Transparencia:

Hipocresía legislativa y complicidad

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por el principio de máxima publicidad”. La expresión no es nueva y ha estado presente en la legislación de la materia desde que se publicó la primera Ley de Transparencia el 20 de marzo de 2003.

Tampoco es novedad que los actuales diputados se envuelvan con la bandera de la transparencia e incorporen ese principio a un artículo más de la actual ley, con lo que ya suman cinco los que hacen referencia a él.

Sí, a partir del pasado 17 de enero, el principio de máxima publicidad, además de aparecer en los artículos 7, 10, 14 y 84, también aparece en el artículo 5.

Donde no aparece ese principio es en la tendencia a la opacidad por parte de los entes gubernamentales, incluyendo a los diputados, para quienes la transparencia es de dientes para afuera o, mejor dicho, de adecuaciones lucidoras a la ley… y hasta ahí.

Están por cumplirse dos meses de que no se actualiza la relación de cheques emitidos por el Congreso, cuando antes se actualizaba a diario. No es el único rubro en el que incumplen la ley, pero sí el más significativo por ser en el que destacaba contra todos los entes públicos.

Pero no sólo incumplen sus obligaciones de difusión de oficio, sino que en la atención a solicitudes de información aplican exactamente lo contrario a lo que escriben en la ley, con la complicidad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Un solicitante de información tuvo que llegar hasta la queja ante la CEGAIP para tratar de conocer en qué se gastan los diputados los recursos asignados como gastos médicos menores. Los diputados ordenaron a su Unidad de Información testar los conceptos y productos de sus compras en las facturas, y la CEGAIP lo avaló.

Con tal ocultamiento los diputados buscan evitar escándalos como el de la compra de productos relajantes, como Dalay, de estimulantes de la potencia sexual o hasta cepillos de dientes con figuritas de Barbie, pero también exhiben su hipocresía legislativa.

“Al beneficiarse con recursos públicos las personas físicas o morales aceptan que toda la información relacionada con esa prestación es pública”, agregaron a la ley en el decreto publicado el 16 de enero en el Periódico Oficial. O los diputados no se sienten personas, o son incapaces de asumir lo que ellos mismos plasmaron en la ley.

Así es como los diputados atentan contra el fortalecido principio de máxima publicidad en la Ley, para lo cual la propia CEGAIP se ha convertido en su aliada, según reveló el diputado Juan Pablo Escobar a integrantes de Ciudadanos Observando, a quienes dijo que la Comisión los asesora en la elaboración de las respuestas.

Con esta forma de ocultamiento de cada vez más información por parte de quienes ordenan en la Ley mayor apertura, no se puede estar ante peor panorama de complicidad a favor de la opacidad, cuyos efectos en otros entes encuentran sus propias vías para negar información pública, incluso aquella que la ley ordena difundir de oficio.

Tal es el caso de los cheques emitidos desde las cuentas que dejó el gobierno de Marcelo de los Santos a la Administración actual, negados a un solicitante por la Secretaría de Finanzas y que la CEGAIP ya había ordenado que se hicieran públicos.

La dependencia estatal recurrió a la maniobra de afirmar no contar con los documentos por aportarlos en el juicio contra ex funcionarios que se lleva ante el Juzgado Tercero Penal, cual si no pudiera solicitar copia de sus movimientos bancarios a la institución crediticia o no debieran formar parte de las relaciones publicadas en internet.

La CEGAIP no sólo ignoró el carácter público de la información y su propia resolución, sino que la dio porcumplida, en un acto que deja en estado de indefensión a cualquier solicitante de información, a menos que tenga ánimos de recurrir a la justicia federal para hacer valer un derecho que la Constitución General de la República ordena que debe ser expedito.

Sí, “toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por el principio de máxima publicidad”… hasta donde la complicidad de los opacos lo permita.

Sin transparencia, sospecha de sobregiro por 61.4 mdp

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública (DAIP) no está en la voluntad real de una autoridad, la transparencia de la gestión pública no es más que un discurso que busca provocar entre la población una buena impresión.

El DAIP tiene una vertiente que da la oportunidad a los funcionarios de lucir de manera indudable su convicción a favor de la transparencia en la obligación que tienen de difundir de oficio información básica sobre sus acciones y el uso que dan a los recursos públicos.

Ese campo abierto, que sólo tiene como límites, en el funcionario su voluntad e imaginación, y en la ley la protección de datos personales y las causales de reserva, ha sido desaprovechado con un disfraz a modo, confeccionado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

En sus evaluaciones de transparencia, la CEGAIP convirtió en meta máxima de transparencia el cumplimiento mínimo de las obligaciones de difusión de los artículos 18 y 25 de la Ley de Transparencia, sin reconocer ejercicios que pudieran abrir la información pública más allá.

Con esa mediocridad convertida en excelencia, y calificaciones de transparencia casi perfecta, la difusión de oficio quedó muy lejos de poner al alcance de la población información tan elemental como, por ejemplo, conocer las próximas actividades de una autoridad porque lo que se difunde es la agenda del mes anterior.

La transparencia la redujeron a un juego de colocar en la vitrina pública lo que en la evaluación de la CEGAIP aporta puntos, sin importar si se atiende al DAIP y a dar a la sociedad información útil, por su pertinencia y oportunidad. Y la mediocridad se presume como excelencia.

Este fin de semana fue el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez el que presumió una calificación de 98 en la evaluación CEGAIP, lo que implicaría que el organismo garante le tolera violar la ley en el 2 por ciento restante. A los que no les dio para presumir es porque la violación a la norma es mayor.

Mario García Valdez, alcalde de San Luis Potosí, llegó al extremo de solicitar a la CEGAIP los resultados de una evaluación apenas dos días antes de su primer informe (pág. 26) para poder presumir un cumplimiento del 100 por ciento de las mediocres exigencias de la Comisión.

Lo único que dejan expuesto de manera transparente es su afán de usar el tema para ganar buena imagen, cuando la falta de voluntad para aplicarlo de manera real la exponen, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento capitalino, en la no publicación del presupuesto detallado que aplicarán este año ni de los cheques emitidos en los últimos dos meses.

Si un potosino quiere saber cómo gastará el ayuntamiento los más de 2 mil 41 millones de pesos que tiene como presupuesto, tiene que rastrearlo en las actas de las sesiones de Cabildo hasta encontrarlo en la del 18 de diciembre de 2013. 

Si hubiera verdadera voluntad de transparencia, esa sería de las primeras informaciones que se pudieran consultar en su sitio Web. Más aún, su publicación iría acompañada de actualizaciones permanentes con la forma en que se ha ejercido cada rubros, de manera que sea verificable su cumplimiento.

De hacerlo, filtraciones como un documento salido de las oficinas de los regidores saldrían sobrando. El documento menciona 26 rubros en los que García Valdez ha incurrido en sobregiros, cuatro plenamente identificados en las claves presupuestales, con gastos excedidos en porcentajes que van del 86 al 844 por ciento.

Sí, el documento de los regidores señala un sobregiro en esas cuentas que acumula 61.4 millones de pesos. Se menciona la partida “Ayudas sociales a personas” con un presupuesto anual de 5 millones 110 mil pesos y en la que, en enero y febrero, ya se gastaron 48 millones 255 mil 332 pesos.

Al margen de la certeza en la información en posesión de los regidores, la machacona presunción de transparencia obliga a citar a la filósofa española Victoria Camps: “Si la decencia y la honradez impregnan las conductas, la propaganda y el marketing para demostrar el buen hacer están de más. La buena imagen no es otra cosa que un subproducto del buen actuar”.

Transparencia: un principio-ley para desobedecer

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Esta ley instituye en un principio que toda la información en poder de la autoridad es pública, sin necesidad de acreditar interés jurídico o legitimidad, y que esa información se proporcionará de manera pronta y expedita a los ciudadanos”, señala el decreto 486, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2003.

Con su publicación, el principio se convirtió en una orden para los funcionarios públicos y, a once años de que aquello ocurrió, lejos de llamar a obediencia, hoy parece ser mera vestimenta de discursos políticamente correctos para aparentar lo que poca voluntad tienen para aceptar: que se documente y publique cómo toman las decisiones y cómo gastan los recursos públicos.

Todo empleado que recibe una orden siente apremio por cumplirla. Que los funcionarios públicos sientan apremio por ocultar sus actos a pesar de que la ley ordena su publicidad es una de tantas señales de que no se sienten empleados de quienes pagamos su sueldo vía impuestos.

Lo que hoy difunden de oficio los entes públicos no es producto de su voluntad y está muy lejos de ser lo que una política real de transparencia pondría a disposición de la población en general, por lo incompleto de la información, su falta de pertinencia y, sobre todo, de oportunidad.

Ni el propio organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la CEGAIP, es capaz de documentar sus actos y difundirlos abiertamente.

La documentación relativa al proceso de renovación de la dirección del Sistema Estatal de Documentación y Archivo, por ejemplo, sólo tuvo una aparición intermitente en su sitio Web y de pronto Claudia Josefina Contreras Páez apareció como titular del área. Hoy la única huella pública de ese proceso es la referencia que hay en el acta del 17 de diciembre.

El Congreso del Estado, institución de la que emanó la orden, dio un gran salto hacia atrás (a antes de 2006) al eliminar la publicación de los cheques emitidos el mismo día para hacerlo con más de un mes de retraso, además de haber girado la instrucción a su Unidad de Información de negar la respuesta a cualquier solicitud relacionada con comprobación de gastos de los diputados.

El Poder Judicial ha adoptado como estrategia remitir a todo solicitante a direcciones electrónicas donde presuntamente se encuentra la información, así se la hayan solicitado copias de documentos específicos, como ocurrió con el acta de la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 30 de enero pasado.

La solicitante debió aclarar al Poder Judicial que su solicitud versaba sobre la totalidad del acta y no sobre algún tema en particular como se le requirió por parte de Alvaro Eguía, presidente del Tribunal, en una acción que, por innecesaria, tiene los tintes de una maniobra para inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En el Poder Ejecutivo ese tipo de maniobras están a la orden del día, al grado de que ni con las tardías resoluciones de la CEGAIP se pone a disposición de los solicitantes la información, como el caso de los documentos relacionados con el adeudo por 70 millones de pesos de Grupo Santos.

La agrupación Ciudadanos Observando padece directamente esa actitud opaca, al obtener a cuentagotas documentos solicitados para tratar de demostrar el destino de los recursos obtenidos por el impuesto de tenencia vehicular. No sólo enfrentan el regateo de la documentación, sino hasta comunicados que pretenden desacreditar las conclusiones a las que ellos llegan.

Si la manifiesta inquietud ciudadana es sobre el destino preciso de lo obtenido por el impuesto de tenencia vehicular, ¿qué le impide al gobierno hacer públicos todos los documentos que establezcan la ruta exacta de esos recursos, desde que son recaudados hasta el momento en que son aplicados en el gasto público?

El gran impedimento, ni duda cabe, es que sienten el apremio por ocultar sus actos que, unido a la poca credibilidad de que goza actualmente la función pública, abre un amplio espacio a la sospechas de corrupción. De no ser así, tienen todo para demostrar lo contrario: basta con que obedezcan el principio que este jueves cumple once años de ser ley.

¿Quién define el gasto estatal?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

¿Qué asuntos tan delicados pudo haber resuelto la Comisión de Gasto Financiamiento en sus sesiones del último trimestre para hacer públicas sólo la primera página de cada una de las tres actas levantadas en las mismas y, a pesar de ello, afirmar en la Cuenta Pública 2013 que avanzó cuatro lugares en el Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF)?

Las actas de la citada Comisión son publicadas por dos vías en el portal de Gobierno del Estado: en el apartado denominado ITDIF donde, de las doce actas del año, sólo aparece la primera página, en tanto que en el apartado de las “actas de los órganos colegiados” sólo publican las actas de los tres primeros trimestres.

Estas últimas permiten conocer algunos de los asuntos tratados, que muestran el trato preferencial que se da a los de casa (sobre todo de la Secretaría de Finanzas) en sus solicitudes de ampliaciones presupuestales y cómo se discrimina a otros, sobre todo si son de un poder distinto, como el Judicial, por ejemplo.

Si en teoría los poderes del estado gozan de independencia, en el presupuesto independencias y autonomías dependen del humor y los intereses representados por cuatro personas: el secretario de Finanzas, la Oficial Mayor, el contralor General del Estado y la directora General de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas. Todos subordinados del Ejecutivo.

Sus decisiones pueden alentar o frenar proyectos de último momento en las distintas instancias gubernamentales, pero también obstaculizar requerimientos imprevistos.

Por ejemplo, para el mes demarzo del año pasado, el Poder Judicial requirió la contratación de seis plazas de intérprete-traductores para los juzgados en Ciudad Valles, Tamazunchale, Tancanhuitz y Cárdenas y así garantizar el derecho al efectivo acceso a la justicia de las mujeres indígenas.

La Comisión le negó los 2 millones 130 mil 160 pesos solicitados y le recomendó sujetarse al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. El mejoramiento de la justicia para las mujeres indígenas puede esperar.

En esa misma sesión, el Poder Judicial pidió una ampliación presupuestal por 54 millones 96 mil 574 pesos porque el presupuesto de más de 731 millones de pesos que les aprobó el Congreso resultó insuficiente.

La urgencia del Poder Judicial era completar el pago de incremento salarial (19.6 millones), otros gastos de remuneraciones (2.27 millones), 38 nuevos empleados (9.2 millones), el impuesto sobre nómina (12.3 millones) y mantenimiento (2.4 millones). La Comisión también se los negó.

Para el 17 de junio, el Poder Judicial replanteó a la Comisión su solicitud que, para entonces bajó de los 54 millones pedidos a sólo 17 millones 198 mil 780 pesos con el mismo argumento de los fondos insuficientes aprobados por el Congreso. Con el acuerdo 06/13-5 se la autorizó la partida. Imposible descuidar el ingreso de los burócratas.

En contraste con desechado presupuesto para el mejoramiento a la justicia para mujeres indígenas, para la caprichosa comisión de Gasto Financiamiento existieron condiciones de prioridad para un evento deportivo organizado por dos clubes privados, para el que el Instituto Potosino del Deporte pidió una ampliación presupuestal de 500 mil pesos.

El 15 de septiembre de 2013, la Comisión emitió el acuerdo 09/13-8 “para apoyar el evento de Tenis Internacional”. Sin mencionarlo, se referían al Campeonato Mundial de Tenis Juvenil 2013, organizado por los clubes La Loma Centro Deportivo y Libanés. Como en tiempos de Marcelo de los Santos, quien anualmente aportaba una cantidad similar al torneo del Club Deportivo Potosino.

Si en lo que se conoce quedan en entredicho la validez de la Ley del Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso y hasta la autonomía del Poder Judicial, es posible que no haya nada de mayor gravedad en las tres actas que se ocultan, sino un acto más que confirma la vocación opacidad del actual gobierno.

Los privilegiados del predial

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Arrancó el tercer mes de oportunidad para pagar el impuesto predial con descuento, éste con el cinco por ciento, y con ello la tendencia a la baja en el flujo de contribuyentes cumplidos que, según el tesorero municipal, José Bolaños Guangorena, han permitido una recaudación de 179 millones de pesos al cierre del mes de febrero. 

La tendencia a la baja debe tener alarmadas a las autoridades municipales, pues el 15 de febrero, cuando rifaron el primero de dos automóviles que incentivan la recaudación, anunciaron que en las primeras tres quincenas del año se recaudaron por ese impuesto 177 millones de pesos.

La caída en la recaudación a sólo dos millones de pesos en una quincena se da a pesar de que, desde el 17 de febrero, se conoció el verdadero potencial que para captar recursos por ese impuesto tiene el ayuntamiento con más de 80 mil deudores que acumulan pagos pendientes por mil 663 millones 32 mil 577 pesos, al 31 de enero.

El desplome resulta revelador del poco empeño que ha puesto la administración de Mario García Valdez en la cobranza a los grandes deudores, entre los que, según la lista, hay 132 cuyos adeudos superan el millón de pesos, y juntos acumulan una bolsa de 493 millones 358 mil pesos. 

Es decir, con haber hecho efectivo el cobro a dos de esos 132 deudores habrían recaudado más que todo lo que captaron sus cajas y en los cientos de sitios donde se puede pagar el impuesto gracias a la bancarización tan cacareada a principios de año.

Por lo menos en esta quincena pudieron informar si los propios siete altos funcionarios municipales deudores del predial cumplieron con su obligación, cuyas deudas acumulan 471 mil 373 pesos, casi la cuarta parte de lo recaudado en los últimos 15 días.

Tras haberse conocido el largo listado de deudores, los responsables de su cobro no han hecho señalamiento alguno sobre algún plan de cobranza, salvo un vago anuncio por parte del tesorero Bolaños Guangorena en el sentido de que se iniciará el envío de requerimientos a los morosos con la pretensión de recuperar 90 millones de una cartera de 430 millones.

Ni la expectativa de recaudación ni la cartera corresponden a la totalidad de los adeudos hoy conocidos. Es apenas de la cuarta parte del monto total, y bastaría con que se hiciera efectivo el cobro de las cuatro primeras grandes deudas para recibir 90 millones, o de los primeros 81 deudores para rebasar los 430 millones de pesos.

La falta de claridad en la información y las escasas expectativas que se plantean, son indicio indudable de que se continuará con una política para mantener a los grandes deudores intocables, porque la carga de los gastos de la administración municipal la tienen que soportar los contribuyentes cautivos.

Entre los grandes deudores intocables para la autoridad, y los pequeños contribuyentes presionables por la autoridad, hay un grupo que seguramente tampoco tendrán de que preocuparse.

Por ejemplo, al secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas con sus 17 adeudos que suman 65 mil 37 pesos, o a los dos integrantes de la familia Conde Mejía que adeudan 55 mil 618 pesos, o a los ocho integrantes de la familia Pérez Espinosa que deben 88 mil 119 pesos (28 mil 977 pesos del diputado Fernando Pérez Espinosa), no les habrá de llegar requerimiento.

Valdría la pena que las autoridades informaran sobre las gestiones que contempla para requerir los pagos pendientes que tiene la Arquidiócesis potosina por un millón 872 mil 753 pesos, y los de otras asociaciones religiosas como la Iglesia de Cristo con 12 mil 778 pesos de deuda o la Iglesia Evangélica Independiente de México con 7 mil 807 pesos.

Que la autoridad municipal haya permitido conocer la lista de deudores del predial muestra que se trató de un loable acto de transparencia que favorece el interés público. Permite conocer el monto del patrimonio recaudable, pero también exhibe la forma tendenciosa de los funcionarios para hacerlo efectivo.

Más aún, queda expuesto que tanto en la recaudación como en la administración del presupuesto, las autoridades anteponen al interés público, los intereses de los grupos siempre privilegiados.