar el acceso a la información pública, con la agravante de que, ante un caso en el que le hace notar vía una solicitu que no se pudo interponer ante la dependencia indicada, se limita a la fórmula de “le sugiero replantear su solicitud a través de la Unidad de Información Pública de Dicho Organsmo”.

En noviembre pasado la CEGAIP asumió la administración del Sistema Infomex. A partir de entonces, ha exhibido como nunca su desconocimiento del Sistema y sus alcances. Pero, sobre todo, ha desaprovechado sus ventajas para facilitar a la población el acceso a la información pública. ¿O acaso están para garantizar que se dificulte el acceso a la información pública?

Lo que mejor ha revelado la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Lo que mejor ha revelado la transparencia, de parte de quienes ocupan cargos públicos, es su afán por tener el control de toda la información que manejan. Así, la cuestión que se plantean ante la recepción de una solicitud de información no es dilucidar si se les requieren información pública o no, sino de encontrar la forma de negar al solicitante lo que pide.

Un criterio al que se recurre con tal afán, que pareciera por momentos que la regla no es que toda la información es pública y sólo por excepción se clasifica como reservada o confidencial, sino al revés: a toda la información se le tienen que encontrar motivos para que no sea entregada a quien la requiera. Y no se limitan a las dos causas excepcionales contempladas por la ley.

No obstante, las declaraciones de reserva o de confidencialidad suelen ser las que más revelan la actitud opaca de los funcionarios. En lo que va de este año, a través de Infomex se ha negado información en nueve ocasiones con el argumento de que se trata de información reservada, en tanto que en dos más la negativa tiene que ver con la clasificación de confidencialidad.

Es tal su afán por negar información, que llegan a emitir acuerdos de reserva sobre documentos que por ley son públicos y deben difundirse de oficio. Un acto al que no es ajena la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Después, tan celosos resultan de sus acuerdos de reserva, que aunque ellos mismos hayan hecho pública la información que previamente clasificaron, ante una nueva solicitud de información vuelven a hacer valer el acuerdo que, en todo caso, ellos mismos ya violaron.

Se trata de situaciones que se difunden públicamente, pero que resultan en apariencia inexistentes para el órgano de control en la materia, pues a la CEGAIP –hoy flamante administradora del Sistema Infomex, aunque eso no ha representado mejora alguna– parece más ocupada en los conflictos internos entre los comisionados.

El pasado miércoles, la Secretaría Particular del Gobernador hizo valer el acuerdo de reserva que emitió el 24 de mayo de 2013 para negar una petición sobre el “número de elementos de seguridad que custodian a funcionarios de Gobierno del Estado. Erogación para el pago de sueldos de estos elementos de seguridad que custodian a funcionarios. Número de funcionarios que tienen servicio de seguridad personal y cargos que ocupan”.

Cuando menos el número de elementos a cargo de la seguridad del gobernador y su familia, así como los nombres de 32 de esas personas, fueron revelados por la propia dependencia el 25 de junio de 2014 (un año y un mes después de haberla reservado) en el apartado de transparencia del gobierno estatal.

A más de nueve meses de su difusión, el hecho demuestra que el riesgo que sobre la revelación de esos datos se argumentó en el acuerdo de reserva fue infundado, lo que supone una injustificada clasificación como reservada de por lo menos esa parte de la información que hace dos años se clasificó para ocultarse por siete.

Ni en las verificaciones que realiza, ni la difusión que se ha dado al caso en algunos medios, ha provocado la más mínima reacción en la CEGAIP, de quien se podría esperar que aplicara el artículo 39 de la Ley de Transparencia, que le permite desclasificar información antes de que se cumpla el plazo establecido en la reserva.

Si la clasificación fue correcta, la CEGAIP tendría que sancionar que hayan revelado datos reservados. Si fue una clasificación injustificada, la CEGAIP también debe sancionar. Sí, la ley prevé sanciones para los dos casos.

Una posible explicación de la inacción de la Comisión se encuentra en el preocupante dato que arroja el Sistema Infomex: de las 249 respuestas que por esa vía, de 2009 a la fecha, han negado la información con la opción “G. Información Reservada”, 52 (el 20.88 por ciento) fueron emitidas por la CEGAIP. Es decir, una de cada cinco respuestas que consideran reservada la información que les piden, la da quien debe garantizar el acceso a la información.

Una situación por la que ya no debe sorprender la libertad que se dan en la gran mayoría de las dependencias para negar información, por irrelevante que resulte, por cualquier causa, como negarse a dar el RFC del gobierno estatal por considerarlo un dato personal.

Lo que mejor ha revelado la transparencia, pues, es que todavía está muy lejos de que pueda darse en condiciones mínimas aceptables para la sociedad.

Por una transparencia sin simulación

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Sabemos más, pero nuestro saber no es más confiable”

Ikram Antaki. 

Con el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública llegaron mecanismos propuestos por personajes bien intencionados que encontraron fórmulas –con el apoyo de las nuevas tecnologías– para que la mayor parte de la ciudadanía pudiera acceder a la información en posesión de las autoridades.

Las obligaciones de difusión de oficio se tradujeron en páginas de transparencia, en internet, en las que aparentemente se puede consultar la información esencial sobre las funciones de las entidades públicas.

Como complemento a esa opción, se creó el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), que después se convertiría en Infomex, para facilitar el trámite del ejercicio de derecho de acceso a la información pública, y obtener de manera remota, mediante solicitudes, datos y documentos distintos a los que integran el catálogo de información ya disponible en línea.

Idealmente, los causes para conocer qué hace, cómo gasta, y cómo decide qué hacer y en qué gastar el gobierno, están abiertos. Idealmente se trata de una fuente inigualable para el reporteo de información de interés público.

Proyecto Tábano inició este mes un renovado ejercicio de reportar hallazgos de información en las respuestas que dan las dependencias oficiales a través de Infomex. De martes a sábado se publicarán notas basadas en lo que ahí se detecte. Cada lunes, en este espacio se realizarán comentarios en torno a ese ejercicio.

El surgimiento de las leyes de transparencia en el país efectivamente abrió el paso a que la población pueda conocer mucha más información sobre lo que ocurre al interior del gobierno. Lamentablemente parece haber tal resistencia entre los funcionarios a que se conozca lo que realmente hacen, que parecen empeñados en mostrar en todas partes la falta de armonía entre el ideal y sus condiciones particulares.

En un principio, se pensó en sólo reportar la información que las dependencias ofrecen como respuesta a los solicitantes. Sin embargo, en el seguimiento que se ha dado a la información que los funcionarios reportan es fácil detectar contradicciones entre una dependencia y otra, o entre momentos diferentes de las respuestas de la misma dependencia.

Más aún, no suele concordar lo que informan oficialmente a través de la prensa o lo que aparece en los reportes de prensa, contra lo que se afirma en respuestas oficiales que se dan por medio del sistema Infomex.

La más evidente de esta semana corresponde a las fosas clandestinas que reporta la Procuraduría, contra las que se informaron en prensa: hasta el caso que dio origen a un reconocimiento de una de sus funcionarias en Tamuín no aparece en la respuesta.

En la medida de lo posible, en Proyecto Tábano se hará el esfuerzo por proporcionar información más allá de lo que, a todas luces, puede resultar poco confiable en las respuestas que las dependencias ofrecen.

Un problema que también afecta a las páginas de transparencia en internet, que idealmente son para que la población pueda conocer, en tiempo real si tuvieran voluntad, lo que hace el gobierno y cómo lo decide, pues lo más lamentable es que ni el propio organismo garante para que esa condición se alcance (la CEGAIP) haga pública información confiable.

La CEGAIP comenzó el año con un conflicto laboral que generó plantones frente al Palacio de Gobierno y la propia sede de la Comisión. La situación se resolvió con la reinstalación de dos trabajadores con la intervención del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), quien asumió la defensa y, en consecuencia, los afilió.

En el apartado correspondiente a la fracción XV del artículo 19 de la Ley de Transparencia en la página de la CEGAIP se afirma que “ésta Comisión no cuenta con personal sindicalizado”, a pesar de que fue pública la intervención de un sindicato para la reinstalación de dos de los suyos.

Las leyes de transparencia abrieron la posibilidad de acceder a la información en posesión del gobierno, es cierto, pero ante la actitud que desde éste se da, es clara la necesidad de que cada vez sean más personas desde la sociedad las que les den seguimiento, para cerrar el paso a una transparencia que sólo sea simulación.

Administración pública, pedir sin explicar

Por José Victoriano Martínez Guzmán

El pasado 28 de mayo, el Cabildo de la ciudad aprobó una adecuación presupuestal que incrementó el monto de los recursos que pretende captar el Ayuntamiento de dos mil 41 millones 275 mil 90 pesos a 2 mil 400 millones 478 mil 301 pesos. Un incremento de 359 millones 203 mil 211 pesos, equivalente al 17.59 por ciento del presupuesto original.

Llama la atención que un aumento de esa magnitud en el presupuesto municipal no haya sido destacado en los comunicados oficiales de una administración municipal acostumbrada a presumir cualquier cosa que represente un aumento en su presunta capacidad de hacer más, y en el boletín oficial el aumento haya quedado reducido a un párrafo.

“Durante la sesión de Cabildo también se aprobó el dictamen de adecuación financiera que fue aprobada por la Comisión de Hacienda donde se hicieron algunas observaciones y se pidió que se brinde mayor información, a lo que el Tesorero Municipal dijo que entregará por escrito la documentación requerida”, dice el comunicado.

En cambio, cinco de los siete párrafos del boletín se ocupan de la ratificación de la línea de crédito revolvente, que se aprobó en octubre del 2012, por casi 300 millones de pesos y anuncian que se utilizará para la operatividad de la gestión en el rubro alumbrado público, recolección de basura, además de adquisición de combustibles.

Dinero que va y viene en las arcas municipales sin que exista la más mínima claridad sobre su origen y, especialmente, sobre la forma en que repercutirá en los bolsillos de los potosinos en su papel de contribuyentes, de donde necesariamente habrán de salir los recursos de ese incremento.

El acta de la sesión, que a más de cinco semanas aún no se publica en el apartado de transparencia del Ayuntamiento, en su versión de proyecto revela algunos datos: En el rubro de aportaciones y participaciones, la administración municipal recibirá 115 millones 356 mil pesos más, en tanto que de un remanente identificado como Ramo XXX 2013, obtendrá 113 millones 646 mil pesos.

Completan el incremento de la adecuación presupuestal 139 millones 801 mil pesos provenientes de una esperada mayor captación en impuestos, específicamente sobre el patrimonio y sobre la producción, el consumo y las transacciones. No hay mayor explicación, pero la cifra indica que el 38.9 por ciento del incremento es con cargo directo a los bolsillos de los potosinos.

El compromiso hecho por el tesorero durante la sesión, en el sentido de aportar más información a los regidores, da cuenta de que ni internamente en el Cabildo se cuenta con información suficiente sobre el aumento, mucho menos el ciudadano común podrá tener claridad sobre cómo aportará más y porqué, y el uso que se le dará a 359 millones más que habrán de administrar.

Lo único sobre lo que sí habrá claridad es en la aparición de nuevos conceptos por los que hay que aportar más recursos al Ayuntamiento cuando lleguen los cobros, entre los que destaca la tan publicitada foto-infracción, sobre la que, en la discusión de la adecuación presupuestal, se reveló un dato que muestra el sentido recaudatorio de la medida.

“En el impuesto sobre patrimonio, que básicamente es el ingreso por las multas electrónicas, se están considerando 20 millones de pesos, ya con la certeza de que van a ingresar al ayuntamiento cuando tampoco se tiene una proyección clara de cuánto pudiera ser”, advirtió la regidora panista Gabriela Meade Pons.

Con vigencia a partir del 15 de junio, el Ayuntamiento requiere de captar más de 100 mil pesos diarios de foto-multas para lograr acumular los 20 millones de pesos esperados para este año por ese concepto.

Una situación que coloca la tan cacareada campaña que afirma que se busca que los automovilistas adquieran conciencia de no rebasar los límites de velocidad, cuando en los números y sus expectativas a lo que le apuestan es a que la presunta inconciencia que pretenden moderar les reditúe ingresos adicionales.

El pasado 28 de mayo la autoridad municipal aprobó que los potosinos cooperaran con 139 millones de pesos más para sus gastos y a más de cinco semanas no ha sido capaz de informárselos con claridad, mucho menos las razones por las que resulta necesaria una mayor contribución.

Aun así, se siguen considerando como un Ayuntamiento sin precedentes en cuanto a realizar su gestión con total transparencia… por lo menos en apariencia.

Autonomía a la potosina

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Haiga sido como haiga sido”, diría Felipe Calderón, Yolanda Camacho Zapata es hoy la presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

De los tres actuales integrantes de la CEGAIP, ella es quien ha asumido un mayor protagonismo en el tema de transparencia, tanto desde su función como directora de capacitación, como por la forma en que se auto promocionó para llegar a donde hoy se encuentra.

Aunque las formas no hayan sido las más deseables en quien aspira a garantizar un derecho fundamental, como el de acceso a la información pública, por los datos que conscientemente prefirió ocultar a sabiendas de que la descalificaban, hoy su nombramiento está consumado.

En enero de 2013, seis meses antes de su nombramiento como comisionada, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM) publicó el libro La transparencia en México: avances, retos y prospectivas.

Como parte de esa publicación, se incorporó el artículo Autonomía a la mexicana: el caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, firmado por Alfonso Serment Gómez, Oscar Villalpando Devo y Yolanda Camacho, a quienes se identifica como comisionados de la CEGAIP.

El INFOEM descarta que la referencia del cargo haya sido un error de ellos, pues el artículo lo recibieron con esas firmas e identificaciones. 

A través de solicitudes de información a la CEGAIP, que en todo momento evitó entregar la copia del documento original enviado, se estableció que el envío del texto se hizo desde el correo electrónico de Camacho. En la respuesta evitaron proporcionar el archivo adjunto que ya fue motivo de otra solicitud de información.

Si bien no se puede afirmar de manera categórica que se ostentó como comisionada seis meses antes de serlo, tampoco se conoce acción de su parte para hacer alguna aclaración, sobre todo porque los editores señalan que no fue error de ellos. En lugar de eso, se conoce el esfuerzo por ocultar la información que despejaría las dudas.

El texto de la CEGAIP en el libro del INFOEM es el único firmado por tres personas. De los 16 restantes, 11 los firman los presidentes de los organismos garantes, tres son firmados por comisionados o consejeros y dos por secretarios ejecutivos.

Entre el personal de la CEGAIP es conocida la urgencia de Camacho porque su firma apareciera en el artículo, pues le es útil para acreditar publicaciones con registro ISBN en el doctorado en Historia que cursa en la UNAM, que comenzó con beca de Conacyt, incompatible con su puesto en la CEGAIP, y sobre la que no hay datos disponibles de que haya renunciado a ese beneficio.

Aunque es más lo que no se sabe sobre actos de interés público de quien hoy encabezará al organismo garante de la transparencia en el estado, por lo menos en su participación en el libro La transparencia en México: avances, retos y prospectivas, deja algunas posturas que la comprometen.

Por ejemplo, lo primero que estará a prueba será su verdadero compromiso con el derecho de acceso a la información pública y no con los intereses de los desconocidos compromisos que haya tenido que hacer para alcanzar el cargo.

Para ello, tendrá que hacer valer el concepto que expuso, junto con Serment y Villalpando Devo, sobre la autonomía de la CEGAIP como organismo garante, que a la fecha ha dejado mucho que desear al favorecer en sus resoluciones ampliamente a los entes obligados en perjuicio de los solicitantes de información.

“Resulta natural que los integrantes de estos organismos no se encuentren vinculados con las autoridades, de tal manera que se garantice la imparcialidad de sus decisiones”, afirman en el texto señalado.

Un buen gesto de su parte sería innovar con la presentación de una declaración de intereses, en la que públicamente se conozcan sus vínculos reales con las autoridades para así tener claro el grado de imparcialidad con que habrá de conducirse, ya que en su primer año como comisionada quedaron abiertos espacios de duda, incluso en peticiones de información desatendidas por ella.

No basta con que se excuse de atender asuntos de determinadas dependencia, como lo ha hecho con quejas en contra de la Auditoría Superior del Estado, sino que siendo la cabeza del organismo garante de la transparencia, su actuar debe regirse por los principios del derecho de acceso a la información pública, comenzando por el principio de máxima publicidad.

Irregularidades dignas de reconocimiento

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Hoy que la tecnología permite cada vez más un mayor flujo de información de las autoridades hacia la población, y que las leyes de transparencia obligan a que determinados datos se hagan públicos, resulta inverosímil que existan funcionarios de alto nivel que aún crean que es posible el manejo de campañas propagandísticas para mejorar su imagen.

A tal grado ha llegado ese afán por tratar de manipular la información, que se pretende presentar a las irregularidades que se les señalan como faltas menores, para convertirlas prácticamente en una señal de la honestidad, honradez y transparencia con la que trabajan.

“Lo que tenemos en Soledad (de Graciano Sánchez) es que fue el municipio que menos observaciones tuvo de los 58 ayuntamientos, registró un dos por ciento de observaciones, es un claro ejemplo a seguir”, fueron las declaraciones del diputado Alfonso Díaz de León, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

En la información que hace pública quien encabeza la dictaminación de los informes de auditoría a las cuentas públicas afirma que a Soledad sólo se le señalaron irregularidades por 17 millones de pesos, y enseguida afirma que “pueden ser desahogadas en el transcurso de las próximas semanas”.

Puesta la bola a modo, Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad, minimiza las observaciones a un problema de falta de firmas en algunos documentos, lo que solventaron, según Jesús Emmanuel Ramos Hernández, tesorero soledense, el 15 de mayo, dentro del plazo establecido por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Tanto Díaz de León como los funcionarios soledenses presentan una versión que se acomoda a los intereses de proyectar una imagen de una gestión pública impecable, de no ser porque sus propias declaraciones presentan un panorama muy alejado de la realidad.

El informe final de auditoría a la Cuenta Pública de Soledad de Graciano Sánchez, entregado 15 días después de cuando afirman que solventaron las observaciones, no señala un dos por ciento observado, sino un cinco por ciento. Tampoco se señalan 17 millones de pesos observados, sino 40 millones 615 mil 897 pesos.

Cualquiera de las dos cifras resulta grave, cuando enfrente se pueden conocer casos de personas que se encuentran presas por robar para comer.

El informe, remitido al Congreso del Estado el 26 de mayo, es claro al indicar que se trata de “Observaciones Financieras No Desahogadas”, lo que descarta la afirmación de Gallardo Cardona en el sentido de que se solventaron, según su tesorero, desde el 15 de mayo.

Hoy es posible consultar, no porque la autoridad haga público el documento, el informe completo de la auditoría al ayuntamientode Soledad y algunos otros, que ciudadanos interesados en promover la publicidad sobre el manejo del erario han obtenido y montado en sitios Web particulares.

La comunicación social de las autoridades queda así expuesta en objetivos que distan mucho de pretender ofrecer verdadera información a la ciudadanía, pues mientras en comunicados enviados a los medios se ofrece una versión maquillada de las cuentas, en los documentos (a pesar de la benevolencia del auditor) se vislumbran problemas mayores.

En la medida en que la población aproveche las redes sociales, y todas las posibilidades que da Internet, para conocer de manera directa la información sobre la que declaran los funcionarios, se les dificultará montar escenarios a su conveniencia, y se podrán tener avances en la necesaria búsqueda de desmontar la simulación en que se ha convertido el ejercicio del gobierno.

Los informes finales de las auditorías a las Cuentas Públicas son documentos extensos, cientos de páginas que dificultan su revisión. Pero enfrente tienen que despertar miles de ciudadanos a quienes se abre la posibilidad de que verifiquen por sí mismos los datos relacionados con la obra de su colonia o municipio que se reporta, pero que en realidad no existe o está inconclusa.

Los propios informes de auditoría suelen convalidar situaciones irregulares que aunque en ellos queden expuestas, el benevolente auditor no las señala. ¿Será posible un despertar ciudadano dispuesto a localizarlas y señalarlas para reclamar?