¿Quién define el gasto estatal?
Por José Victoriano Martínez Guzmán
¿Qué asuntos tan delicados pudo
haber resuelto la Comisión de Gasto Financiamiento en sus sesiones del último
trimestre para hacer públicas sólo la primera página de cada una de las tres
actas levantadas en las mismas y, a pesar de ello, afirmar en la Cuenta Pública
2013 que avanzó cuatro lugares en el Índice de Transparencia de la
Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF)?
Las actas de la citada Comisión
son publicadas por dos vías en el portal de Gobierno del Estado: en el apartado
denominado ITDIF donde, de las doce actas del año, sólo aparece la primera
página, en tanto que en el apartado de las “actas de los órganos colegiados”
sólo publican las actas de los tres primeros trimestres.
Estas últimas permiten conocer
algunos de los asuntos tratados, que muestran el trato preferencial que se da a
los de casa (sobre todo de la Secretaría de Finanzas) en sus solicitudes de
ampliaciones presupuestales y cómo se discrimina a otros, sobre todo si son de
un poder distinto, como el Judicial, por ejemplo.
Si en teoría los poderes del
estado gozan de independencia, en el presupuesto independencias y autonomías
dependen del humor y los intereses representados por cuatro personas: el
secretario de Finanzas, la Oficial Mayor, el contralor General del Estado y la directora
General de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas. Todos subordinados
del Ejecutivo.
Sus decisiones pueden alentar o
frenar proyectos de último momento en las distintas instancias gubernamentales,
pero también obstaculizar requerimientos imprevistos.
Por ejemplo, para el mes demarzo del año pasado, el Poder Judicial requirió la contratación de seis plazas
de intérprete-traductores para los juzgados en Ciudad Valles, Tamazunchale,
Tancanhuitz y Cárdenas y así garantizar el derecho al efectivo acceso a la
justicia de las mujeres indígenas.
La Comisión le negó los 2
millones 130 mil 160 pesos solicitados y le recomendó sujetarse al presupuesto
autorizado por el Congreso del Estado. El mejoramiento de la justicia para las
mujeres indígenas puede esperar.
En esa misma sesión, el Poder
Judicial pidió una ampliación presupuestal por 54 millones 96 mil 574 pesos
porque el presupuesto de más de 731 millones de pesos que les aprobó el Congreso
resultó insuficiente.
La urgencia del Poder Judicial
era completar el pago de incremento salarial (19.6 millones), otros gastos de
remuneraciones (2.27 millones), 38 nuevos empleados (9.2 millones), el impuesto
sobre nómina (12.3 millones) y mantenimiento (2.4 millones). La Comisión
también se los negó.
Para el 17 de junio, el Poder
Judicial replanteó a la Comisión su solicitud que, para entonces bajó de los 54
millones pedidos a sólo 17 millones 198 mil 780 pesos con el mismo argumento de
los fondos insuficientes aprobados por el Congreso. Con el acuerdo 06/13-5 se
la autorizó la partida. Imposible descuidar el ingreso de los burócratas.
En contraste con desechado
presupuesto para el mejoramiento a la justicia para mujeres indígenas, para la
caprichosa comisión de Gasto Financiamiento existieron condiciones de prioridad
para un evento deportivo organizado por dos clubes privados, para el que el
Instituto Potosino del Deporte pidió una ampliación presupuestal de 500 mil
pesos.
El 15 de septiembre de 2013, la
Comisión emitió el acuerdo 09/13-8 “para apoyar el evento de Tenis
Internacional”. Sin mencionarlo, se referían al Campeonato Mundial de Tenis
Juvenil 2013, organizado por los clubes La Loma Centro Deportivo y Libanés.
Como en tiempos de Marcelo de los Santos, quien anualmente aportaba una
cantidad similar al torneo del Club Deportivo Potosino.
Si en lo que se conoce quedan en
entredicho la validez de la Ley del Presupuesto de Egresos que aprueba el
Congreso y hasta la autonomía del Poder Judicial, es posible que no haya nada
de mayor gravedad en las tres actas que se ocultan, sino un acto más que
confirma la vocación opacidad del actual gobierno.
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