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lunes, 13 de abril de 2015

Lo que mejor ha revelado la transparencia

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Lo que mejor ha revelado la transparencia, de parte de quienes ocupan cargos públicos, es su afán por tener el control de toda la información que manejan. Así, la cuestión que se plantean ante la recepción de una solicitud de información no es dilucidar si se les requieren información pública o no, sino de encontrar la forma de negar al solicitante lo que pide.

Un criterio al que se recurre con tal afán, que pareciera por momentos que la regla no es que toda la información es pública y sólo por excepción se clasifica como reservada o confidencial, sino al revés: a toda la información se le tienen que encontrar motivos para que no sea entregada a quien la requiera. Y no se limitan a las dos causas excepcionales contempladas por la ley.

No obstante, las declaraciones de reserva o de confidencialidad suelen ser las que más revelan la actitud opaca de los funcionarios. En lo que va de este año, a través de Infomex se ha negado información en nueve ocasiones con el argumento de que se trata de información reservada, en tanto que en dos más la negativa tiene que ver con la clasificación de confidencialidad.

Es tal su afán por negar información, que llegan a emitir acuerdos de reserva sobre documentos que por ley son públicos y deben difundirse de oficio. Un acto al que no es ajena la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Después, tan celosos resultan de sus acuerdos de reserva, que aunque ellos mismos hayan hecho pública la información que previamente clasificaron, ante una nueva solicitud de información vuelven a hacer valer el acuerdo que, en todo caso, ellos mismos ya violaron.

Se trata de situaciones que se difunden públicamente, pero que resultan en apariencia inexistentes para el órgano de control en la materia, pues a la CEGAIP –hoy flamante administradora del Sistema Infomex, aunque eso no ha representado mejora alguna– parece más ocupada en los conflictos internos entre los comisionados.

El pasado miércoles, la Secretaría Particular del Gobernador hizo valer el acuerdo de reserva que emitió el 24 de mayo de 2013 para negar una petición sobre el “número de elementos de seguridad que custodian a funcionarios de Gobierno del Estado. Erogación para el pago de sueldos de estos elementos de seguridad que custodian a funcionarios. Número de funcionarios que tienen servicio de seguridad personal y cargos que ocupan”.

Cuando menos el número de elementos a cargo de la seguridad del gobernador y su familia, así como los nombres de 32 de esas personas, fueron revelados por la propia dependencia el 25 de junio de 2014 (un año y un mes después de haberla reservado) en el apartado de transparencia del gobierno estatal.

A más de nueve meses de su difusión, el hecho demuestra que el riesgo que sobre la revelación de esos datos se argumentó en el acuerdo de reserva fue infundado, lo que supone una injustificada clasificación como reservada de por lo menos esa parte de la información que hace dos años se clasificó para ocultarse por siete.

Ni en las verificaciones que realiza, ni la difusión que se ha dado al caso en algunos medios, ha provocado la más mínima reacción en la CEGAIP, de quien se podría esperar que aplicara el artículo 39 de la Ley de Transparencia, que le permite desclasificar información antes de que se cumpla el plazo establecido en la reserva.

Si la clasificación fue correcta, la CEGAIP tendría que sancionar que hayan revelado datos reservados. Si fue una clasificación injustificada, la CEGAIP también debe sancionar. Sí, la ley prevé sanciones para los dos casos.

Una posible explicación de la inacción de la Comisión se encuentra en el preocupante dato que arroja el Sistema Infomex: de las 249 respuestas que por esa vía, de 2009 a la fecha, han negado la información con la opción “G. Información Reservada”, 52 (el 20.88 por ciento) fueron emitidas por la CEGAIP. Es decir, una de cada cinco respuestas que consideran reservada la información que les piden, la da quien debe garantizar el acceso a la información.

Una situación por la que ya no debe sorprender la libertad que se dan en la gran mayoría de las dependencias para negar información, por irrelevante que resulte, por cualquier causa, como negarse a dar el RFC del gobierno estatal por considerarlo un dato personal.

Lo que mejor ha revelado la transparencia, pues, es que todavía está muy lejos de que pueda darse en condiciones mínimas aceptables para la sociedad.

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