Tabanero

Seguir el dinero público

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Cuando a principios de 2004 en la entonces Comisión de Transparencia del Congreso del Estado se discutía sobre la inclusión en la ley, como obligación de difusión de oficio, la publicación del listado de los cheques emitidos a diario por cada dependencia se argumentaba un blindaje a la correcta aplicación de los recursos por una vieja vía conocida: exponer la huella del dinero.

Que cualquier persona pudiera consultar en los sitios de transparencia de los entes gubernamentales, desde el Ejecutivo estatal hasta las alcaldías, la aplicación diaria del erario, se pensó, inhibiría su desvío, pero también permitiría a cualquier ciudadano un seguimiento que pudiera detectarlo.

Entonces los funcionarios de la Secretaría de Finanzas argumentaron que sería imposible por el volumen de movimientos bancarios de la dependencia. Los técnicos de la misma secretaría se acercaron a los legisladores para, sin que se enteraran sus jefes, explicar que los sistemas de cómputo hacían posible tal publicación, pues generan reportes diarios de esos movimientos.

A diez años, la publicación de la relación de cheques –aunque ya forma parte de la Ley– está muy lejos de llegar al punto que se propuso. Aunque son administradores de los recursos que vía impuestos aporta la población, los funcionarios regatean la información y no sólo la publican con retraso, sino que la presentan incompleta.

Adicionalmente, optan por utilizar formatos que dificultan y desincentivan la consulta. Quien quiera hacerlo deberá armarse de paciencia para examinar cientos de páginas para encontrar un listado confuso en el que, de pronto, encontrará saltos en la secuencia de los números folio, en clara señal de que se oculta el destino de un documento.

Si quiere dar seguimiento a algún aspecto del gasto que le interese, deberá buscarlo, por ejemplo, en listados de a 3.2 cheques por página en el caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, o 9.6 por página de los del Congreso del Estado, o de a 23.12 por página en el caso del Ayuntamiento.

A menor cantidad de cheques por página mayor dificultad para la consulta, pero también para procesar los archivos de manera que se puedan convertir a formatos que faciliten la consulta, como Excel que, irónicamente, es el programa con el que las dependencias generan los documentos la dificultan.

Realizar ese proceso inverso permite, por ejemplo, detectar que el Congreso del Estado reportó durante 2013 la emisión de 4 mil 651 cheques y 79 transferencias que sumaron 245 millones 317 mil 70.84 pesos, en tanto que el Ayuntamiento reportó 2 mil 913 movimientos que acumularon 578 millones 292 mil 675.24 pesos.

Por sentido común, si la ley los obliga a reportar todos sus movimientos, las dos cifras anteriores deberían coincidir con el presupuesto que ejercieron durante ese periodo.

El Congreso del Estado tuvo un presupuesto para 2013 de 243 millones 614 mil 841.52 pesos que, contrastado con los gastos reportados, muestra que gastó un millón 702 mil 229.32 pesos de más. La forma en que los gastó (o malgastó) es motivo de una revisión detallada de la relación completa, sobre todo por conceptos que ocultan el verdadero destino de los recursos.

En el caso del Ayuntamiento, su presupuesto para 2013 fue de 2 mil 317 millones 813 mil 470.80 pesos, lo que significa que en su reporte de movimientos bancarios ocultó la aplicación de mil 739 millones 520 mil 805.56 pesos, independientemente de lo ocultado por conceptos imprecisos.

Una verdadera vocación de transparencia se mostraría si la primera preocupación de los funcionarios fuera exponer claramente la aplicación exacta de la totalidad de los recursos que administran, mediante el aprovechamiento de los recursos que la tecnología hoy permite, para simplificarlo y hacerlo accesible a todos.

Que dificulten la consulta es una traición a quienes aportan con sus impuestos los recursos que administran. Que oculten información es ya una agresión que los convierte sospechosos de un mal uso del dinero de todos… por muy que entre ellos se repartan calificaciones de excelencia en transparencia.