Tabanero

Transparencia: un principio-ley para desobedecer

Por José Victoriano Martínez Guzmán

“Esta ley instituye en un principio que toda la información en poder de la autoridad es pública, sin necesidad de acreditar interés jurídico o legitimidad, y que esa información se proporcionará de manera pronta y expedita a los ciudadanos”, señala el decreto 486, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2003.

Con su publicación, el principio se convirtió en una orden para los funcionarios públicos y, a once años de que aquello ocurrió, lejos de llamar a obediencia, hoy parece ser mera vestimenta de discursos políticamente correctos para aparentar lo que poca voluntad tienen para aceptar: que se documente y publique cómo toman las decisiones y cómo gastan los recursos públicos.

Todo empleado que recibe una orden siente apremio por cumplirla. Que los funcionarios públicos sientan apremio por ocultar sus actos a pesar de que la ley ordena su publicidad es una de tantas señales de que no se sienten empleados de quienes pagamos su sueldo vía impuestos.

Lo que hoy difunden de oficio los entes públicos no es producto de su voluntad y está muy lejos de ser lo que una política real de transparencia pondría a disposición de la población en general, por lo incompleto de la información, su falta de pertinencia y, sobre todo, de oportunidad.

Ni el propio organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la CEGAIP, es capaz de documentar sus actos y difundirlos abiertamente.

La documentación relativa al proceso de renovación de la dirección del Sistema Estatal de Documentación y Archivo, por ejemplo, sólo tuvo una aparición intermitente en su sitio Web y de pronto Claudia Josefina Contreras Páez apareció como titular del área. Hoy la única huella pública de ese proceso es la referencia que hay en el acta del 17 de diciembre.

El Congreso del Estado, institución de la que emanó la orden, dio un gran salto hacia atrás (a antes de 2006) al eliminar la publicación de los cheques emitidos el mismo día para hacerlo con más de un mes de retraso, además de haber girado la instrucción a su Unidad de Información de negar la respuesta a cualquier solicitud relacionada con comprobación de gastos de los diputados.

El Poder Judicial ha adoptado como estrategia remitir a todo solicitante a direcciones electrónicas donde presuntamente se encuentra la información, así se la hayan solicitado copias de documentos específicos, como ocurrió con el acta de la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 30 de enero pasado.

La solicitante debió aclarar al Poder Judicial que su solicitud versaba sobre la totalidad del acta y no sobre algún tema en particular como se le requirió por parte de Alvaro Eguía, presidente del Tribunal, en una acción que, por innecesaria, tiene los tintes de una maniobra para inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En el Poder Ejecutivo ese tipo de maniobras están a la orden del día, al grado de que ni con las tardías resoluciones de la CEGAIP se pone a disposición de los solicitantes la información, como el caso de los documentos relacionados con el adeudo por 70 millones de pesos de Grupo Santos.

La agrupación Ciudadanos Observando padece directamente esa actitud opaca, al obtener a cuentagotas documentos solicitados para tratar de demostrar el destino de los recursos obtenidos por el impuesto de tenencia vehicular. No sólo enfrentan el regateo de la documentación, sino hasta comunicados que pretenden desacreditar las conclusiones a las que ellos llegan.

Si la manifiesta inquietud ciudadana es sobre el destino preciso de lo obtenido por el impuesto de tenencia vehicular, ¿qué le impide al gobierno hacer públicos todos los documentos que establezcan la ruta exacta de esos recursos, desde que son recaudados hasta el momento en que son aplicados en el gasto público?

El gran impedimento, ni duda cabe, es que sienten el apremio por ocultar sus actos que, unido a la poca credibilidad de que goza actualmente la función pública, abre un amplio espacio a la sospechas de corrupción. De no ser así, tienen todo para demostrar lo contrario: basta con que obedezcan el principio que este jueves cumple once años de ser ley.