Tabanero

La decadente transparencia potosina

Por José Victoriano Martínez Guzmán

No hay aspirante a incorporarse a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que no se pronuncie por dar agilidad al derecho que deben garantizar y por favorecer que la población conozca mejor las acciones gubernamentales. No obstante, entre los cinco que han resultado electos hasta ahora, ninguno ha hecho honor a sus propuestas.

Es de esperarse que, como en los procesos anteriores, a partir de esta semana se puedan conocer los documentos que los 20 aspirantes presentaron al Congreso del Estado para exponer los motivos por los que buscan ser comisionados y el proyecto de trabajo que proponen para el caso de ser electos.

Si el proceso no se diferencia de los anteriores, se tratará de escritos en los que podrán leerse meras expresiones con la intención de parecer el candidato idóneo, pero que no serán otra cosa que el discurso políticamente correcto de la transparencia que no están dispuestos a convertir en práctica, una vez asumido el cargo.

En los últimos cuatro años la CEGAIP estuvo integrada por primera vez por tres comisionados electos en procesos como el que está marcha, lo que debió ser garantía de que sus integrantes estuvieran auténticamente comprometidos con el derecho de acceso a la información pública (DAIP).

Fue en esos cuatro años, en que la encabezó Alfonso Serment Gómez, cuando el organismo dio las peores cuentas para la ciudadanía que pretendió ejercer su DAIP, y prácticamente se convirtió en una agencia de contención de las intenciones ciudadanas por acceder a la información pública gubernamental.

Las cifras de las resoluciones emitidas durante 2013 así lo muestran. Un solicitante que no haya quedado satisfecho por no haber obtenido la información requerida sólo tuvo en ese año tres posibilidades de cada diez de que la CEGAIP le diera la razón.

Por si negarle la razón fuera insuficiente, en los casos en los que ordenó la entrega de la información, la CEGAIP sigue siendo omisa en la aplicación de medidas de apremio para que los funcionarios cumplan sus resoluciones.

Durante 2013, las dependencias tuvieron casi el doble de posibilidad de mantener oculta la información, que los solicitantes de conocerla, con el aval de la CEGAIP. Los dos comisionados que tras este proceso continuarán en sus cargos son partícipes de esa tendencia.

Oscar Alejandro Mendoza, electo en 2012, durante 2013 por cada tres resoluciones a favor de los solicitantes emitió cuatro a favor de las dependencias. Yolanda Camacho, electa el año pasado, en sus primeros seis meses como comisionada, por cada tres resoluciones a favor del peticionario, emitió cinco en contra.

Tanto Mendoza como Camacho se pronunciaron, en la documentación que presentaron como candidatos, por acercarse más a la ciudadanía y ganar su confianza. Los dos se manifestaron por agilizar los plazos de las resoluciones, que por ley deben darse en 30 días hábiles.

Mendoza, quien ha resuelto casos heredados desde 2010, mantiene un promedio de 197 días naturales para resolver. Camacho, quien en sus primeros seis meses se enfocó sobre quejas sólo de 2013, tiene un promedio de 74. Ignorar el rezago que le dejó Gerardina Ortiz es negar la opción de acceso a un importante grupo de solicitantes, cuyas quejas se turnaron a la ponencia 2.

A pesar de que la ley los obliga a emitir un acuerdo por cada expediente que requiera duplicar el plazo de 30 días para resolver, en las actas del Pleno de la CEGAIP no se registra ningún caso, lo que indica que se viola reincidentemente la ley de transparencia sin ninguna consecuencia.

De entre dos comisionados en funciones, quienes ya mostraron que sus propuestas de trabajo sólo fueron un requisito para participar en la elección y no verdaderas intenciones, y quien resulte electo comisionado en el proceso en curso, surgirá el nuevo presidente de la CEGAIP… tal es el desolador panorama para el derecho de acceso a la información pública en San Luis Potosí.