Operación política,
¿opacidad para aparentar?
Por José Victoriano Martínez Guzmán
Una plaza de armas limpia y
transparente, como la que amaneció el pasado sábado, esconde una historia más
de la opacidad con la que el actual gobierno estatal se ha caracterizado. Cual
si fuera un milagro para anunciar el domingo de ramos, a diversos grupos de
manifestantes algo los inspiró para
levantar sus protestas.
Ni quienes se retiraron ni
quienes negociaron el retiro consideraron necesario hacer públicas las razones
que permitieron que, lo que no se pudo destrabar en más de siete meses, fuera
posible la víspera del inicio de la Semana Santa.
Lo más que se dio fue un escueto
comunicado por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras
de Gobierno del Estado (SITTGE). “Nos retiramos, con minutas firmadas y
acuerdos establecidos que benefician a nuestros trabajadores”, señala el
comunicado del SITTGE.
De que había negociaciones desde
el inicio de los plantones con los manifestantes nadie lo puede dudar. De que algo cambio en la negociación, el
comunicado del SITTGE suelta una críptica explicación: “no se había dado la
sensibilidad necesaria, la disposición llegó, y por eso nos retiramos”.
“Sensibilidad necesaria” y “disposición” son términos tan elásticos
cuando se trata de describir la actitud de los funcionarios públicos que, en el
caso del SITTGE, hasta donde informan, fueron elementos que llevaron la
negociación a la firma de minutas y acuerdos. Si los hace públicos, el SITTGE
se revestiría de credibilidad por encima de sus interlocutores y vecinos de
plantón.
Pero ese algo, descrito como sensibilidad necesaria y disposición en el
único informe público de una de las partes, puede contar con tan variadas
posibilidades, que en la visión colectiva no falta quien ve –e incluso no pone
en duda– la existencia de arreglos lejanos a las demandas manifiestas y más
cercanos a los beneficios particulares de quienes las encabezan.
A la Secretaría General de
Gobierno, como responsable de la política interna del estado, le corresponde
encabezar la negociación con quienes protestan. Es la dependencia que debería
exhibir públicamente esas negociaciones y arreglos, con lo que dejaría en claro
qué protestas son genuinas y cuáles buscan beneficios ilegítimos.
No lo hace, ni lo hará, en la
medida en que esa opacidad le permite usar tales maniobras como instrumento de
control para los fines del grupo dominante, que también se alejan del interés
público, que es lo último que les interesa salvaguardar.
Pocas veces se ha conocido
públicamente la forma en que fluyen ayudas a líderes de grupos sociales, como
en el caso del pliego de observaciones a la Secretaría de Gobierno por parte de
la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública de 2009 hecho público
tras un litigio de tres años.
Ese antecedente muestra que
queda un registro de tales actos y que la sensibilidad y disposición de los
funcionarios es ocultarlo. Lo más que se llega a hacer público, y por
obligación legal (artículo 19, fracción XI de la Ley de Transparencia), es una
incompleta lista de cheques con conceptos de pago prácticamente en clave.
La Secretaría de Gobierno hace
pública la lista de cheques de una sola cuenta bancaria de la que, entre el 31
de enero y el 9 de abril, se emitieron 307 documentos, 45 cancelados. El
concepto “contingencias sociales y/o naturales” se repite en 4 de cada 10
cheques, y entre los beneficiarios aparecen nombres de integrantes de grupos sociales.
De un millón 361 mil pesos en
cheques de esa cuenta, 595 mil pesos (el 43.74 por ciento) fueron para
contingencias sociales. Entre que hay algo
que permite milagrosamente limpiar la Plaza de Armas y el sospechosismo que es deporte nacional, más le valdría a la
autoridad no limitarse a dejar madejas que hacen imaginar inmensos carretes de
corrupción.
O no se dan cuenta de la
urgencia de transparentar esas cosas buenas que hacen, aunque parezcan malas; o
de plano son tan malas que prefieren vivir en el espacio de duda que, al
ocultarlo, los coloca en el territorio de la sospecha, desde el que aún pueden
alegar inocencia.
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