Tabanero

Irregularidades dignas de reconocimiento

Por José Victoriano Martínez Guzmán

Hoy que la tecnología permite cada vez más un mayor flujo de información de las autoridades hacia la población, y que las leyes de transparencia obligan a que determinados datos se hagan públicos, resulta inverosímil que existan funcionarios de alto nivel que aún crean que es posible el manejo de campañas propagandísticas para mejorar su imagen.

A tal grado ha llegado ese afán por tratar de manipular la información, que se pretende presentar a las irregularidades que se les señalan como faltas menores, para convertirlas prácticamente en una señal de la honestidad, honradez y transparencia con la que trabajan.

“Lo que tenemos en Soledad (de Graciano Sánchez) es que fue el municipio que menos observaciones tuvo de los 58 ayuntamientos, registró un dos por ciento de observaciones, es un claro ejemplo a seguir”, fueron las declaraciones del diputado Alfonso Díaz de León, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

En la información que hace pública quien encabeza la dictaminación de los informes de auditoría a las cuentas públicas afirma que a Soledad sólo se le señalaron irregularidades por 17 millones de pesos, y enseguida afirma que “pueden ser desahogadas en el transcurso de las próximas semanas”.

Puesta la bola a modo, Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad, minimiza las observaciones a un problema de falta de firmas en algunos documentos, lo que solventaron, según Jesús Emmanuel Ramos Hernández, tesorero soledense, el 15 de mayo, dentro del plazo establecido por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Tanto Díaz de León como los funcionarios soledenses presentan una versión que se acomoda a los intereses de proyectar una imagen de una gestión pública impecable, de no ser porque sus propias declaraciones presentan un panorama muy alejado de la realidad.

El informe final de auditoría a la Cuenta Pública de Soledad de Graciano Sánchez, entregado 15 días después de cuando afirman que solventaron las observaciones, no señala un dos por ciento observado, sino un cinco por ciento. Tampoco se señalan 17 millones de pesos observados, sino 40 millones 615 mil 897 pesos.

Cualquiera de las dos cifras resulta grave, cuando enfrente se pueden conocer casos de personas que se encuentran presas por robar para comer.

El informe, remitido al Congreso del Estado el 26 de mayo, es claro al indicar que se trata de “Observaciones Financieras No Desahogadas”, lo que descarta la afirmación de Gallardo Cardona en el sentido de que se solventaron, según su tesorero, desde el 15 de mayo.

Hoy es posible consultar, no porque la autoridad haga público el documento, el informe completo de la auditoría al ayuntamientode Soledad y algunos otros, que ciudadanos interesados en promover la publicidad sobre el manejo del erario han obtenido y montado en sitios Web particulares.

La comunicación social de las autoridades queda así expuesta en objetivos que distan mucho de pretender ofrecer verdadera información a la ciudadanía, pues mientras en comunicados enviados a los medios se ofrece una versión maquillada de las cuentas, en los documentos (a pesar de la benevolencia del auditor) se vislumbran problemas mayores.

En la medida en que la población aproveche las redes sociales, y todas las posibilidades que da Internet, para conocer de manera directa la información sobre la que declaran los funcionarios, se les dificultará montar escenarios a su conveniencia, y se podrán tener avances en la necesaria búsqueda de desmontar la simulación en que se ha convertido el ejercicio del gobierno.

Los informes finales de las auditorías a las Cuentas Públicas son documentos extensos, cientos de páginas que dificultan su revisión. Pero enfrente tienen que despertar miles de ciudadanos a quienes se abre la posibilidad de que verifiquen por sí mismos los datos relacionados con la obra de su colonia o municipio que se reporta, pero que en realidad no existe o está inconclusa.

Los propios informes de auditoría suelen convalidar situaciones irregulares que aunque en ellos queden expuestas, el benevolente auditor no las señala. ¿Será posible un despertar ciudadano dispuesto a localizarlas y señalarlas para reclamar?