Tabanero

CEGAIP, ¿garante de opacidad?

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Debido a que no me apareció en la opción de a quien le quieres preguntar, como ente obligado al: Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas)…”

Con esa frase introductoria, el pasado martes una persona ingresó una solicitud de información a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), consciente de que no era el ente que podría darle la respuesta, pero reveladora de una de tantas omisiones en las que, desde hace cinco años, el organismo garante ha incurrido.

“Las entidades públicas obligadas deberán contar con sistemas electrónicos, para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información, y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de su entrada en vigor”, señala el artículo Décimo transitorio de la Ley de Transparencia.

Es decir, el Interapas debió incorporarse a Infomex –o generar su propio sistema– desde antes del 18 de abril de 2010. Pero no sólo el Interapas, también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, los partidos políticos y las asociaciones políticas.

“Tratándose de municipios con población inferior a setenta mil habitantes, el plazo para contar con los sistemas electrónicos respectivos, será de cuatro años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”, concluye el citado transitorio de la Ley. Un plazo que venció el 18 de abril de 2012 sin que tres años después uno sólo de los 52 municipios que debieron incorporarse lo haya hecho.

De los 148 entes obligados en San Luis Potosí que tendrían que estar en Infomex –o un sistema similar–, sólo a 65 (44 por ciento) es posible dirigirles una solicitud de información a través de Infomex. Es decir, más de la mitad (83, el 56 por ciento) han sido tolerados por la CEGAIP en el incumplimiento de esa obligación.

“Me permito informarle que se le hizo llegar a INTERAPAS un oficio donde se le conmina, así como a todos los entes obligados que no se encuentran adheridos al Sistema INFOMEX, para que realicen los trámites administrativos y legales que correspondan, y estar en posibilidades de firmar el convenio de colaboración para la utilización del Sistema”. Así de simple resulta la justificación de la CEGAIP en su respuesta del pasado miércoles, dos días antes del aniversario del incumplimiento.

Una acción de la que se informa oficialmente en una respuesta a Infomex, cual si hasta ahora se percataran del incumplimiento de la ley. Tan ha ignorado la CEGAIP desde hace cinco años esa violación a la Ley, que en los úlitmos cinco informes de actividades las referencias a Infomex sólo se refieren a un sistema que facilita el acceso y a las estadísticas de las solicitudes atendidas por esa vía por la propia Comisión.

En 2012, cuando por ley todos los entes obligados deberían estar incorporados, la CEGAIP enlista en su informe a 64 entes dentro del Sistema y no hace ningún señalamiento sobre los faltantes. Para entonces ya eran 84 los incumplidos, y la CEGAIP lo pasó por alto –o lo que es peor, ni siquiera se percató del incumplimiento.

Tal omisión de la CEGAIP le niega a la población el acceso a información pública a más de la mitad de los entes obligados. De ese tamaño resulta la negligencia del órgano garante para facilitar el acceso a la información pública, con la agravante de que, ante un caso en el que le hace notar vía una solicitu que no se pudo interponer ante la dependencia indicada, se limita a la fórmula de “le sugiero replantear su solicitud a través de la Unidad de Información Pública de Dicho Organsmo”.

En noviembre pasado la CEGAIP asumió la administración del Sistema Infomex. A partir de entonces, ha exhibido como nunca su desconocimiento del Sistema y sus alcances. Pero, sobre todo, ha desaprovechado sus ventajas para facilitar a la población el acceso a la información pública. ¿O acaso están para garantizar que se dificulte el acceso a la información pública?