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domingo, 30 de marzo de 2014

Transparencia:

Hipocresía legislativa y complicidad


Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por el principio de máxima publicidad”. La expresión no es nueva y ha estado presente en la legislación de la materia desde que se publicó la primera Ley de Transparencia el 20 de marzo de 2003.

Tampoco es novedad que los actuales diputados se envuelvan con la bandera de la transparencia e incorporen ese principio a un artículo más de la actual ley, con lo que ya suman cinco los que hacen referencia a él.

Sí, a partir del pasado 17 de enero, el principio de máxima publicidad, además de aparecer en los artículos 7, 10, 14 y 84, también aparece en el artículo 5.

Donde no aparece ese principio es en la tendencia a la opacidad por parte de los entes gubernamentales, incluyendo a los diputados, para quienes la transparencia es de dientes para afuera o, mejor dicho, de adecuaciones lucidoras a la ley… y hasta ahí.

Están por cumplirse dos meses de que no se actualiza la relación de cheques emitidos por el Congreso, cuando antes se actualizaba a diario. No es el único rubro en el que incumplen la ley, pero sí el más significativo por ser en el que destacaba contra todos los entes públicos.

Pero no sólo incumplen sus obligaciones de difusión de oficio, sino que en la atención a solicitudes de información aplican exactamente lo contrario a lo que escriben en la ley, con la complicidad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

Un solicitante de información tuvo que llegar hasta la queja ante la CEGAIP para tratar de conocer en qué se gastan los diputados los recursos asignados como gastos médicos menores. Los diputados ordenaron a su Unidad de Información testar los conceptos y productos de sus compras en las facturas, y la CEGAIP lo avaló.

Con tal ocultamiento los diputados buscan evitar escándalos como el de la compra de productos relajantes, como Dalay, de estimulantes de la potencia sexual o hasta cepillos de dientes con figuritas de Barbie, pero también exhiben su hipocresía legislativa.

“Al beneficiarse con recursos públicos las personas físicas o morales aceptan que toda la información relacionada con esa prestación es pública”, agregaron a la ley en el decreto publicado el 16 de enero en el Periódico Oficial. O los diputados no se sienten personas, o son incapaces de asumir lo que ellos mismos plasmaron en la ley.

Así es como los diputados atentan contra el fortalecido principio de máxima publicidad en la Ley, para lo cual la propia CEGAIP se ha convertido en su aliada, según reveló el diputado Juan Pablo Escobar a integrantes de Ciudadanos Observando, a quienes dijo que la Comisión los asesora en la elaboración de las respuestas.

Con esta forma de ocultamiento de cada vez más información por parte de quienes ordenan en la Ley mayor apertura, no se puede estar ante peor panorama de complicidad a favor de la opacidad, cuyos efectos en otros entes encuentran sus propias vías para negar información pública, incluso aquella que la ley ordena difundir de oficio.

Tal es el caso de los cheques emitidos desde las cuentas que dejó el gobierno de Marcelo de los Santos a la Administración actual, negados a un solicitante por la Secretaría de Finanzas y que la CEGAIP ya había ordenado que se hicieran públicos.

La dependencia estatal recurrió a la maniobra de afirmar no contar con los documentos por aportarlos en el juicio contra ex funcionarios que se lleva ante el Juzgado Tercero Penal, cual si no pudiera solicitar copia de sus movimientos bancarios a la institución crediticia o no debieran formar parte de las relaciones publicadas en internet.

La CEGAIP no sólo ignoró el carácter público de la información y su propia resolución, sino que la dio porcumplida, en un acto que deja en estado de indefensión a cualquier solicitante de información, a menos que tenga ánimos de recurrir a la justicia federal para hacer valer un derecho que la Constitución General de la República ordena que debe ser expedito.

Sí, “toda la información relativa al empleo de recursos públicos se regirá por el principio de máxima publicidad”… hasta donde la complicidad de los opacos lo permita.

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