Tabanero

Poder Legislativo: transparencia a modo

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Seguir el destino final de los recursos que se recaudan a través del cobro de impuestos es uno de los más atractivos ofrecimientos de las posturas políticamente correctas que adoptan quienes asumen cargos de elección popular, pero a la vez el que, a la hora de la verdad, con mayor facilidad se hace a un lado.

Para llegar, están convencidos de que necesariamente tienen que ofrecer trabajar en caja de cristal y que cada peso que reciban, todo el mundo sabrá en qué lo gastan. Al instalarse en el cargo, la silla –la curul o el sillón– tienen un efecto de tal conversión, que ni lo que ellos mismos producen para difundir lo consideran público.

Donde suelen ser más evidentes las reacciones en ese sentido es en el Congreso del Estado en el que, con 27 cabezas que exhiben más que una, los ejemplos sobre las diferencias entre el decir y el hacer se convierten en un choque entre hacer las leyes y no cumplirlas.

De toda la legislación vigente, es a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la que más se recurre para congraciarse con los electores. De toda la legislación, es esa misma ley la que más abiertamente violan para evitar que se conozcan el incumplimiento de sus promesas el de otras leyes.

En la LX Legislatura la inercia de los ofrecimientos de un Congreso austero y transparente no alcanzó para pasar más allá del primer requerimiento de información sobre gastos específicos, cuya exhibición bautizó la agrupación Ciudadanos Observando como los casos del Diputado Dalay y la Diputada Vaselina.

Está por cumplirse un año de que el Congreso atendió la solicitud que originó aquellas revelaciones de compras hasta de cepillos dentales con la imagen de la muñeca Barbie con recursos públicos, y que tanto incomodaron a los entonces presidentes de la Directiva, Jorge Álvarez, y de la Junta de Coordinación Política, Rosa Ma. Huerta.

Los efectos de aquella reacción provocaron que hasta el pasado viernes se lograra obtener información solicitada al Congreso desde el 16 de mayo de 2013, es decir, nueve meses después, cuando el plazo máximo, según la Ley favorita de los discursos oficiales, es de diez días hábiles.

Sí, la exhibición que tanto molestó a Álvarez y Huerta que se dio la instrucción que, ante el silencio de los otros 25 diputados, puede considerarse avalada por todos los legisladores: solicitudes que pidan comprobación de gastos no se contestan, así lleguen las quejas que los ciudadanos estén dispuestos a presentar.

Y las quejas llovieron: durante 2013, de las 212 quejas que recibió la CEGAIP vía Infomex, 46 (el 21.7 por ciento) se presentaron en contra del Congreso, es decir, una de cada cinco quejas fue en contra de las respuestas del Poder Legislativo.

El viernes, siete meses después de que se inició la queja 303/2013-3 el pasado 3 de julio, el Congreso del Estado entregó copia de un video, cuyo costo de producción de ocho mil pesos se cubrió con recursos públicos.

En su política de no responder comprobaciones de gastos, se negó la copia del video con tal insistencia, que se llegó a pedir al solicitante pagar tres mil pesos para hacer una versión con los rostros de quienes aparecían en la cinta difuminados, presuntamente para proteger datos personales.

Tan preocupados estaban en proteger los datos personales, que durante el informe de actividades de la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, se exhibió el video.