Autonomía a la potosina
Por José Victoriano Martínez Guzmán
De los tres actuales integrantes de la CEGAIP, ella es quien ha asumido un mayor protagonismo en el tema de transparencia, tanto desde su función como directora de capacitación, como por la forma en que se auto promocionó para llegar a donde hoy se encuentra.
Aunque las formas no hayan sido las más deseables en quien aspira a garantizar un derecho fundamental, como el de acceso a la información pública, por los datos que conscientemente prefirió ocultar a sabiendas de que la descalificaban, hoy su nombramiento está consumado.
En enero de 2013, seis meses antes de su nombramiento como comisionada, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM) publicó el libro La transparencia en México: avances, retos y prospectivas.
Como parte de esa publicación, se incorporó el artículo Autonomía a la mexicana: el caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, firmado por Alfonso Serment Gómez, Oscar Villalpando Devo y Yolanda Camacho, a quienes se identifica como comisionados de la CEGAIP.
El INFOEM descarta que la referencia del cargo haya sido un error de ellos, pues el artículo lo recibieron con esas firmas e identificaciones.
A través de solicitudes de información a la CEGAIP, que en todo momento evitó entregar la copia del documento original enviado, se estableció que el envío del texto se hizo desde el correo electrónico de Camacho. En la respuesta evitaron proporcionar el archivo adjunto que ya fue motivo de otra solicitud de información.
Si bien no se puede afirmar de manera categórica que se ostentó como comisionada seis meses antes de serlo, tampoco se conoce acción de su parte para hacer alguna aclaración, sobre todo porque los editores señalan que no fue error de ellos. En lugar de eso, se conoce el esfuerzo por ocultar la información que despejaría las dudas.
El texto de la CEGAIP en el libro del INFOEM es el único firmado por tres personas. De los 16 restantes, 11 los firman los presidentes de los organismos garantes, tres son firmados por comisionados o consejeros y dos por secretarios ejecutivos.
Entre el personal de la CEGAIP es conocida la urgencia de Camacho porque su firma apareciera en el artículo, pues le es útil para acreditar publicaciones con registro ISBN en el doctorado en Historia que cursa en la UNAM, que comenzó con beca de Conacyt, incompatible con su puesto en la CEGAIP, y sobre la que no hay datos disponibles de que haya renunciado a ese beneficio.
Aunque es más lo que no se sabe sobre actos de interés público de quien hoy encabezará al organismo garante de la transparencia en el estado, por lo menos en su participación en el libro La transparencia en México: avances, retos y prospectivas, deja algunas posturas que la comprometen.
Por ejemplo, lo primero que estará a prueba será su verdadero compromiso con el derecho de acceso a la información pública y no con los intereses de los desconocidos compromisos que haya tenido que hacer para alcanzar el cargo.
Para ello, tendrá que hacer valer el concepto que expuso, junto con Serment y Villalpando Devo, sobre la autonomía de la CEGAIP como organismo garante, que a la fecha ha dejado mucho que desear al favorecer en sus resoluciones ampliamente a los entes obligados en perjuicio de los solicitantes de información.
“Resulta natural que los integrantes de estos organismos no se encuentren vinculados con las autoridades, de tal manera que se garantice la imparcialidad de sus decisiones”, afirman en el texto señalado.
Un buen gesto de su parte sería innovar con la presentación de una declaración de intereses, en la que públicamente se conozcan sus vínculos reales con las autoridades para así tener claro el grado de imparcialidad con que habrá de conducirse, ya que en su primer año como comisionada quedaron abiertos espacios de duda, incluso en peticiones de información desatendidas por ella.
No basta con que se excuse de atender asuntos de determinadas dependencia, como lo ha hecho con quejas en contra de la Auditoría Superior del Estado, sino que siendo la cabeza del organismo garante de la transparencia, su actuar debe regirse por los principios del derecho de acceso a la información pública, comenzando por el principio de máxima publicidad.
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